El conflicto en Ambulancias Tenorio sigue enquistado y de nuevo los trabajadores/as van a la huelga indefinida prevista para el próximo 3 de agosto, habiendo sido esta precedida de dos paros parciales ya celebrados los pasados 20 y 27 de julio, estando todo ello convocado por la FS-USO y el comité de empresa para la provincia de Badajoz, donde la USO es sindicato mayoritario, después de que el comité de empresa para la provincia Cáceres haya decido no secundar la huelga indefinida y el resto de organizaciones hayan decidido desmarcarse.
Los motivos no son otros que los mismos que provocaron las dos convocatorias de huelga anteriores ya que la empresa sigue sin resolver los problemas de excesos de jornada, déficit de material y el penoso estado de bases y vehículos que impiden a los profesionales afectados realizar su trabajo con garantías.
En cuanto a las dos huelgas anteriores, una fue convocada en mayo de 2019 y desconvocada antes de su inicio mediante un acuerdo que jamás fue cumplido en su totalidad por parte de la empresa. La segunda huelga data de octubre de 2019, esa vez se llegó a la huelga indefinida tras tres paros, pero de nuevo la empresa consiguió arrancar una desconvocatoria con promesas incumplidas.
Entre medias toda una serie de sucesos que ponen de manifiesto los incumplimientos laborales que la empresa Ambulancias Tenorio mantiene desde ya más de dos años, cuando inició la prestación del servicio del transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma de Extremadura. Varias actas de infracción de la Inspección de Trabajo y condenas de los Juzgados de lo Social y del propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura son muestra de ello.
Contratos en fraude, excesos de jornada, vacaciones irregulares, incumplimiento de descansos, y un largo etcétera ha sido constatado por la Inspección de Trabajo, algo que sin embargo no ha conseguido doblegar la actitud incumplidora de la empresa. Lo último, una sentencia del TSJEx que declara la obligatoriedad de la empresa de confeccionar un calendario laboral que respete las 1.800 horas de trabajo anuales y a implementar un registro de jornada tal y como le exige el Estatuto de los Trabajadores.
Pero lo que sin duda ha provocado que el conflicto se reavive ha sido el absoluto abandono al que se ha visto sometida la plantilla durante la crisis de la COVID-19. Durante dicho periodo el material de protección y los protocolos brillaban por su ausencia y fue gracias a la intervención de la Administración que los trabajadores consiguieron equipos de protección individual y circuitos de desinfección de vehículos.
Ahora, los trabajadores denuncian que desde que se celebró la mediación preceptiva a la convocatoria de la huelga, el pasado 10 de julio, no han vuelto a tener noticias de la empresa lo que sin duda dificultar la solución de este conflicto que no tiene visos de solucionarse al menos antes del comienzo de la huelga indefinida, sobre todo después del reciente anuncio de la empresa sevillana en la que solicitaba la rescisión del contrato.
A raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, han comenzado a circular ofertas de trabajo en las que se exige, como requisito “preferible” o “indispensable” que las personas que quieran acceder a estos empleos sean inmunes al coronavirus, es decir, que cuenten con pasaporte de inmunidad.
Por otro lado, muchos demandantes de empleo, están comenzando a incluir en sus solicitudes el dato de que no son personas de riesgo ya que tienen anticuerpos del virus.
También, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que pondrá en marcha una ‘cartilla COVID’, para que los ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos o se hayan realizado la prueba PCR, tengan registrada esa información. Según el Ejecutivo madrileño, con esa cartilla se demostraría quiénes no pueden contagiar ni ser contagiados y regresar a una cierta normalidad, evitando confinamientos, pudiendo acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado. Finalmente, se ha dado marcha atrás y la ‘cartilla COVID’ quedará finalmente como un registro de pacientes con PCR y será de uso sanitario.
Al margen de la incertidumbre a nivel médico que puede ocasionar esta situación, puesto que no hay elementos que prueben con certeza durante cuánto tiempo esos anticuerpos son efectivos (en el supuesto de que se tengan), no podemos obviar que esta exigencia de seroprevalencia es discriminatoria y la solicitud de una especie de “pasaporte de inmunidad” o de un “DNI inmunológico” por parte de los empleadores es invasiva, salvo en los casos en los que sea estrictamente necesario, como sucede con los profesionales de la sanidad.
La sección sindical de USO Douglas critica la actitud de la empresa al colgar un nuevo procedimiento en el portal del empleado sobre “Gestión de stock y otros procedimientos de tienda”. Este procedimiento se ha vuelto a publicar para todos los trabajadores sin que previamente le haya sido presentado a la RLT ni se le permita emitir informe alguno sobre los temas que trata.
Esta forma de actuar, que no cumple con lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de los trabajadores, es una costumbre de la empresa Douglas a pesar de la insistencia de la sección sindical de USO de que deben de respetar e informar a los representantes de los trabajadores antes de tomar muchas de las decisiones que se llevan a cabo.
Además, estos procedimientos no tienen fecha de publicación, ni fechas de inicio de la aplicación ni se ha notificado a los trabajadores mediante los cauces ordinarios.
Desde la Sección Sindical de USO Douglas se vuelve a insistir de que se deben de respetar los plazos y las vías de comunicación, tanto con los trabajadores, como de manera mas escrupulosa con su representación legal.
La sección sindical queda a la espera de que se le notifique correspondientemente para poder emitir el informe de manera previa a la entrada en vigor de este procedimiento y de los siguientes que se puedan establecer.
Por este motivo, y mientras que la empresa Douglas no facilite a los representantes sindicales y puedan examinarlo y tratarlo, recomiendan que no se firme ni se acepte procedimiento alguno.
El anteproyecto de ley del teletrabajo o trabajo a distancia sigue su cauce. En trámite de audiencia, el sindicato USO, a través de la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un conjunto de alegaciones para que sean incorporadas en el texto final.
De nuevo desde USO, lamentamos que la tercera fuerza sindical, se vea abocada a trasladar sus aportaciones y alegaciones a través del procedimiento de audiencia pública y que no tenga acceso al proyecto de ley resutante, debido a la regulación obsoleta de un diálogo social excluyente.
Entre estas aportaciones, USO incide en el riesgo de retroceso en materia de igualdad que puede suponer la futura ley de teletrabajo. A lo largo del todo el Anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia y en concreto, en los artículos 19.4 y 20.2, se evidencia la preocupación por el riesgo que implica el trabajo a distancia en la perpetuación de roles; lo que implicaría volver a relegar al ámbito doméstico al género femenino y la ocupación visible del espacio público por el género masculino.
USO muestra su preocupación porque el texto del anteproyecto circunscriba la responsabilidad de evitar que se perpetúen los roles de cuidado y la responsabilidad a la negociación colectiva. “Entendemos que se debe implicar necesariamente a las empresas de forma expresa, en el establecimiento de políticas de igualdad y corresponsabilidad específicamente en el teletrabajo, por lograr alcanzar el principio de Igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución”, explica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
Por ello, USO propone establecer una nueva disposición final que modifique el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se establezca que en el diagnóstico previo negociado se incorpore una letra j) que contemple entre las materias mínimas el “trabajo a distancia”.
Reforzar las medidas de limpieza y desinfección en aeropuertos y aviones es uno de los objetivos marcados tras la reactivación del turismo y la apertura de fronteras.
Sin embargo, sin plantillas dotadas, tanto material como humanamente, y sin protocolos adecuados, esta tarea se hace cada vez más complicada para los trabajadores del Sector Aéreo, limpieza y AENA, que llevan semanas denunciando las pésimas condiciones en las que tienen que realizarse estos trabajos en aeropuertos y aviones.
Aunque este año no se puede hablar de una temporada alta al uso, lo cierto es que se está aumentando paulatinamente la actividad en los aeropuertos. Este aumento de viajeros procedentes de diversas partes del mundo ha provocado la necesidad de abrir nuevas secciones en los aeropuertos y de aumentar su operatividad a un 40% para el mes de agosto. Sin embargo, ni aerolíneas ni aeropuertos tienen planeado aumentar su plantilla de limpieza deficiente, ya de por sí.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2020, fuertemente influidos por la pandemia. El paro creció en 55.000 personas hasta alcanzar los 3.368.000 desempleados y 1.062.800 personas pasaron a la inactividad.
“Más de cuatro millones de personas, bien por estar en desempleo antes de la pandemia o bien por ser incluidos en ERTE, siguen precisando de protección social por parte de Estado. De estos, más de un millón necesitan que medidas como los ERTE por fuerza mayor se extiendan más allá del 30 de septiembre, para contribuir a que la destrucción de empleo no acabe con el débil mercado laboral español. Los ciudadanos no pueden estar pendientes de si a la vuelta de las vacaciones estarán en la calle o sin ingreso alguno. El inservible diálogo social no puede irse de vacaciones sin dar respuesta a esta situación”, reivindica Joaquín Pérez, secretario general de USO.
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