Desde el Gabinete de Seguridad y Salud del sindicato USO, vamos a repasar cuándo son calificadas como accidentes de trabajo las enfermedades cardíacas y otras dolencias similares que son consideradas por las Mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como contingencias comunes.
La doctrina del Tribunal Supremo ha sido sintetizada con la indiscutible conclusión de que ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que, de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañino.
A continuación, se exponen ejemplos notorios de esta doctrina del Supremo, constituyendo accidente laboral las siguientes situaciones:
El simple hecho de haber padecido molestias en momentos o fechas anteriores al infarto, sentencia de Tribunal Supremo, de 8 marzo 2016.
El trabajador tuviera antecedentes de tipo cardíaco o coronario, STS 26 abril 2016; de tabaquismo, STS 27 septiembre 2007; hiperlipemia, STS 18 marzo 1999; se ha de extender a otras enfermedades cardíacas, STS 18 junio 1997, y análogas, STS 4 mayo 1998.
El derrame cerebral sobrevenido a un conductor de camión durante una parada para tomar café, tiempo que debe ser caracterizado como “horas de presencia”, STS de 19 julio 2010.
El fallecimiento de un transportista por isquemia miocárdica-arritmia cardíaca, sobrevenida durante el descanso nocturno en la cabina del camión, STS de 22 julio 2010.
El infarto de miocardio ocurrido en los vestuarios del centro de trabajo después de iniciada la jornada laboral, STS de 22 diciembre 2010.
En sentido contrario, el Tribunal Supremo declara como contingencias comunes las siguientes situaciones:
La presunción es inaplicable cuando todavía no ha comenzado a desarrollarse la actividad laboral, aunque se esté en el centro de trabajo, SSTS 6 octubre 2003.
La presunción tampoco es efectiva cuando el infarto de miocardio se manifiesta en los vestuarios, una vez finalizada la jornada laboral; pero cabe reputarlo accidente laboral si se prueba su conexión con el trabajo, STS de 20 noviembre 2006; o cuando el infarto sobreviene en el vestuario antes del inicio de la jornada de trabajo, pero después de haber fichado y mientras el trabajador se proveía obligatoriamente del equipo de protección individual, STS de 4 octubre 2012.
La presunción de laboralidad que se aplica a una incapacidad temporal (IT) derivada de accidente de trabajo cardiovascular sobrevenido en tiempo y lugar de accidente laboral no se extiende a un posterior período de IT y a la incapacidad permanente (IP) sobrevenida, SSTS 22 y 25 enero 2007.
No se aprovecha de la presunción de laboralidad el infarto de miocardio ocurrido después del cambio de ropa en los vestuarios de la empresa, pero antes de iniciar la jornada de trabajo, STS de 14 marzo 2012.
Estudio de casos
Desde el sindicato USO, queremos detenernos sobre dos de las sentencias anteriores. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social requiere, para admitir a trámite los recursos de casación para unificación de doctrina, que se cumpla la triple identidad entre dos sentencias con fallos contradictorios para que el Tribunal Supremo pueda conocer del fondo del asunto con el objetivo de unificar la doctrina. La triple identidad se debe dar respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación, en virtud a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.
En la primera, STS de 22 diciembre 2010, sí que se declara la contingencia como profesional; si bien en la segunda, STS de 14 marzo 2012, no. Siguiendo la relación anterior para su comparación, son dos encargados que sufren un infarto en los vestuarios y piden la declaración de contingencia profesional.
El Alto Tribunal se basa para desestimar el recurso de la segunda sentencia en que no puede modificar los hechos probados apoyándose en la prueba testifical, ineficaz a efectos revisorios del recurso de suplicación. La razón para proponer la modificación de los hechos probados en el recurso de suplicación era probar que su jornada de trabajo ya había empezado.
El objeto de la crítica lo fundamentamos en la “zona sin protección”. Por el accidente in itinere estamos cubiertos por las contingencias profesionales desde la puerta de casa hasta la puerta del centro de trabajo, ¿y de la puerta del trabajo a nuestro puesto? El primer párrafo del art. 156 LGSS expone lo que el legislador entiende por accidente de trabajo; esto es, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Ante esto, nos preguntamos si la persona que está cambiándose de ropa en el vestuario del centro de trabajo ¿es por consecuencia o es por ocasión del trabajo? ¿No es uniformarse la primera tarea del día y, por tanto, ya se está ejecutando un trabajo?
La LGSS no especifica si se han estado realizando las funciones para las que ha sido contratada la persona, es doctrina de creación jurisprudencial. Siguiendo esta línea argumental, es sabido por todos que un encargado de fábrica da instrucciones si constata que algo se está realizando mal, aunque no haya entrado en turno, por tratarse de un puesto con una tradicional responsabilidad y flexibilidad horaria. El Tribunal Supremo, al igual que los órganos judiciales inferiores, se ampara para aplicar la presunción de laboralidad en el art. 34.5 ET, debiendo ser mucho más flexible, a nuestro parecer, en esta interpretación tan cerrada del lugar y del tiempo de trabajo para proteger, en casi todos estos casos, a personas viudas y huérfanas.
La Sala Social del Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 115/2020 de 6 de febrero, reconoce el derecho de una mujer al cómputo del tiempo que prestó al realizar el Servicio Social de la Mujer, a efectos de obtener el periodo de cotización necesario para acceder a la jubilación anticipada, del mismo modo que computan el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria para los varones, a efectos de obtener dicha cotización.
El Servicio Social de la Mujer se implantó mediante el Decreto número 378 de 11 de octubre de 1937, en el que se hacía constar el deber de todas las mujeres españolas con edades comprendidas entre los 17 y los 35 años a realizar la prestación del servicio social, consistente en funciones mecánicas, administrativas o técnicas en el desarrollo de las instituciones sociales. El Servicio Social de la Mujer fue derogado mediante Real Decreto el 19 de mayo de 1978.
En el supuesto concreto, la demandante solicitó la jubilación anticipada y le fue denegada por el INSS al faltarle días para obtener el mínimo de cotización. El Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona le dio la razón en primera instancia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia, al estimar el recurso interpuesto por el INSS al entender que, durante la vigencia del Servicio Social de la Mujer, no existía obligación de las autoridades al alta o cotización.
Sin embargo, el Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la demandante, interpretando que el artículo 208.1 b), último párrafo, de la LGSS sí reconoce a efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada el de prestación del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria con el límite máximo de un año, mientras que no existe ninguna norma que considere tiempo cotizado la prestación del Servicio Social de la Mujer.
El Tribunal Supremo, con perspectiva de género
En aplicación del artículo 4 de la LO 3/2007 que regula el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, el Tribunal Supremo rechaza la interpretación literal del artículo 208.1 b) de la LGSS por los siguientes motivos:
La interpretación literal del artículo 208.1 b) último párrafo, de la LGSS, supone la vulneración tanto de la normativa europea, en concreto, de la Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad, como del ordenamiento interno, ya que la interpretación literal del precepto en cuestión implica la infracción del artículo 14 de la Constitución Española, así como de diversos preceptos de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y del artículo 2.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
Asimismo, el Alto Tribunal destaca que el servicio militar únicamente lo realizaban los hombres, por lo que se reconoce ese periodo a efectos de acceder a la jubilación anticipada solo a los varones, señalando el carácter obligatorio tanto del servicio militar como del servicio social. En consecuencia, el Tribunal Supremo estima el recurso al concluir que el periodo de prestación del Servicio Social de la Mujer debe computar a efectos del acceso a la jubilación anticipada, de la misma forma que se tiene en cuenta el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria.
Desde el sindicato USO, celebramos que el Supremo acabe con esta histórica discriminación, facilitando el acceso a la jubilación anticipada a las mujeres de una generación que no tuvo nada fácil acceder al mercado laboral y que, debido a su papel de cuidadoras o al trabajo informal, llegan a la edad de jubilación sin poder acceder a ella, condenadas así a depender de los ingresos de su pareja o familiares; o, si no tiene red familiar, a la exclusión social y a la pobreza.
Finalizamos la semana consiguiendo el 5°delegado de personal en la empresa #Douglas en #CiudadReal
Enhorabuena a nuestros delegados/as y felicidades a la Federación de Servicios de USO Castilla La Mancha por su buen trabajo sindical.
Gracias por confiar en la #FSUSO
A pesar de que en la última década ha crecido notablemente la sensibilización sobre desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la fría realidad de los datos no refleja una mejora real en este aspecto. Así, entre 2008 y 2017, última Encuesta Anual de Estructura Salarial, la brecha creció en 491,28 euros anuales. Esto supone que las mujeres, que en 2008 cobraban un 21,87% menos que los hombres, en 2017 se alejaron un poco más, hasta el 21,92%.
Son algunos de los datos que se reflejan en el informe sobre el “Análisis de la brecha de género en salarios y pensiones”, elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato USO con motivo del Día Internacional por la Igualdad Salarial. “Esta conclusión habla de la brecha como media, pero si ahondamos en los datos nos encontramos tendencias aún más preocupantes: ya desde las edades más tempranas, las mujeres acceden a trabajos peor pagados, pero hasta los 29 años esa diferencia salarial prácticamente no cambia. Es a partir de los 30 años, cuando las mujeres acceden a la maternidad, cuando la brecha se hace cada vez mayor. En los hombres, los salarios van creciendo a lo largo de toda su vida laboral, mientras que las mujeres se estancan, no progresan, no ascienden”, censura Dulce María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.
Desde los 2.755 euros anuales de brecha salarial en los menores de 20 años, se sextuplica al final de la vida laboral, en las pensiones: 16.684 euros. “Toda una vida de peores condiciones laborales se refleja en un abismo, no una brecha, en las pensiones. La pensión más común en la mujer es de 650 a 700 euros y de 400 a 450; la más común en los hombres, de 800 a 850. A partir de cifras más cercanas al SMI, 900 euros, hay muchos más perceptores hombres, con un pico en la mayor pensión del sistema que septuplica la femenina”, argumenta Moreno.
Entre las múltiples brechas que se desprenden del estudio de los salarios por género, figura también cuánto perciben las mujeres y los hombres por hora trabajada: Asturias, Navarra y Cataluña son las comunidades autónomas donde más diferencia hay, llegando en el Principado a 3,96 euros. “Es curioso que estas mayores brechas se den en regiones que lideran las estadísticas de salarios en cifras globales. Esos mejores salarios los perciben los hombres, están ligados a la industria tradicional, que sigue siendo un campo con poca presencia femenina”, explica la secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.
Por todo ello, desde el sindicato USO “pedimos que, apenas a unos días del 8 de marzo, cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley con medidas urgentes para luchar contra la desigualdad, esta ley se aplique de verdad, no solo su parte más popular, que era la ampliación de los permisos de paternidad. Actualmente, no existe un modelo de la auditoría salarial que obligatoriamente debían incluir los planes de igualdad, ni se ha desarrollado cómo se realizará el seguimiento posterior ni cómo se penalizarán los incumplimientos, la ley es solo papel. Además, a punto de entrar en vigor la obligatoriedad de que las empresas de más de 150 trabajadores tengan un plan de igualdad, solamente el 5% de las que ya estaban obligadas a tenerlo lo han firmado”, reivindica Dulce María Moreno.
El 20 y 21 de febrero de 2020, todas las organizaciones que componemos #USO estamos celebrando nuestro 133º Consejo Confederal. #USOEnMarcha afinando las políticas sindicales de este 2020.
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