La secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, Sara García, se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para reclamar al Gobierno que, en caso de que se autorice el desarrollo de las elecciones sindicales de manera online, se acompañe esa autorización con una regulación de urgencia y la elección de un sistema avalado para evitar posibles fraudes electorales, asegurar la limpieza de los procesos y garantizar la igualdad de oportunidades de todas las organizaciones y candidaturas que participen en los mismos.
USO lleva años exigiendo un cambio normativo para que pueda existir una democracia sindical real en los centros de trabajo. El resultado de unas elecciones sindicales no solo significa la libre expresión del derecho de los trabajadores a elegir sus representantes, si no que supone también la posibilidad de participación en la negociación colectiva, en mesas de diálogo, etc.
“Las organizaciones no consideradas como “más representativas” por la restrictiva y discriminatoria Ley Orgánica de Libertad Sindical, ya contamos con una clara desventaja y mayores dificultades para realizar nuestra labor sindical. Por ello, solicitamos al Gobierno que no agraven más esta realidad permitiendo esta situación, a todas luces, irregular, que va a conllevar aún más conflictividad y falta de garantías democráticas en las elecciones sindicales”, reivindica García.
El gasto en pensiones supuso en 2019 el 10,8% de nuestro PIB, un porcentaje que ya se dio en 2014 y que ha permanecido prácticamente estancado desde 2013. Es una de las conclusiones del informe “Sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones: análisis y propuestas”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO y presentado en rueda de prensa por el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez.
“Mientras tanto, la Unión Europea dedica como media el 12,4% de su PIB a pagar pensiones. Esto deja claro que financiar la partida es una cuestión de voluntad política y eso pedimos: que no se hable de que el sistema no es sostenible, puesto que el peso del gasto no ha variado. Nadie se cuestionó cómo iba a financiarse la reforma de la Constitución que blindaba el pago de la deuda, por lo tanto insistimos en que se blinden las pensiones y se introduzcan en el capítulo de Derechos Fundamentales. Y lo hacemos con cifras sobre la mesa, no con discursos vacíos”, pide Joaquín Pérez.
En USO queremos repasar en esta información de forma clara y esquemática cómo cambia la edad de jubilación año a año, cuántos años cotizados son necesarios para jubilarse según las modificaciones progresivas y cómo se modifica la base reguladora.
La pensión por jubilación es la principal pensión que se percibe en España. Aunque la última Reforma de las Pensiones se aprobó en 2011, su entrada en vigor es progresiva hasta situar la edad de jubilación en 67 años en 2027. Antes de esta reforma, la edad legal de jubilación eran 65 años.
Desde el punto vista de la prevención, no hay una definición científica ni legal de hiperconexión digital ni tampoco de desconexión digital, aunque son obvias las consecuencias que produce esa falta de desconexión del trabajo. Entre ellas: el cansancio; el agotamiento mental y cognitivo; la compulsión adictiva para comprobar si se ha pasado algún mensaje por alto, o la imposibilidad de seguir el ritmo de la información recibida y canalizarla (bandeja de correo entrante saturada y sin leer).
En este sentido, un informe del INSST considera que estar permanentemente conectado provoca insomnio, irritabilidad, mal humor, desmotivación, agotamiento mental, falta de energía y menor rendimiento.
El paro juvenil en España sigue siendo un grave problema. La pandemia ha afectado a la economía mundial, siendo comparable a la crisis de 2008. Todos los sectores se han visto afectados, en mayor o menor medida y, por tanto, aumentan las dificultades para que las personas encuentren empleo. Y este acceso al mercado de trabajo se nota especialmente en las personas jóvenes menores de 25 años.
Según analizan diferentes fuentes, el paro juvenil en España cada vez va a peor. A principios de año, Grecia lideraba el paro juvenil, pero a medida que la COVID-19 se ha ido asentando, España se sitúa ahora en la cima del desempleo entre los menores de 25 años.
En agosto, la tasa de desempleo juvenil en España se situaba en un 43,9%, mientras que la media en Europa era de un 17,6%, según cifras de Eurostat. Por tanto, las tasas de paro de menores de 25 años en España son 2,5 veces superiores a la media europea.
Esto se traduce en que en España hay 550.000 jóvenes menores de 25 años sin empleo, lo que significa, que el paro juvenil ha retrocedido cuatro años, con cifras similares a las de 2016.
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