Las patronales ASADE y AESTE junto a los mal llamados “sindicatos más representativos” han presentado al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, un plan de choque con medidas para implementar el sector de servicios para la dependencia y evitar la situación generada en las residencias por la covid-19.

En forma de reivindicaciones compartidas (recuperar la calidad de la atención; la mejora de la calidad en el empleo; adecuación de las categorías profesionales o la mejora de las retribuciones de los empleados), lo que se está haciendo es solicitar la bendición directa de la privatización de un servicio público, que debería ser una prioridad en las políticas estatales y autonómicas. Además, se deja muy de lado la defensa real de los trabajadores, de sus intereses y condiciones laborales más que mejorables, donde la precariedad, las enfermedades profesionales y los bajos salarios distan mucho de los fines que persigue esa plataforma sindico-patronal.

 

 

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