La inflación repuntó en los dos últimos meses de 2019 con respecto a la tendencia mostrada desde el verano y finalizó el año con una subida del 0,8% que prácticamente concentra, en el último mes, el encarecimiento del transporte, “un servicio básico para todos los ciudadanos y los trabajadores, no solo en su ámbito particular, sino que acabará revirtiendo también en el precio de los transportes colectivos, y que hay que tratar de controlar, aun siendo conscientes de nuestra dependencia energética del exterior en materia de combustibles”, expone Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
El IPC de fin de año, referencia habitual para revalorizaciones salariales, “es en esta ocasión más bajo que la subida media pactada de los convenios, que cerraron 2019 con una media del 2,33% que afecta a casi diez millones de trabajadores. Obviamente, nos alegra esta leve recuperación del poder adquisitivo de muchos de los asalariados de nuestro país, pero hay que recordar que se ha perdido en estos años de crisis más del 10% de salario con respecto a la inflación y apenas se ha remontado el 1,5%. Debe ser solo el primer paso”, continúa Estévez.
En relación a las subidas salariales, “vuelven a demostrar que los AENC están obsoletos y no marcan realmente el ritmo de la negociación colectiva. Los propios trabajadores han conseguido con su esfuerzo mejores condiciones en las mesas de las que el Diálogo Social les marca como supuesta mejora, que está muy lejos de reflejar las necesidades de recuperación salarial”, lamenta la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
Sobre la subida de las pensiones, que se adecua a la inflación y se revalorizarán el 0,9%, Laura Estévez remarca que “desde USO tenemos dos demandas: la primera, y sobre la que llevamos ya siete años luchando junto con cientos de asociaciones en la MERP, es que no tengamos que esperar a pactos de Gobierno, a decisiones o concesiones de última hora, sino que los pensionistas tengan la seguridad, mediante el blindaje de las pensiones en la Constitución, de que al llegar el 1 de enero se van a revalorizar. Y la segunda, que no se quede en promesa el corregir las pensiones más bajas, pues no podemos tolerar una pobreza en la tercera edad, la mayoría de las veces efecto de la brecha de género durante la vida laboral”.
La inflación repuntó en los dos últimos meses de 2019 con respecto a la tendencia mostrada desde el verano y finalizó el año con una subida del 0,8% que prácticamente concentra, en el último mes, el encarecimiento del transporte, “un servicio básico para todos los ciudadanos y los trabajadores, no solo en su ámbito particular, sino que acabará revirtiendo también en el precio de los transportes colectivos, y que hay que tratar de controlar, aun siendo conscientes de nuestra dependencia energética del exterior en materia de combustibles”, expone Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
El IPC de fin de año, referencia habitual para revalorizaciones salariales, “es en esta ocasión más bajo que la subida media pactada de los convenios, que cerraron 2019 con una media del 2,33% que afecta a casi diez millones de trabajadores. Obviamente, nos alegra esta leve recuperación del poder adquisitivo de muchos de los asalariados de nuestro país, pero hay que recordar que se ha perdido en estos años de crisis más del 10% de salario con respecto a la inflación y apenas se ha remontado el 1,5%. Debe ser solo el primer paso”, continúa Estévez.
En relación a las subidas salariales, “vuelven a demostrar que los AENC están obsoletos y no marcan realmente el ritmo de la negociación colectiva. Los propios trabajadores han conseguido con su esfuerzo mejores condiciones en las mesas de las que el Diálogo Social les marca como supuesta mejora, que está muy lejos de reflejar las necesidades de recuperación salarial”, lamenta la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
Sobre la subida de las pensiones, que se adecua a la inflación y se revalorizarán el 0,9%, Laura Estévez remarca que “desde USO tenemos dos demandas: la primera, y sobre la que llevamos ya siete años luchando junto con cientos de asociaciones en la MERP, es que no tengamos que esperar a pactos de Gobierno, a decisiones o concesiones de última hora, sino que los pensionistas tengan la seguridad, mediante el blindaje de las pensiones en la Constitución, de que al llegar el 1 de enero se van a revalorizar. Y la segunda, que no se quede en promesa el corregir las pensiones más bajas, pues no podemos tolerar una pobreza en la tercera edad, la mayoría de las veces efecto de la brecha de género durante la vida laboral”.
El Pleno del Tribunal Supremo ha fallado a favor de la USO y declara nulo el Acuerdo sobre Retribución Variable del Grupo El Árbol, suscrito por la mayoría sindical: UGT, CCOO y Fetico, por vulneración al principio de igualdad de hombres y mujeres.
El Supremo destaca que dicho acuerdo, que fue impugnado por USO, supone un atentado al respeto de los principios de conciliación y corresponsabilidad familiar. “Puesto que el sistema de retribución era claramente lesivo para los trabajadores, pero había sido acordado por la mayoría sindical y la dirección de la empresa como Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo, no teníamos más opción judicial que recuperar al menos aquellas mermas que atentaban contra los derechos fundamentales, y el principio de igualdad entre hombres y mujeres lo es; de ahí que el Supremo haya fallado que dejar de percibir los complementos por disfrutar de permisos retribuidos que afectan a las trabajadoras directa o indirectamente, es una manifiesta discriminación por razón de género”, explica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, quien lamenta “que la mayoría sindical legitimara este perjuicio a la plantilla, privándola incluso del derecho a reclamar judicialmente”.
El Tribunal Supremo considera que el no abonar a los trabajadores la retribución correspondiente a los objetivos conseguidos solo por el hecho de disfrutar de los permisos retribuidos de lactancia, accidente o enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización, exámenes prenatales y técnicas de parto; o, en caso de adopción, asistencia al proceso correspondiente, supone que los negociadores del acuerdo atentan directamente contra la Ley de Igualdad de 2007, colocando en situación de desventaja al colectivo femenino sobre el masculino, percibiendo ellas un menor salario a pesar de alcanzar los objetivos marcados por la empresa.
En el caso de los directamente relacionados con el embarazo y parto, la sentencia observa la “evidente situación de discriminación directa de las mujeres trabajadoras”; pero también cuando se refiere a cuidado de familiares enfermos, pues se da una “discriminación indirecta que debe ser corregida, en la medida en que las ausencias del puesto de trabajo en uso de este permiso tienen mayor impacto en el colectivo de mujeres”, y se sustenta en que, según estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, “el reparto de horas entre trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres pone de manifiesto el desigual reparto de las tareas de cuidados, educación, trabajo doméstico, cuidado de personas dependientes, y las jornadas de trabajo totales más largas que realizan las mujeres”.
Además, y precisamente relativo a jornadas, contempla que es lesivo que, en el caso de ausencias por sesiones de preparación para la adopción, y a pesar de poder afectar a ambos progenitores, “la pérdida del incentivo solo opera cuando la ausencia del puesto de trabajo abarque la totalidad de la jornada, lo que sin duda afectará en mayor medida al colectivo de trabajadores a tiempo parcial, conformado en su mayoría por mujeres”.
Esa discriminación se produce asimismo cuando afecta a trabajadores varones, “por cuanto las medidas de protección del ejercicio de los deberes parentales se configuran como instrumentos de corresponsabilidad familiar que actúan de mecanismos activos de igualdad de hombres y mujeres”.
Por el contrario, la mayoría de los componentes del Tribunal Supremo entienden que los permisos por matrimonio, fallecimiento y traslado de domicilio son objetivamente neutros en términos de igualdad, habilitando a los negociadores para penalizar a los trabajadores con una menor retribución en caso de disfrute.
La sentencia tiene un voto particular de los magistrados Antonio Sempere y Rosa María Virolès que discrepa en este último punto, pues considera que los permisos retribuidos en su conjunto, sin diferenciación, deben retribuirse como si el trabajador no se hubiera ausentado de su puesto de trabajo.
La sentencia afecta a 313 trabajadores de las secciones de frescos del Grupo, los cuales prestaban servicio mayoritariamente en los supermercados de Asturias: 249. El resto se reparten entre diferentes provincias de Castilla y León (44), 13 en Cantabria, 3 en Aragón, 3 en Andalucía y 1 en Murcia. El acuerdo, suscrito el 11 de diciembre de 2017, ha sido prorrogado durante 2020. La sentencia es firme y los trabajadores podrán reclamar las retribuciones variables dejadas de percibir durante estos años y mientras el acuerdo siga aplicándose.
El European Trade Union Institute (ETUI), en su informe Bad jobs recovery? European Job Quality Index 2005-2015 sobre la calidad del empleo en los 28 países de la Unión Europea, arroja unos resultados para España, cuanto menos, preocupantes.
España se sitúa a la cola de Europa, tan solo por detrás de Rumanía y Grecia, en cuanto a la calidad del empleo. Los indicadores de calidad que analiza este estudio, como salarios, tiempo de trabajo, equilibrio trabajo y vida personal, condiciones laborales, desarrollo laboral o representación sindical, dejan a España en muy mal lugar en cuanto al derecho al trabajo, recogido en el artículo 35.1 de la Constitución.
En la calidad de los empleos, España recibe una puntuación de 3, de una máxima de 10, mientras que en contraposición, Dinamarca, Finlandia o Suecia reciben un 9, un 8 y un 7,5, respectivamente. La precariedad de los empleos y el crecimiento de esta durante esa década sitúan a nuestro país entre los que tienen mayores porcentajes de población laboral con inestabilidad, temporalidad indeseada y dificultad para encontrar empleo indefinido.
Trabajadores pobres
Además de unas peores condiciones de trabajo, los trabajadores en España son también los que más sufren la pobreza, con salarios muy bajos que no permiten una vida digna. En 2015, uno de cada diez trabajadores en España se encontraba por debajo del umbral de la pobreza. El salario medio se sitúa en los 1.300 euros, pero cuando se analiza el porcentaje de trabajadores que están por debajo del 60% de la mediana nacional, España se encuentra incluso peor que Rumanía y Grecia.
A estos datos hay que sumar la escasa apuesta por la capacitación de los trabajadores, la intensidad del trabajo o los factores de riesgos físicos que se dan en los empleos en España.
Ha llegado el momento de que todos los agentes sociales implicados nos esforcemos aún más en mejorar estas pésimas condiciones laborales para cumplir con la responsabilidad constitucional de asegurar que la población pueda desarrollar su potencial a través del trabajo y reciban por ello remuneraciones que les permitan satisfacer sus necesidades personales y familiares.
Tras las últimas repeticiones electorales y estos últimos meses especialmente convulsos, en segunda votación se ha elegido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por 167 votos positivos frente a 165 negativos, y con 18 abstenciones. Independientemente de cómo se conforme dicho Gobierno, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, alerta de que será, sin duda, una legislatura complicada a la hora de sacar adelante iniciativas y nuevas legislaciones, requiriendo de una altura política y una responsabilidad por parte de todos los grupos que en los últimos tiempos ha brillado por su ausencia.
En un contexto de desaceleración económica e incertidumbre, desde USO volvemos a solicitar al nuevo Ejecutivo, y al conjunto del Parlamento, que la cantidad y la calidad del empleo centren la legislatura y los posicionamientos políticos. Con el doble de paro que la Unión Europea, 3,2 millones de desempleados -y con muchos hogares con todos sus miembros sin trabajo-; las cifras vergonzosas de paro juvenil; la precariedad generalizada de los nuevos empleos; la temporalidad y parcialidad; junto a todo el fraude laboral, la insalubridad y falta de seguridad laboral; etc… no estamos para sacar leyes por uno o dos votos. Sin grandes acuerdos, este país puede seguir la senda de parálisis de los últimos años, y agrandar por tanto los daños de la ralentización económica.
Políticas laborales urgentes y que van más allá de la presente legislatura deben arrancar cuanto antes, especialmente aquellas que tienen que ver con el cambio de modelo productivo; la apuesta por la industria; por una verdadera y eficaz inversión en I+D+i; por la protección del auténtico trabajo autónomo; por las políticas y el empleo relacionado con los servicios públicos; la transición energética y el medio ambiente; planes de empleo juvenil que no precaricen, sino que se dirijan a la especialización y estabilidad; anticipándose a legislar los nuevos trabajos y realidades que continuamente surgen; así como la puesta en marcha de un nuevo sistema de formación para el empleo verdaderamente eficaz y que no sirva para financiar estructuras ni organizaciones, sino para capacitar a trabajadores desde las distintas administraciones públicas. Asimismo, se debe avanzar más en materia de igualdad, y de conciliación familiar y personal en el trabajo. Los grandes discursos hace tiempo que son ineficaces y es la hora de poner la maquinaria legislativa a funcionar.
Va a ser necesario un ejercicio especialmente complicado, por el equilibrio de fuerzas políticas, todo lo referido a la necesaria reforma fiscal, todo lo que tiene que ver con esa fiscalidad medioambiental, transacciones financieras, impuestos a las grandes industrias digitales, la lucha constante contra el fraude… Que, sin duda, condicionan a futuro el capítulo de ingresos y la estabilidad presupuestaria, frente al fantasma cada vez más grande de incremento del déficit, el incumplimiento respecto a la deuda pública, la incertidumbre en la zona euro y la ineludible financiación de la transición energética que afectará en todos los órdenes, mediante políticas climáticas sostenibles con nuevas formas de justicia ambiental y fiscal que deben ser aceptadas con un gran consenso.
Las políticas más urgentes
Debe ser la legislatura que, sin brindis al sol, garantice el estado social y el actual sistema de prestaciones por desempleo, que blinde las pensiones en la Constitución, poniendo a la vez en marcha el Pacto de Toledo –paralizado hace más de un año- para que se busquen los mecanismos de sostenibilidad de presente y de futuro. Como tenemos también aquí mismo un reto demográfico importante: el problema de la despoblación, la sostenibilidad del medio rural en muchos lugares… el Gobierno debe ponerse a trabajar de inmediato.
Y, por otro lado, desde USO solicitamos que no vuelva a repetirse la historia de siempre con la educación, de la que se prefiere hablar siempre en términos más ideológicos que pedagógicos, y que -junto a la experiencia de otros países con datos más positivos a los nuestros-, se cuente con todo el escenario educativo actual, se tenga en cuenta la libre elección de los padres, y se implementen aspectos innovadores y alternativos ante las nuevas realidades del mercado laboral, para avanzar de una vez hacia un Pacto Educativo y una ley que se pueda desarrollar, evaluar y mejorar eficazmente en el tiempo.
Esta legislatura no puede obviar a todos aquellos ciudadanos que sufren aún las consecuencias de los últimos años, que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión, trabajadores pobres, desempleados que han agotado sus prestaciones, por ese incremento de las desigualdades que debe corregirse. Sigue necesitando una respuesta más completa y definitiva. Junto a la garantía y mejora de la calidad de los servicios públicos, la protección social, la sanidad y la dependencia, debe ser también una tarea común prioritaria.
Por último, es necesario un impulso al prestigio de todas las instituciones de nuestro país, tan denostadas en los últimos años. Y, en el campo sindical, desde USO reclamamos que, de una vez por todas, se desarrolle una nueva redacción de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y de la normativa relativa a las elecciones sindicales, que se anulen los privilegios que disfruta en la actualidad en exclusiva el bisindicalismo y que podamos tener una auténtica democracia sindical, que la gente pueda elegir realmente qué organización sindical quiere que la represente sin obstáculos, con las mismas reglas de juego para todos. Que la sociedad en su conjunto vuelva a creer de forma generalizada en el movimiento sindical pasa por que se dé la verdadera pluralidad en el Diálogo Social y que la sociedad, por tanto, esté realmente representada. Es por ello que USO, como tercera fuerza sindical en España, solicitará reuniones al nuevo Gobierno para que incorpore esta necesaria modificación ante lo que consideramos una tara democrática.
Tras el hartazgo ciudadano, desde USO queremos hacer una llamamiento a la serenidad ante tanta crispación, un llamamiento de nuevo a todos los partidos a la responsable construcción común de nuestro país, que tan necesaria es para el presente y para el futuro.
La tradicional elección de las palabras del año por parte de la Real Academia Española le ha dado, en este final de 2019, el protagonismo a los movimientos sociales. Según la máxima institución de nuestra lengua, las 14 palabras que definen este año que termina son palabras, en general, de uso cotidiano que, sin embargo, han tomado un gran protagonismo en la sociedad. Así, no encontramos apenas neologismos, salvo euroescéptico, o palabras de nuevo cuño procedentes de otras lenguas, mayoritariamente del inglés, como ha ocurrido otros años. Dos términos son locuciones, aunque también habituales en nuestros textos y conversaciones, como “inteligencia artificial” o “estado del bienestar”.
En su relación, la RAE habla de feminizar, clima o elecciones: “algo que pone en primera línea a las personas y sus preocupaciones, tal y como buscamos en la USO con nuestra acción diaria y nuestras reivindicaciones. La palabra elecciones la hemos utilizado más de lo que nos merecemos, habiendo sido la ciudadanía un ejemplo de conciencia democrática con su participación en los comicios a pesar de la lógica desgana. Hoy, sin embargo, seguimos sin gobierno y el término nos sobrevuela de nuevo. El clima, por su parte, han sido los propios ciudadanos, los jóvenes sobre todo, quienes lo han hecho protagonista de la agenda política. El futuro de todos, y sobre todo de esas generaciones, pasa por cuidarlo, algo que nosotros también promovemos desde nuestras acciones en instituciones y en las empresas. La celebración de la Cumbre del Clima en Madrid ha sido el culmen del uso de la palabra en nuestro país”, relata Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
“Y feminizar, como verbo que engloba todos los movimientos por buscar la igualdad de género es también un hecho que nos incumbe sobremanera, pues muchas reivindicaciones laborales tienen que ver inseparablemente con la necesidad de feminizarlas”, continúa Estévez, quien recuerda que vocablos de uso corriente, como confianza o triunfo, “también los ha destacado la Academia de la Lengua en relación a la política, más bien por la falta de confianza, y a los movimientos sociales, por la victoria de las protestas de la ciudadanía sobre otras líneas de actuación marcadas desde arriba y con las que nos se siente representada”.
Otros hechos políticos, como la crisis catalana, el Brexit o el asentamiento de la ultraderecha en Europa han provocado, según la RAE, que palabras como Constitución, autodeterminación, estado del bienestar o euroescéptico salten a la primera línea de nuestro lenguaje. Y, finalmente, “también ha buscado un hueco para el positivismo, con progreso, deporte, inteligencia artificial y escuela, todas ellas ligadas a los avances en investigación, pero también al tirón de orejas del informe PISA con respecto a las carencias de nuestro país en educación. La acogida, último de los términos incluidos en la lista, implica no solo el hecho positivo de la solidaridad, sino que las migraciones por necesidad, los refugiados, siguen siendo una cuenta pendiente del llamado Primer Mundo”, finaliza la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
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