Se abre una fase de consulta en Europa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. La CES apuesta por la regulación y por una digitalización con derechos
La Confederación Europea de Sindicatos, de la que USO forma parte, da la bienvenida a esta primera fase y muestra su disposición para aportar su visión sindical en esta materia. La Comisión Europea acaba de abrir una fase de consulta a los agentes sociales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales.
Un estudio de la Comisión Europea de 2019 revelaba que España es el país de la UE con más trabajadores de plataforma (un 12,5% de los adultos ha trabajado alguna vez para ellas, por delante de Reino Unido (12%) o Portugal (11,5%). Se calcula que entre 2 y 8 millones de personas en España pueden estar prestando servicios a través de plataformas digitales. Las recientes sentencias (España, Italia, Suiza, Bélgica, Francia, Países Bajos, etc.) que avalan la relación laboral existente entre estos trabajadores y las empresas, muestran la necesidad de regular este tipo de empleo.
Aumenta la presión por parte de las plataformas digitales
Ante esta fase de consulta, la respuesta por parte de las plataformas no se ha hecho esperar y la presión a la UE ha aumentado. Uber casi ha duplicado sus gastos de lobby desde 2015 y ahora tiene una operación de 899.999 euros que le han permitido mantener hasta 11 reuniones con la Comisión Europea, desde enero de 2020. Asimismo, Deliveroo estableció una oficina en Bruselas en 2018 y el año pasado duplicó su personal. Just Eat se registró como grupo de presión hace apenas dos meses (datos de LobbyFacts.EU).
Como afirma el secretario confederal de la CES, Ludovic Voet: «no es de extrañar que estas plataformas multipliquen los esfuerzos por evitar el escrutinio público cuando siguen perdiendo casos por toda Europa. Les cuesta millones».
No hay que olvidar que muchas de estas empresas obtienen beneficios millonarios a través de la explotación y las lagunas legales. Disfrazar los empleos que ofrecen de «falsos autónomos» les supone un ahorro de costes en derechos laborales. Lo que está en juego a la hora de legislar, especialmente en el caso de los riders, son derechos y protecciones tan básicos como el desempleo, el derecho a baja por enfermedad, el respeto a un salario mínimo o a vacaciones y, también, el derecho de huelga.
La CES apuesta por la regulación y por una digitalización con derechos
En esta primera fase de consulta, dos aspectos son fundamentales para la CES:
Conquistar los derechos de los trabajadores atípicos; ya trabajen online o no (incluyendo a los trabajadores de plataformas digitales).
Lograr que la digitalización de la economía sea compatible con la relación laboral y el respeto de los derechos fundamentales.
Cada vez más empleos se están viendo afectados por este modelo de «trabajo en red» y extendiéndose a más sectores (mensajería, transporte, limpieza, educación, asesoría, etc.) . El uso de plataformas digitales no puede eludir la aplicación de normas laborales escudándose en la ausencia de relación laboral. Los trabajadores son dependientes de este tipo de plataformas, controladas por empresas, y sus algoritmos; sin libertad ni para fijar el precio de sus servicios. Por lo tanto, es necesario vincular este tipo de empresas a su sector de actividad y a las distintas disposiciones y regulaciones que existen en este, acordadas a través de la negociación colectiva por los sindicatos.
Desde USO, apoyamos las reivindicaciones de la CES en un momento decisivo como el actual, en el que se está abordando la reconfiguración de la economía europea. Dejar que sean este tipo de empresas quienes dicten las normas laborales es aumentar la precariedad y la pobreza. La apuesta debe ser por aumentar la protección social y laboral a todas las personas y adaptar la legislación laboral al siglo XXI.
La Confederación Europea de Sindicatos, de la que USO forma parte, ha emitido una declaración conjunta con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), para mostrar su rechazo al actual Acuerdo de Asociación Birregional entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Mercosur, un acuerdo con graves costes laborales, sociales y ambientales
A través de la reducción de los aranceles comerciales a un gran número de productos -que incluyen la industria ganadera y agrícola, la química, automovilística, textil y muchas otras-, el Acuerdo Mercosur servirá para liberalizar el comercio entre ambas regiones a costa de generar graves impactos a ambos lados del Atlántico.
Entre estos impactos está el aumento en la destrucción de ecosistemas clave como la Amazonia, el Cerrado o el Gran Chaco, perpetuando un modelo de agricultura extractiva, ganadería extensiva y monocultivos que dependen de pesticidas químicos. Esto choca frontalmente con el actual discurso de la Comisión Europea que apuesta por la transición verde como forma de salir de la crisis actual.
Los sindicatos internacionales denuncian que nada de lo que se lleva años reclamando ha sido incorporado al Acuerdo, por lo que apoyan la posición del Parlamento Europeo, que ha subrayado que el Acuerdo no puede firmarse tal y como está.
Entre otros aspectos existe una notoria falta de medidas concretas de seguimiento para la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo. En particular, de los convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo decente; del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización; el incumplimiento del convenio 98 de libre negociación colectiva y de todos los convenios relacionados con la Seguridad Social. El acuerdo Mercosur, en su estado actual, no introduce ningún mecanismo de real participación para los sindicatos ni de sanción en caso de violación de estos convenios.
Los sindicatos rechazan el Acuerdo
De esta forma, la CES y la CCSCS rechazan el acuerdo en su estado actual debido a que:
No incluye salvaguardias sólidas y vinculantes que garanticen la protección ambiental y el respeto de los derechos humanos y laborales. El Acuerdo no contiene compromisos efectivamente vinculantes para respetar las Normas Internacionales del Trabajo.
El acuerdo no otorga ningún papel a los sindicatos para garantizar el respeto de los compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico que supervisaría la implementación de la dimensión laboral. En consecuencia, el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) como agentes fundamentales del desarrollo sostenible.
Las sensibilidades y asimetrías de las dos partes no consideran. En particular, amenazan con socavar las industrias nacionales en los países del Mercosur y al sector agrícola en la UE.
Carencia de mecanismos efectivos para promover las pequeñas y medianas empresas, como el apoyo financiero y la transferencia de tecnología.
No existe una exención general para los servicios públicos en la parte de liberalización de servicios; el acuerdo prevé concesiones sustanciales en el campo del transporte marítimo y no proporciona una protección suficiente del comercio marítimo intra-Mercosur, que es de fundamental importancia.
La CES y la CCSCS instan a las partes a renegociar el Acuerdo para tener debidamente en cuenta las preocupaciones de los trabajadores así como de sus organizaciones gremiales.
Ambas confederaciones sindicales pondrán en marcha un Foro Laboral con el objetivo de presionar para una nueva renegociación del acuerdo, y exigirán que las partes negociadoras institucionales reconozcan dicho Foro.
El Foro Social Mundial ha celebrado su 20º edición de forma virtual, contando con la participación de USO. Del encuentro con los sindicatos ha surgido la convocatoria de una movilización paralela y alternativa al próximo Foro Económico Mundial. Este tendrá lugar en Singapur el próximo mes de mayo.
Movilizarnos por nuestros derechos
Venimos de décadas de hegemonía de una narrativa individualista, antiderechos y antisindical. Este individualismo está originando más sufrimiento a nivel mundial y nos está conduciendo hacia la destrucción de los recursos, la riqueza ambiental y las condiciones de vida dignas para todos. La expansión de la especulación financiera en detrimento de la economía real trajo consigo la pérdida de millones de puestos de trabajo.
La crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo debería ser una oportunidad para revertir esta narrativa y emprender un cambio de dirección en las políticas económicas que han demostrado su fracaso.
Como forma de mostrar que desde el sindicalismo internacional apostamos por otra economía, y retomando el espíritu originario del Foro Social Mundial, los sindicatos proponemos una movilización alternativa y paralela al próximo Foro Económico Mundial del próximo mayo.
Entre las principales reivindicaciones está la necesidad de respuestas de emergencia para proteger a los trabajadores y garantizar un trabajo decente; acuerdos marco globales eficientes y basados en las normas de la OIT y en los derechos como la organización sindical y la negociación colectiva, que pongan fin a la vulneración de derechos humanos en las cadenas de suministros; el reconocimiento de los trabajos esenciales, a menudo no remunerado o mal remunerado, como el cuidado de las personas, o la protección de las personas migrantes, entre otros.
20º edición del Foro Social Mundial
El Foro Social Mundial surgió en 2001 por organizaciones y movimientos sociales que se movilizaron para un encuentro en Porto Alegre, como forma de contraponerse al neoliberalismo que representa el Foro Económico Mundial. Desde las primeras ediciones del Foro Social Mundial celebradas en Porto Alegre, este ha recorrido el mundo con eventos en Mumbai, Caracas, Nairobi, Túnez o Montreal. El espacio que representa el Foro simboliza la unión de diferentes movimientos por una globalización alternativa, que sitúe los derechos humanos en primer lugar.
Este año, marcado por la pandemia, el Foro ha tenido que llevarse a cabo de forma virtual. Esto no ha impedido la celebración de diversos talleres, charlas y conferencias que han servido de punto de encuentro entre distintas organizaciones del ámbito sindical, ecologista, indígena, etc. Dos de estas actividades han sido organizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en la que está integrada USO, y han girado en torno al nuevo contrato social y la transición justa como únicas formas posibles para salir de esta crisis situando en primer lugar la recuperación de las personas.
Aunque la crisis sanitaria no es lo único que está marcando la política internacional. También hay que añadirle situaciones precedentes de crisis en el ámbito político multilateral, como puede ser el debilitamiento de instituciones internacionales como la ONU o la OMC o, a nivel regional, la crisis de gobierno en la UE o la desintegración de UNASUR. Todo esto está exponiendo las costuras del sistema de forma más evidente aún, mostrando la falta de protección social a nivel mundial, especialmente de las mujeres, los jóvenes, migrantes o las minorías o grupos marginados.
Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el total de horas de trabajo será un 10,5% menor que antes de la crisis causada por el covid-19, lo que equivale a 305 millones de empleos formales en periodo integral. A esto hay que sumarle el aumento de la precarización laboral y la retirada de derechos sociales.
La OIT acaba de presentar el informe “El trabajo a domicilio. De la invisibilidad al trabajo decente”, en el que analiza la implantación y condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan el trabajo en su domicilio.
En España, cuando pensamos en teletrabajo lo relacionamos con desarrollar nuestra actividad con herramientas informáticas y reuniones por videoconferencia, olvidando que en la mayor parte del mundo cuando se habla de trabajo a domicilio se trata de manufactura industrial o artesanal con condiciones laborales muy precarias.
Este informe analiza los datos del año 2019, por lo que urge que en cuanto se tengan datos consolidados se analice la repercusión del covid-19 en esta modalidad de trabajo, si tenemos en cuenta que sólo en España la práctica habitual del trabajo a distancia se ha multiplicado por 7 durante el confinamiento: desde un 4,8% de los trabajadores en 2019 a un 34% en estado de alarma. Es de suponer que a nivel mundial las cifras y las condiciones de realización de este tipo de trabajo se habrán disparado y precarizado.
En el año 2000 se instituyeron los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) como mecanismo para presentar reclamaciones bajo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.Estas Líneas Directrices fueron adoptadas en 1976 como parte de la Declaración de la OCDE sobre las Inversiones Internacionales y las Empresas Multinacionales. Las Líneas Directrices se configuran como recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las multinacionales; enunciando principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable. Su objetivo es: “fomentar las contribuciones positivas que las multinacionales puedan aportar al progreso económico, medioambiental y social y reducir al mínimo las dificultades que puedan causar sus diversas actividades”.
En un estudio presentado por el Instituto Sindical Europeo, vinculado a la Confederación Europea de Sindicatos -de la que USO es miembro-, se ha puesto en evidencia el aumento de trabajadores pobres en los últimos diez años en 16 estados miembros.
El análisis de los datos refleja que, a pesar de la mejora en la coyuntura económica, el porcentaje de trabajadores expuestos a la pobreza ha crecido en el periodo 2010-2019.
España se sitúa como el séptimo país donde más han aumentado este tipo de trabajadores, que aumentaron un 16%. Le preceden Hungría en un primer puesto (58%); Reino Unido (51%); Estonia (43%); Italia (28%); Luxemburgo (27%) y Alemania (26%).
A nivel europeo, el aumento ha sido del 12%, lo que significa que uno de cada diez europeos se encuentra actualmente bajo el umbral de riesgo de pobreza que establece el Eurostat; que se sitúa en el 60% de los ingresos medios.
Jóvenes, migrantes y precarios
La peor parte se la llevan los trabajadores jóvenes, los migrantes y las personas con contratos precarios -temporales o parciales-, aunque el aumento ha sido generalizado en todas las categorías de trabajadores.
El informe de la CES también revela que solo cuatro estados miembros tienen salarios mínimos regulados por encima del umbral de pobreza. La Comisión Europea hizo pública en octubre una directiva sobre salarios mínimos; sin embargo sigue sin establecer que el límite legal de estos se sitúe por encima del umbral de la pobreza.
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Se abre una fase de consulta en Europa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. La CES apuesta por la regulación y por una digitalización con derechos
La Confederación Europea de Sindicatos, de la que USO forma parte, ha emitido una declaración conjunta con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), para mostrar su rechazo al actual Acuerdo de Asociación Birregional entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
