USO considera imprescindible que en el Día Mundial contra la Trata de Personas, los gobiernos aumenten el suelo mínimo de protección social para las víctimas
El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, un día instituido por Naciones Unidas en 2013 para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Cada año, miles de mujeres, hombres y niños caen víctimas de la trata en el mundo. El tráfico de personas se da en prácticamente todos los países, ya sea actuando como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
La pandemia ha agravado la causa subyacente de la trata de personas que son las desigualdades económicas y sociales sistémicas, haciendo vulnerables a un mayor número de personas. A esto se le suma las medidas adoptadas con motivo del covid-19, como las restricciones al movimiento, el cierre de fronteras y el aumento de la presencia y los controles policiales, que parecen reducir la delincuencia pero también hacen que esta se torne más clandestina. Los delincuentes están ajustando sus modelos de negocio a la “nueva normalidad”, especialmente mediante el uso indebido de nuevas tecnologías. Además, la provisión de ayuda por parte de ONG se hace más difícil.
USO considera imprescindible realizar un seguimiento de las respuestas al covid-19 en todo el mundo, para que estas no repercutan negativamente sobre las personas en situación de vulnerabilidad, así como que los gobiernos aumenten o provean de un suelo mínimo de protección social, primando el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las víctimas.
La trata se define como delito y una violación de los derechos humanos que implica toda una serie de acciones que van desde captar a alguien, trasladar a la persona, acogerla o recibirla. Se realiza mediante cualquier medio ilícito que puede ser el engaño, el abuso de una situación de necesidad o de vulnerabilidad, a través coacciones, amenazas, violencia, rapto, secuestro o fraude.
La intención puede ser someter a la persona a una explotación sexual, a un trabajo forzoso, a un matrimonio, a la comisión de delitos o incluso para extraerle órganos. Para que se considere trata no es necesario un cruce de fronteras internacionales, ni que las personas sean inmigrantes o estén en situación irregular. No obstante, lo que diferencia la trata de los trabajos forzosos es que deben concurrir tres elementos: captación, traslado y explotación.
Las últimas cifras desvelan que 22 millones de personas son víctimas de trata en todo el planeta, sobre todo, mujeres y niñas, de las cuales solo 2 millones se hallan identificadas.
En cuanto al perfil de las víctimas, los últimos datos recabados en 2018 indican que, por cada 10 víctimas detectadas globalmente, 5 eran mujeres y 2 niñas. Cerca de un tercio del total de las víctimas eran menores (tanto niños como niñas), mientras que el 20% eran hombres adultos.
Este perfil, sin embargo, cambia considerablemente en función de qué región del mundo hablamos. En los países del África subsahariana se detectan más niños que adultos. Por otro lado, en Europa del Este y Asia Central la proporción de adultos es mucho más elevada. La mayor parte de las mujeres son traficadas con fines de explotación sexual, mientras que los hombres lo son para el trabajo forzoso. De esta manera, el 50% de las víctimas detectadas son traficadas con fines de explotación sexual y el 38% para trabajos forzosos.
Atendiendo al lugar de origen de las víctimas, África subsahariana y Asia Oriental son los territorios donde más víctimas de trata se han encontrado en el exterior de sus fronteras. La explotación sexual es el principal motivo en todas las regiones del mundo salvo en África, donde son los trabajos forzados. En Europa Occidental y Central es donde se concentran más víctimas procedentes de Asia Oriental y África Subsahariana. Sin embargo, en esta parte de Europa, la mayor parte de las víctimas proceden del centro y sudeste de Europa.
En España, solo se identifica como víctimas al 1,4% de personas en riesgo de trata. En 2019 tan solo 42 mujeres habían sido identificadas formalmente como víctimas de trata, de las 2.834 que se encontraban potencialmente en riesgo o que ya estaban en riesgo, según datos proporcionados a Amnistía Internacional por la policía. Esta ONG considera que parte de esta falta de detección es que no siempre se garantiza un enfoque de género y de protección de derechos humanos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Aumento de la vulnerabilidad por el covid-19
El último informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la situación de la trata con la llegada de la pandemia revela numerosos aspectos preocupantes. Así, existe el riesgo de que el covid-19 dificulte aún más la identificación de las víctimas, que además suelen ser personas que están más expuestas al virus.
Los aumentos en los niveles de desempleo y la reducción de los ingresos, especialmente para las personas que perciben los salarios más bajos y/o que pertenecen a sectores informales, implica un aumento en su vulnerabilidad. Millones de personas que trabajan en la industria textil, manufacturera, en la agricultura y la ganadería, en el trabajo doméstico, etc., y que vivían en condiciones de subsistencia, han perdido sus salarios. Además, las personas que continúan trabajando en estos sectores, en los que se detecta continuamente la trata de personas, pueden enfrentar una mayor explotación a causa de de la reducción de los costes de producción, las dificultades económicas y la escasez de controles.
Las ONG alertan del aumento de prestamistas informales que prometen préstamos con bajos intereses, lo que aumenta la posibilidad de caer en servidumbre por deudas. El cierre de escuelas ha provocado también un aumento del riesgo de trata hacia niños y niñas en muchos países, donde la escuela representa un refugio. En entornos donde las prioridades y las acciones están orientadas a limitar la propagación del virus, es más fácil para los delincuentes de trata esconder sus operaciones; al tiempo que se aísla aún más a la víctima. A esto hay que sumarle la saturación de los servicios administrativos, además de sus cambios en la forma pasando a ser digital, que ha afectado especialmente a las personas con permisos temporales de migración o con ayudas derivadas de su condición de víctimas que no han podido renovar fácilmente. Las personas migrantes irregulares y los trabajadores temporales han tenido que enfrentar condiciones laborales y de vida más precarias, dando lugar a una mayor vulnerabilidad ante las redes delictivas.
Desde USO solicitamos a todos los gobiernos un compromiso firme con los ODS relacionados con la trata de seres humanos, entre ellos el 5 (igualdad de género), el 8 (trabajo decente) y el 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Así como luchar por la protección social universal, de manera que ninguna persona se vea abocada a caer en las redes de la trata por sobrevivir ante la llegada de cualquier crisis, catástrofe o emergencia.
USO, junto a la Plataforma Futuro en Común, reclama más ambición al Gobierno para alcanzar las metas de los ODS y una recuperación más justa y sostenible
El Gobierno ha presentado su examen nacional voluntario (ENV) ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, para conocer la situación de los ODS. En este Foro, se ha sometido a valoración la Estrategia de Desarrollo Sostenible –recientemente aprobada– con la que se pretende establecer unas líneas directrices para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estipulados en la Agenda 2030.
USO, junto a la plataforma Futuro en Común, reclama más ambición al Gobierno para lograr las metas de los ODS, que son ahora más necesarias que nunca. Los derechos sociales y laborales ya estaban en crisis antes de la llegada del covid-19. Y la pandemia no ha hecho más que ahondar en los problemas. Por ello, USO reclama una recuperación que combata la desigualdad, la precariedad, el cambio climático, y todos los virus que impiden el desarrollo de una sociedad más justa y sostenible.
La implementación de los ODS a examen
El establecimiento del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés) fue ordenado en 2012 por el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), “El futuro que queremos”. El Foro se reúne anualmente bajo la dirección del Consejo Económico y Social durante ocho días, incluido un segmento ministerial de tres días.
El HLPF es la principal plataforma de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y tiene un papel central en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 a nivel mundial. En el caso de España, la implementación de los ODS corre a cargo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra.
Esta evaluación, que se hace a través del examen nacional voluntario, forma parte de los mecanismos de seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Su objetivo es facilitar el intercambio de experiencias -éxitos, desafíos y lecciones aprendidas- para acelerar la implementación de la Agenda. Igualmente busca fortalecer políticas e instituciones de los gobiernos, así como movilizar a la sociedad civil para lograr avanzar en la implementación de los ODS.
USO considera que, a pesar de los avances realizados para lograr un diálogo de las organizaciones de la sociedad civil -entre las que se incluye el sindicato- con el Gobierno, los resultados aún son escasos en cuanto a participación. Los cauces se han reducido a consultas puntuales con tiempos ajustados. En lo que respecta al contenido, los documentos aprobados (el Informe de Progreso y la Estrategia de Desarrollo Sostenible) aciertan en el diagnóstico pero se quedan cortos en las soluciones.
USO se suma a la demanda de Futuro en Común de reclamar una mayor presencia de las organizaciones civiles, así como la ampliación del diálogo social más allá de CCOO y UGT, para abarcar todos los problemas a los que se enfrentan los trabajadores y alcanzar unas condiciones laborales dignas.
Apostar por metas claras y ambiciosas
Durante su intervención, Belarra ha puesto el énfasis en la relevancia que adquirió lo público y lo común para lograr afrontar la crisis social y sanitaria. La ministra ha defendido el “escudo social” que desplegó el Gobierno para hacer frente a las situaciones de emergencia vividas por el cierre de toda actividad no esencial. Sin embargo, muchas de estas medidas, como la prohibición de los desahucios durante el estado de alarma o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital han resultado ser claramente insuficientes, así como muy limitadas.
Son necesarias metas claras y ambiciosas para luchar contra la desigualdad, reformando la política fiscal para hacerla más justa y reforzando el sistema de protección social. También es necesario actuar con rapidez y contundencia para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias irreversibles. Así como combatir la desigualdad de género que la pandemia ha acentuado, empobreciendo aún más a las mujeres.
Para USO no habrá recuperación posible si únicamente se toma como indicador de referencia el crecimiento continuo del PIB. Es necesario avanzar hacia la medición del progreso a través de la consecución de los ODS y alinear los planes de recuperación con este fin. Seguir apostando por el crecimiento insostenible basado en la precarización del empleo y la devaluación de las condiciones de trabajo, conduce a un callejón sin salida. Este HLPF ha puesto de manifiesto la urgencia de pasar de lo declarativo a la acción, porque #NosVaElFuturoEnEllo.
Se elabora un informe por cinco agencias de las Naciones Unidas alertando de que el hambre se multiplica en el mundo y afecta a nuevas zonas
La ONU alerta, con el informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021” (SOFI), elaborado por cinco agencias de las Naciones Unidas, del aumento significativo del hambre en el mundo. Con la llegada de la pandemia, se han sumado 118 millones de personas al total de las que pasan hambre en todo el mundo. Según el informe, a finales del año pasado entre 720 y 811 millones de personas se levantaban sin saber si iban a comer ese día.
A esto hay que añadirle el aumento del 40% del precio de los alimentos, como recoge Intermon Oxfam en otro informe: “El virus del hambre se multiplica”. Este es el mayor incremento que se ha producido en más de una década. Mientras, las diez mayores empresas de alimentación y bebidas han visto incrementar sus beneficios en casi 10.000 millones de dólares entre 2019 y 2020.
Desde USO, alertamos de la continuación de un modelo económico que da la espalda a las personas y al planeta, en medio de un contexto de crisis mundial como la que estamos viviendo. Un modelo, además, que conlleva unas consecuencias inadmisibles a nivel humanitario. En estos momentos, en los que se están poniendo en marcha los planes de recuperación en muchos países del Norte Global, demandamos que la prioridad para estos gobiernos sea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Alcanzar el ODS 2 esta cada vez más lejos
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030 de la ONU persigue poner fin al hambre; lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición; y promover la agricultura sostenible. Lo relevante de esta nueva agenda global es que cuenta con toda una serie de indicadores para monitorear, revisar y realizar un seguimiento de los objetivos. En el caso del ODS 2, este se mide a través de indicadores como la prevalencia de la subalimentación o de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población.
Los datos muestran que el hambre se ha disparado, tanto en términos absolutos como relativos. Por primera vez, el estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recoge un número fijo de personas en situación de hambre, sino que plantea un intervalo. Revela así la incertidumbre adicional que está ocasionando la pandemia.
El peor de los escenarios plantea que el 10% de los habitantes del planeta sufrieron inseguridad alimentaria en 2020, frente al 8,4% en 2019. La cifra es mayor en el caso de las personas que no accedieron a una alimentación adecuada, llegando al 30% de la población. Al contexto de desempleo masivo provocado por la pandemia, se le unen los conflictos armados y los desastres naturales ya presentes en muchos países.
El hambre en el mundo afecta a nuevas zonas
En cuanto a las zonas más afectadas por el hambre, estas se concentran en las zonas en conflicto, pues la guerra es el principal factor generador de hambre en el mundo. Es el caso de países como la República Democrática del Congo, Afganistán, Siria o Yemen. Los conflictos armados han añadido 22 millones de personas a las estadísticas de privación alimentaria generada por una guerra, alcanzando ya los 100 millones de personas de 23 países distintos.
A pesar de que la Resolución 2417 de las Naciones Unidas reconoce el vínculo entre hambre y conflicto, el bloqueo de la ayuda humanitaria sigue siendo habitual en las zonas en conflicto, donde se siguen sucediendo los ataques a la población civil, al suministro de agua, al ganado, etc.
Sin embargo, el informe de Oxfam señala también la emergencia del hambre en países como Brasil, India o Sudáfrica. Son países que se han visto afectados por los mayores incrementos de las tasas de contagio del covid-19, aumentando en paralelo el hambre.
Se sitúa a España entre los peores países de la Unión Europea con relación al trabajo decente en un informe de la Confederación Europea de Sindicatos sobre el ODS 8
La CES sitúa a España a la cola del trabajo decente en Europa. Un índice sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 establece que España es el quinto país por la cola. Con 97.1, solo estamos por delante de Italia (94.8), Bulgaria (94.7), Rumanía (90.8) y Grecia (89.7). El índice ha sido elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos y la Alianza Italiana por el Desarrollo Sostenible.
Los resultados reflejan el grave impacto que tuvieron, en materia de bienestar económico, calidad del empleo y vulnerabilidad laboral, las políticas adoptadas tras la anterior crisis de 2008. A pesar de la recuperación en cantidad de empleo de los últimos años, el índice sigue situando a España muy por detrás de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica.
USO considera que urge poner fin a las malas condiciones en el trabajo a través de medidas como el aumento del SMI hasta llegar al menos al 60% del salario medio; una nueva reforma laboral que acabe con la precariedad y la temporalidad, incluyendo las nuevas realidades laborales del siglo XXI; o poner fin a la siniestralidad laboral, que ha experimentado un preocupante ascenso en el último año.
El trabajo decente en Europa, a examen
El índice recopila los datos entre 2010 y 2019, y estudia el estado del trabajo decente a través de tres áreas: bienestar económico, calidad del empleo y vulnerabilidad laboral. Cada área cuenta con varios indicadores que sirven para medir la puntuación obtenida.
Así, para el área de bienestar económico se ha medido el porcentaje de población de entre 30 y 34 años con educación superior, el porcentaje de trabajadores pobres o el porcentaje del presupuesto del Estado destinado a la educación y a la sanidad, entre otros. España aquí presenta una puntuación de 96.5, también muy por detrás de otros países de Europa occidental, como Francia, que tiene 112, o los Países Bajos, con 110.8.
En cuanto a la calidad del empleo, se han empleado indicadores como la tasa de empleo, el porcentaje de cobertura de la negociación colectiva, la participación de las rentas del trabajo en el porcentaje del PIB o la tasa de empleo de los graduados recientemente (jóvenes de 20 a 34 años). En esta área, España mejora su puntuación con respecto a las otras dos, obteniendo 100.5. Se sitúa por delante de países como Irlanda (94.2) o Portugal (99.4).
Por último, en vulnerabilidad laboral es donde España saca la peor puntuación (94.4). Esta se ha medido a través de indicadores que incluyen el porcentaje de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial; de jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen un empleo ni se hallan formándose; o el número de personas que han muerto en accidentes de trabajo por cada 100.000 habitantes.
La diferencia con países como Alemania es de más de diez puntos (Alemania 105.7), aunque España se sitúa por delante de Grecia (91.3) o Italia (92.2), que también sufrieron duros ajustes y recortes en derechos durante la anterior crisis.
Hemos participado en el acto de Alto Nivel para debatir acerca de la transformación estructural que precisa la Europa del futuro
USO ha asistido al acto de Alto Nivel que ha celebrado la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para abordar los debates que están teniendo lugar en el seno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En él han intervenido distintos representantes de la Unión Europea, así como eurodiputados y sindicalistas.
Desde el sindicalismo europeo se ha puesto el acento en la necesidad de una transformación profunda y estructural de la Unión Europea, que sitúe las necesidades de los trabajadores como una prioridad. Entre las principales reivindicaciones está la necesidad de cambiar los tratados de la UE para proteger los derechos sociales. Entre otros aspectos, el movimiento sindical viene demandando desde hace tiempo la inclusión de un protocolo de progreso social, de forma que se garantice que los derechos sociales tienen prioridad sobre las libertades económicas en caso de conflicto.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa, ¿un trámite burocrático?
En 2019 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su cargo y, con él, el compromiso de organizar una Conferencia sobre el Futuro de Europa. En enero de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que definía su postura sobre esta. La resolución contenía aspectos positivos, como la exigencia de que las cuestiones sociales figuren entre las prioridades de la Conferencia, y la inclusión de representantes de los interlocutores sociales en el pleno. En marzo de 2021, el presidente del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro de Portugal -que ostenta la presidencia del Consejo de la UE hasta el 30 de junio-, firmaron una declaración conjunta para poner en marcha la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Esta declaración mencionaba la necesidad de fortalecer el diálogo social, abordar las desigualdades y asegurar que “la economía de la UE sea justa, sostenible, innovadora y competitiva, y no deja a nadie atrás”. La Conferencia debería adoptar una serie de conclusiones para la primavera de 2022 y, para ello, debían llevarse a cabo una serie de eventos y debates en los cuales se contara con la participación de los sindicatos como interlocutores sociales.
También podrían participar los interlocutores sociales en el Comité Ejecutivo de la Conferencia, en calidad de observadores. Sin embargo, la CES denuncia que no está garantizada su presencia en todas las reuniones, lo que debilita la posibilidad de alcanzar unas conclusiones ambiciosas en materia de derechos sociales y laborales.
Reforzar la democracia como salida a la crisis
La UE está viviendo una crisis interna desde hace años cuyas consecuencias se han podido apreciar con la salida del Reino Unido o, actualmente, con las tensas relaciones con algunos estados miembros cuyas políticas atentan contra los derechos fundamentales (como ejemplo la reciente aprobación en el parlamento de Hungría de una ley antiLGTBI que ha provocado el rechazo de numerosos dirigentes europeos).
A esto hay que añadirle el auge de los nacionalismos y populismos de extrema derecha en muchos países de Europa occidental, que suponen una amenaza a la construcción de una Unión Europea social y solidaria. El crecimiento de la desafección y la desconfianza en las instituciones europeas asoma de nuevo como un peligro en un contexto en el que, entre otros problemas, han crecido las desigualdades y los ataques a los trabajadores y al sindicalismo.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa puede suponer una oportunidad para cambiar el modelo europeo o para, simplemente, llevar a cabo un trámite burocrático que sirva para revestir de participativa una UE cuyas decisiones más trascendentales para la clase trabajadora se adoptan de forma unilateral y antidemocrática.
La CES ha presentado 15 propuestas que reflejan las preocupaciones de los trabajadores europeos, que van desde el aumento de los salarios hasta el respeto del derecho a la negociación colectiva, pasando por una transición climática justa para los trabajadores de los sectores afectados. Entre las propuestas también se incluye un protocolo de progreso social para garantizar que las libertades de las empresas no vuelvan a estar por encima de los derechos sociales de los trabajadores, como ocurrió en los tristemente célebres casos Laval y Viking, que abrieron la puerta al dumping social en toda Europa.
Es urgente cambiar los tratados de la UE
En su intervención, el secretario general de la CES, Luca Visentini, ha señalado la necesidad de llevar a cabo cambios en los tratados de la UE. En primer lugar, para “desbloquear la parálisis de la unanimidad y la obsesión de la subsidiariedad. Pasar a una UE más integrada y ambiciosa que requiera la votación por mayoría cualificada en cuestiones más cruciales, incluidas las de política económica y social”.
El cambio en los tratados posibilitaría el protocolo de progreso social, para dar prioridad a los derechos sociales sobre las libertades económicas. En el pasado, los conflictos entre estos dos niveles de derechos eran enormes y, desgraciadamente, los derechos sociales siempre eran derrotados o colocados en una posición secundaria.
Desde USO nos sumamos a la campaña de la CES por un cambio de paradigma en la UE, para que esta no siga basándose en una unión de mercado que solo tiene en cuenta el crecimiento del PIB, mientras abandona a la clase trabajadora y a los más vulnerables.
Los sindicatos elaboran un informe para la CSI sobre la implementación de los ODS en España demuestra que queda un largo camino por recorrer para su cumplimiento
La semana pasada el Gobierno aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS), un documento que establece los retos que debe afrontar el país para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y las políticas aceleradoras que le permitirán llevar esto a cabo. Este documento, junto con el de España 2050 (Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituye la hoja de ruta sobre la que asentar la reconstrucción de la economía y la sociedad de cara a los próximos años.
Sin duda, de los tres planes estratégicos presentados, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ocupa un lugar clave al ser el que, tras la aprobación por parte de la UE, permitirá acceder a unos fondos que materializarán las políticas de reconstrucción. Desde USO nos sumamos a otras voces de la sociedad civil en la demanda de una alineación de los planes de recuperación con la EDS: ninguna recuperación tendrá lugar si no se ajusta -como mínimo- a las metas que la ONU estableció en 2015 con la aprobación de la Agenda 2030.
Otro aspecto a resaltar acerca de los planes estratégicos elaborados por el Gobierno es el nivel de consulta y participación con que han contado en su elaboración. De este modo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido sometida a votación por un total de 60 organizaciones de la sociedad civil, a través del órgano consultivo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: el Consejo de Desarrollo Sostenible. Este órgano, en el que USO cuenta con una vocalía, aprobó el documento por mayoría, con el voto favorable de nuestro sindicato, respaldando una estrategia que se aproxima de manera más realista a las necesidades de la sociedad en materia social, laboral o medioambiental.
La implementación de los ODS en España, poco transparente
El proceso de implementación de los ODS en España todavía sufre de un bajo nivel de transparencia como señala un informe elaborado por los sindicatos para la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que USO es miembro.
En particular, en lo que respecta al nivel de implementación de los ODS este debería acreditarse mediante un informe de ejecución presupuestaria que incluya indicadores para medir el impacto. También es necesario establecer un cauce de diálogo exclusivo y de amplio espectro entre Gobierno y sindicatos para valorar los indicadores.
Los datos recabados en el informe muestran el largo camino que aún falta por recorrer para alcanzar el cumplimiento de los ODS. Estas, y otras demandas, serán las que presenten los sindicatos al Gobierno, de cara al próximo Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de la ONU que se celebra en la primera quincena de julio.
España evaluada por la ONU
Este Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) servirá para abordar en qué punto se encuentra la implementación de los ODS en cada país. Para ello, varios países -entre ellos España- se someten a un Examen Nacional Voluntario para realizar un seguimiento y observar la evolución en el cumplimiento de los ODS. El último Examen Nacional Voluntario que entregó España fue en 2018 y ya evidenció la situación en que se encontraba el país en cuanto a las múltiples manifestaciones de la pobreza, las desigualdades, el desempleo y la degradación del medio ambiente.
La mayoría de los datos recabados por los tres sindicatos españoles integrados en la CSI -USO, CCOO y UGT- pertenecen al periodo anterior a la pandemia, y ya entonces mostraban una situación preocupante. Las medidas adoptadas por el Gobierno han ido destinadas a suavizar el impacto de la crisis, pero no logran revertir la situación de degradación social y laboral provocada por los ajustes y la precarización que causaron las políticas adoptadas tras la crisis financiera de 2008.
A pesar de que el Gobierno cuenta con un órgano de consulta y diálogo como es el Consejo de Desarrollo Sostenible, del cual se han autoexcluido UGT y CCOO, es necesario reforzar la perspectiva sindical en el cumplimiento de la Agenda 2030. Un aspecto este último que concuerda con la reivindicación histórica de USO de ampliación del diálogo social, siendo necesario que España se adapte a una democracia del siglo XXI: plural, abierta y participativa.
Los resultados del análisis
El análisis de los sindicatos evalúa la situación de los trabajadores en España a través de varios ODS relacionados con la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente, la desigualdad económica, la transición justa y el respeto a sus libertades fundamentales.
Relativo al ODS 1 (“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”), el informe alerta del incremento de la pobreza entre los trabajadores. Ha aumentado un 16% entre 2010 y 2019. A pesar de los avances en la subida del SMI, siguen siendo necesarias medidas para atajar la pobreza laboral que en 2019 afectaba al 12,8% de las personas ocupadas. Así, USO considera imprescindible que no se paralice la subida del SMI y alcance el 60% del salario medio para antes de que finalice la legislatura.
En cuanto a las medidas destinadas a paliar la pobreza severa, desde el Gobierno se aprobó el Ingreso Mínimo Vital hace un año; un instrumento necesario desde hacía tiempo que, sin embargo, ha resultado decepcionante por las serias trabas de acceso que presenta.
En cuanto a la meta 5.5 (“Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles”), la situación en España presenta una clara diferenciación en cuanto a las condiciones de trabajo para hombres y mujeres. A pesar de que hay más mujeres con el máximo nivel educativo, estas trabajan en condiciones de mayor precariedad; asumen en mayor proporción jornadas parciales, contratos temporales, reducciones de jornada, menores salarios, etc.
Relativo al ODS sobre el trabajo decente, los datos oficiales muestran que el 11% de las personas trabajadoras tienen un empleo vulnerable. Se estima que la mitad de los trabajadores tienen un empleo precario derivado de contratos temporales, jornadas parciales o bien por ser falsos autónomos. En lo que respecta al desempleo, este se encuentra especialmente disparado entre los jóvenes con una tasa del 37,7% en los menores de 25 años, siendo la más alta de Europa.
Las medidas destinadas a combatir la desigualdad a través de la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social (meta 10.4) siguen siendo insuficientes. En 2017, el 10% superior de los ingresos representaba el 25,4% del PIB total; mientras que el 20% con ingresos más bajos suponía el 6,2%.
En aquellas metas en las que España muestra una mejoría son las relacionadas con el cambio climático (meta 13.2), con la aprobación de leyes y planes para la transición justa; y la protección de las libertades fundamentales (meta 16.10), con la reciente derogación del artículo 315.3 del código penal que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga.
Medidas a adoptar por el Gobierno
La información recabada dibuja un escenario preocupante para que pueda darse una recuperación real de la crisis, que tenga como horizonte el cumplimiento de los ODS. Los sindicatos instan al Gobierno a adoptar una serie de cambios en su política como:
Reorientar el modelo productivo y de relaciones laborales: reforzar los marcos jurídicos que garantizan salarios y condiciones laborales que permiten una vida digna, asegurando la negociación colectiva, el derecho a la sindicación y la igualdad de género; crear marcos para reconocer y valorar el trabajo de cuidados, y políticas públicas que impulsen la corresponsabilidad entre hombres, mujeres, empresas y administraciones públicas.
Fortalecer el Estado de bienestar: construir un sistema sólido de protección social, aumentando la inversión pública y asegurando el acceso universal a la sanidad, la vivienda digna y la educación pública de calidad; rentas mínimas garantizadas y un sistema de pensiones público que corrija la brecha de género.
Reformar el sistema fiscal: elevar el nivel recaudatorio reubicando mayor esfuerzo fiscal hacia la acumulación de riqueza y capital; bajar la fiscalidad a los bienes de primera necesidad y alimentos frescos y eliminar el sesgo de género del sistema tributario; asegurar que el sistema fiscal acompaña la transición ecológica de la economía.
Planes de recuperación orientados al crecimiento económico sostenible con generación de empleos de calidad: derogar las reformas laboral y de pensiones de 2013; mejorar la gestión y alcance del Ingreso Mínimo Vital; priorizar el Plan de Choque por el Empleo Joven.
Ejercer políticas estratégicas que permitan a otros países avanzar en el desarrollo sostenible.
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