“La subida más importante de precios, que afecta a un paquete básico como es la vivienda, se ha dado en la electricidad. Resulta paradójico que acabemos de escuchar a la ministra para la Transición Ecológica decir que al fin íbamos a tener una energía en consonancia con nuestros vecinos y la primera estadística que se conoce demuestre lo contrario”, afea Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
En este sentido, la responsable de USO recalca que “estamos ante el invierno más delicado para las familias de toda nuestra historia reciente. Desde la llegada del covid, las épocas del año nos han ido favoreciendo en lo que respecta a ese gasto, pero no podemos permitirnos como sociedad que se dispare la pobreza energética en los hogares de cara a estos meses tan duros e inciertos”.
El precio de la energía, un riesgo para el empleo industrial
El precio de la energía preocupa en lo doméstico “y en lo industrial. Hemos visto año tras año cómo el precio de la energía en España ha sido motivo y excusa de cierres u otros recortes en la industria pesada. Nuestro país no puede consentir que se ponga en riesgo un puesto de trabajo más, y mucho menos en las industrias más estables. Esperemos que el Ministerio cumpla con ese compromiso y ofrezca garantías a la industria pesada para apostar por España”, pide Sara García.
Hoy se cumplen diez años de la primera reforma laboral de la crisis. Exactamente, una década de la convalidación por parte del Congreso del RD 10/2010, que daría posteriormente lugar a la Ley 25/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. El Gobierno de Zapatero justificó por entonces su necesidad por el contexto de crisis económica, incremento del déficit, preocupación por la baja capacidad económica, caída de ingresos y el incremento del desempleo, que en los últimos dos años había crecido en casi dos millones y medio de personas, situando la tasa de paro en el 20%.
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, analiza los efectos negativos contra los que nuestro sindicato ya se movilizó por entonces, y pone en evidencia que no consiguió, con sus recortes, relanzar el empleo. Solo la evolución de la propia economía terminó por crear de nuevo puestos de trabajo, de peor calidad que los destruidos.
La ONU conmemora el 8 de septiembre el “Día Internacional del Periodista”. Un día que, en nuestro país, se traslada al 24 de enero por tradición católica, al considerarse a San Francisco de Sales como patrón de periodistas y escritores. El Día Internacional del Periodista reconoce la labor de los informadores en todo el mundo y se recuerda a quienes han fallecido en el ejercicio de su trabajo, que está estrechamente relacionado con la preservación de los derechos fundamentales ligados a la democracia. De hecho, la propia ONU, a través de la Unesco, reserva otro día, el 3 de mayo, a la Libertad de Prensa.
Desde el punto de vista laboral, el trabajo de un periodista tiene muchas variantes. Podemos empezar por las tareas que a priori parecen más tranquilas, como desarrollar el trabajo en una redacción o en una agencia de comunicación, donde los riesgos laborales están ligados sobre todo al estrés, los riesgos psicosociales en general y los riesgos ergonómicos propios del sedentarismo; y terminar en la peligrosa profesión de corresponsal de guerra.
Entre ambos extremos, un enorme abanico de categorías de periodista o de comunicadores cuyo principal riesgo, a veces, es simplemente informar.
Los datos del paro de agosto retratan en un solo vistazo todos los grandes males que arrastra el mercado laboral español y que el covid-19 ha puesto más en evidencia que nunca. España afronta un otoño incierto en todos los ámbitos con casi 4 millones de parados y la economía de las autonomías más dependientes del turismo sin margen de maniobra, totalmente devastada.
El paro ha subido al finalizar agosto en 29.780 personas, un 0,79%, que supone el 24,04% de aumento si miramos las cifras de 2019. El tradicional alivio estival este año ha dado negativo y el empleo se calza la mascarilla permanente: no respira.
Para el secretario general de USO, Joaquín Pérez, el inicio del curso requiere de medidas urgentes y excepcionales. La crisis sanitaria y económica se ha sumado a una crisis ya existente en el empleo que antes de la pandemia ya era del 14,2%, caracterizado por la precariedad, especialmente en términos de temporalidad, parcialidad y bajos salarios. Ahora se estima que pueda llegar al 22%. No se reaccionó a tiempo y ahora muchos dirán que “no toca”.
Las anunciadas reformas en distintas materias nunca llegaron a pesar de las fotos y los grandes titulares, evidenciándose además falta de previsión en la gestión de los ERTES, subsidios para empleadas del hogar, Ingreso Mínimo Vital y otras gestiones. Los sistemas de distintas administraciones continúan colapsados, teléfonos que no contestan y citas para ser atendidos de semanas y meses, junto a los trabajadores de los servicios públicos desbordados por el volumen de trabajo, incapaces de tramitar lo que es una necesidad vital.
La Resolución de 29 de junio de 2020 establecía los controles sanitarios en las fronteras a los que deberían someterse todos las personas que lleguen a España por vía aérea o marítima antes de su entrada en el país, incluyendo un control documental consistente en la cumplimentación de un formulario por vía electrónica.
La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de esta resolución ha puesto de manifiesto la necesidad de ajustar y matizar determinadas cuestiones para mejorar la operatividad y alcance de los controles sanitarios en fronteras.
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