Los trabajadores de ambulancias que son entre 5000 y 60000 en Cataluña, vuelven ha hacer un grito de alarma. Desde la FS de USOC, Walter Álvarez denuncia que con la llegada del coronavirus se ha agravado la precariedad de del trabajo diario. Crítica que no les llegan suficientes equipos de protección individual (EPIS) para tratar a los pacientes del Covid-19 y que han de reutilizar el material. » Hacemos servir mascarillas de un solo uso durante toda la guardia limpiándose con desinfectante. Lo mismo sucede con las batas de trabajo que se han de limpiar con toallitas desinfectantes después de cada servicio»
Álvarez explica que han pasado de llevar mascarillas ffp2 y ffp3 ( las de máxima protección) y ahora hemos que utilizar la quirúrgica que no protege de igual manera. También denuncia que en algunos casos han llegado a un domicilio para tratar a un paciente de coronavirus y no tienen mascarilla para ponerle al paciente.
Los trabajadores aseguran que no tienen ni tiempo para comer y que no se están pagando las dietas.
El día 1 de abril han interpuesto acciones legales en el juzgado de lo social, contra la consellería de salut de la Generalitat y el Catsalut, para que se corrijan de forma inmediata las carencias que tienen los trabajadores de ambulancias en Cataluña.
En fecha 24 de marzo se comunicó el inicio de la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo de suspensiones de contrato en la empresa Crit Procesos Auxiliares.
Hoy, día 2 de abril de 2020, tras la constitución de la mesa negociadora de dicho Expediente que cuenta con las secciones sindicales mayoritarias: CSIF y USO, se reúnen por videoconferencia con la empresa para el comienzo del proceso de negociación y dar respuesta cuanto antes a los problemas y dificultades derivados de la situación actual por COVID-19.
La empresa nos entregó en mesa los datos económicos, del 2019 y del 2020.
Desde la parte social le hemos transmitido a la empresa que entendemos la gravedad de la situación, pero hemos expuesto algunas medidas que negociaremos en mesa.
Quedamos a la espera de que la empresa nos responda a las propuestas realizadas por los sindicatos.
Los trabajadores temporales tendrán derecho a un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 establece, entre otras medidas de apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, un subsidio para trabajadores con contrato temporal.
Las medidas previstas en este RD-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, excepto aquellas medidas que tengan un plazo de duración determinada que se sujetarán a dicho plazo. No obstante, la vigencia de las medidas previstas en este RD-Ley se podrán prorrogar por el Gobierno mediante RD-Ley previa evaluación de la situación.
Este RD-ley entra en vigor el día 2 de abril de 2020 (un día después de su publicación en el BOE), a excepción del art. 37, relativo al juego on line, que entrará en vigor el día 3 de abril.
Subsidio de desempleo para trabajadores temporales (art. 33 y Disposición Transitoria Tercera)
¿Quiénes se pueden beneficiar del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal?
Este subsidio para trabajadores temporales está dirigido a aquellos a los que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada, de al menos 2 meses de duración, con posterioridad a la declaración del estado de alarma, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecen de rentas en los términos establecidos del artículo 275 de la Ley General de la Seguridad Social. (El artículo 275.2 de la LGSS dispone que se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas “cuando el solicitante o beneficiario carezca de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.”)
Este subsidio se le reconocerá a las personas afectadas por extinción del contrato de duración determinada, incluidos los contrato de interinidad, formativos o de relevo, que cumplan los requisitos anteriores.
¿Cuál es la cuantía del subsidio para trabajadores temporales? Este subsidio consiste en una ayuda mensual del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente, y la duración del subsidio es de 1 mes, ampliable si se determinara por Real Decreto-ley.
El subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, ¿es incompatible con otras prestaciones?
Este subsidio es incompatible con la percepción de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas que hayan sido concedidas por las Administraciones Públicas.
¿Hay retroactividad y cómo se puede solicitar el subsidio para trabajadores temporales por fin de contrato?
Se aplica a los hechos causantes del mismo, aún cuando se hayan producido con anterioridad al 2 de abril de 2020 (fecha de entrada en vigor de este RD-Ley), siempre que se hubieran producido a partir del 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo).
El Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes (contado a partir del día 2 de abril de 2020), establecerá el procedimiento para la tramitación de las solicitudes (formularios, sistema de tramitación -presencial o telemático- y plazos de presentación).
Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma
¿Es compatible el subsidio por cuidado de menor con la prestación por desempleo o cese de actividad?
Durante la permanencia del estado de alarma, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que estuvieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada según lo previsto en la regulación de los ERTE contenidos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19.
Planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria
¿Se puede disponer de los derechos consolidados en los planes de pensiones?
Durante 6 meses desde la declaración del estado de alarma, los trabajadores por cuenta ajena que sean partícipes de planes de pensiones, podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
¿Existe algún límite en la cuantía para disponer de los derechos consolidados del plan de pensiones?
El importe de los derechos consolidados no podrá ser superior a los salarios dejados de percibir, mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal empleo.
Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total
Con efectos desde el inicio del confinamiento y mediante el parte de baja, se extenderá esta protección a los trabajadores que estén obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar servicios esenciales a los que el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde el trabajador tenga su domicilio y le haya sido denegada la posibilidad de desplazarse, no pudiendo teletrabajar por causa no imputable a la empresa o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación.
Recuerda que si quieres estar al tanto de todas las novedades legislativas que te afectan como persona trabajadora durante esta situación excepcional, descárgate la app de USO, a través de la cual recibirás las alertas con nuestras actualizaciones.
Análisis del nuevo Real Decreto-ley que regula ERTE, despidos y prestaciones por desempleo
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto de medidas laborales excepcionales a causa de la crisis del coronavirus. Hoy se publica en BOE como Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo. Sus medidas entran en vigor el mismo día de su publicación, 28 de marzo, y estará vigente durante todo lo que duren el estado de alarma y sus posibles prórrogas.
Mantenimiento de la actividad en centros sanitarios y centros de atención a personas mayores
Los centros sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, cualquiera que sea su titularidad –pública o privada- y el régimen de gestión, se considerarán servicios esenciales durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Por lo tanto, deben mantener su actividad y solo podrán reducirla o suspenderla en los términos permitidos por las autoridades competentes.
El incumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes será sancionado según lo establecido en la L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Prohibición de los despidos por causa del covid-19
Esta medida extraordinaria de protección del empleo está recogida en el artículo 2 de este RD. Plantea que no se podrá justificar la extinción del contrato o un despido por causa de fuerza mayor y las causas técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan la suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los arts. 22 y 23 del R.D.-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Este decreto regulaba cuándo las empresas podrían justificar un ERTE por causas directamente derivadas de la crisis sanitaria.
Prestaciones por desempleo en ERTE
En este RD, se modifica y amplía lo referente a las prestaciones por desempleo como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada regulados en los artículos. 22 y 23 del RD-Ley 8/2020. Todo lo relativo a prestaciones por desempleo está regulado en el artículo 3 y Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Cuarta y Disposición Final Primera.
¿Cómo se tramitan las solicitudes de desempleo?
El procedimiento se inicia mediante solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en representación de las personas trabajadoras afectadas (modelo proporcionado por la entidad gestora).
La comunicación, además de la solicitud colectiva, debe incluir determinada información por cada uno de los centros de trabajo (artículo 3.2). De esta información, podemos destacar, además de datos meramente estadísticos (razón social, NIF, representante legal), la siguiente:
La especificación de las medidas a adoptar, así como la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
Porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, en el supuesto de reducción de jornada.
Una declaración responsable en la que se hará constar que se ha obtenido la autorización de las personas trabajadoras para su presentación.
La empresa tiene la obligación de comunicar cualquier variación en los datos inicialmente comunicados y, en todo caso, cuando se refieran a la finalización de la duración de la medida.
La comunicación debe realizarse a través de medios electrónicos y en la forma que determine el SEPE. En su página, las empresas pueden descargarse las instrucciones y el modelo de listados.
¿Qué plazo tiene la empresa para realizar la comunicación de las personas incluidas en el ERTE?
Se dispone de un plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en los casos de fuerza mayor (art. 22 RD-Ley 8/2020) o desde la fecha en la que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en los casos de los procedimientos basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (art. 23 DR-Ley 8/2020). Si la solicitud se ha producido con anterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley (28 de marzo), el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.
¿Qué ocurre si la empresa no realiza la comunicación al SEPE de los afectados por el ERTE?
Si esta comunicación no se transmite, la empresa incurrirá en una infracción grave prevista en el artículo 22.13 de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).
Las solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones serán objeto de sanción, especialmente cuando den lugar a prestaciones que no deberían haberse producido; así como cuando las medias no fuesen necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.
En estos casos, la prestación se revisará de oficio y la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora. Tendrá que deducirlas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de tales salarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.
Esta obligación será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en la LISOS que resulten de aplicación de conformidad con las reglas específicas y de vigencia expresa previstas en este RD-ley.
¿Qué fecha cuenta como día de inicio de la situación legal de desempleo?
En los supuestos de fuerza mayor, contará como fecha de inicio cuando se comunica esta situación; es decir, la fecha del hecho causante de la situación legal de desempleo.
En el resto de los supuestos, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberá ser coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deben figurar en el certificado de empresa (documento válido para su acreditación).
¿Se establece cómo calcular la cuantía de la prestación?
No. En este RD, desde USO echamos en falta que se regule algún mecanismo de cálculo para agilizar este procedimiento y acelerar el proceso. Sobre todo, tras la denuncia de USO sobre una anticipación de instrucción que circulaba entre la plantilla del SEPE en la que se planteaba que no se computaran los hijos a cargo para facilitar la mecanización, pero sin establecer como compensar ese recorte en la prestación.
Colaboración de la entidad gestora con de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Si la entidad gestora aprecia indicios de fraude para obtener las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quien comprobará la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de ERTE basados en las causas de los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020. Para ello, contará con el apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Cuánto duran las medidas extraordinarias de prestación por desempleo y cotización a la Seguridad Social?
Las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del RD-ley 8/2020, se aplicarán a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley, siempre que deriven directamente del covid-19.
¿Cuánto pueden durar los ERTE por fuerza mayor?
La vigencia de los ERTE por causa de fuerza mayor (art. 22 RD-ley 8/2020) estará limitada a la duración de la situación extraordinaria derivada del covid-19; es decir, mientras dure el estado de alarma y sus posibles prórrogas, tanto si los expedientes se han resuelto expresamente como si han sido resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta.
¿Cómo afecta la suspensión a los contratos temporales?
La suspensión de los contratos temporales (incluidos los formativos, de relevo e interinidad) por las causas previstas en los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020 supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los períodos de referencia equivalentes al período suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas.
¿Qué ocurre si no puede celebrarse la Asamblea General en las Sociedades Cooperativas?
Si la Asamblea General no puede celebrarse por medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación en los términos de los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020.
Nuevas medidas en contratación pública
En la Disposición Final Segunda, se da una nueva redacción al artículo 16 del RD-ley 7/2020, de 12 de marzo que, a su vez, fue modificado por la Disposición Adicional Sexta del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. Establece las siguientes medidas:
Se justifica la actuación inmediata para adaptar cualquier medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al covid-19.
A los contratos para atender a las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros en relación con el covid-19, se les aplicará la tramitación de emergencia.
Posibilidad de realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias realizadas por el contratista sin aplicar las garantías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El órgano de contratación determinará esta circunstancia y dejará constancia en el expediente.
El libramiento de fondos para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas de protección a la salud podrá realizarse a justificar.
Contratación realizada en el exterior porque los contratos se formalicen o ejerciten total o parcialmente en el extranjero:
la formalización se realizará por el Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones pactadas por la Administración con el contratista extranjero cuando su actuación sea indispensable y así se acredite en el expediente.
se formalizarán por escrito.
normas sobre el libramiento de fondos.
se podrán anticipar total o parcialmente los pagos al contratista con anterioridad a la prestación de los servicios cuando fuera imprescindible, de acuerdo con la situación del mercado y el tráfico comercial del Estado con el que la contratación se lleve a cabo.
se excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas emitidas por proveedores no nacionales, radicados en el exterior, cuando se trate de esos expedientes.
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