USO valora el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz

USO valora el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz

USO considera tardío e insuficiente el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz

El Ejecutivo reconoce en su Decreto-Ley publicado hoy en el BOE una escalada del precio de la luz que va desde los 28,49 €/MWh del mes de febrero a los 154,16 €)MWh del 13 de septiembre. El incremento medio en el mercado mayorista ha sido de un 250%, originado por la variación brusca en la cotización de los mercados europeos del precio del gas natural. El otro elemento que dispara la factura eléctrica, justifica el Gobierno, proviene de los altos precios en los derechos de emisión de CO2.

La ciudadanía ya ha notado en sus facturas recientes estas alzas del precio de la luz, que han puesto en el disparadero la tasa de inflación anual.

No actúa sobre los problemas estructurales del sector energético

Desde USO valoramos positivamente este Decreto-Ley por la vocación del Ejecutivo de atajar la vulnerabilidad de las familias y la pobreza energética, dado lo imprescindible de contar con suministros de gas y luz a precios razonables. Sin embargo, entendemos que la medida llega tarde y resulta insuficiente.

Y resulta insuficiente porque la norma aprobada incorpora varios “parches” en forma de medidas transitorias, pero no actúa lo suficiente sobre problemas estructurales de fondo en el sector energético.

La limitación de acciones sobre las causas estructurales del precio de la energía es evidente. Falta ambición y una propuesta de acción coordinada a nivel europeo. Por otro lado se sigue sin abordar debidamente el problema del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 que protege a los inversores en tribunales privados.

Esto último es muy importante porque los riesgos de judicialización de las medidas ahora aprobadas por parte de las compañías afectadas no son menores. La incertidumbre sobre procesos que concluyan con el posterior reintegro del Estado, es decir, pagados por todos los ciudadanos a estas compañías y a sus accionistas, deben ser tenidos en cuenta.

Por otro lado, algunas de las medidas suponen de facto el aplazamiento del problema, con el pago de la factura en términos prácticos, generando una deuda ciudadana a futuro. Tampoco la reducción temporal de impuestos es una solución, en tanto el detrimento de ingresos públicos también actúa negativamente sobre la financiación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y las familias vulnerables. La aplicación de tipos superreducidos debiera ser estructural y compensada con otros ingresos fiscales.

Medidas del Decreto-Ley para frenar el precio de la luz

Entre las cuestiones destacables del decreto aprobado para atajar la escalada del precio de la luz figuran:

  • Ampliación de seis meses sobre los cuatro actuales para la mora de los consumidores vulnerables en riesgo de pobreza energética para el pago de sus facturas.
  • Se prorroga un trimestre adicional la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, alcanzando a todo el segundo semestre de 2021.
  • Establece de forma excepcional y transitoria hasta el 31 de diciembre de 2021 una reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5,11 % al 0,5 %, con el límite máximo de acuerdo a la directiva europea, de una tasa para usos particulares de 1 €/MWh, y de 0,5 €/MWh para usos industriales y profesionales, salvo excepciones.
  • Amplía en 900 millones de euros el presupuesto del Estado dedicado a compra de los derechos de emisiones de CO2 con cargo a la factura eléctrica.
  • Se establecen medidas para mejorar la competencia tanto en el mercado mayorista como en el minorista y de actuación sobre ellos para mejorar la insuficiente liquidez a medio y largo plazo.

Otra de las medidas aprobadas es la articulación de un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado. El Gobierno considera imprescindible incorporar instrumentos regulatorios que, ante las excepcionales circunstancias de los mercados de materias primas, -sobre todo los del gas natural y el de los derechos de emisiones de CO2-, limiten de manera temporal el exceso de retribución obtenido por dichas instalaciones en detrimento de todos los consumidores. El Gobierno marca un límite para esta intervención en el mercado hasta el próximo 31 de marzo, siempre que el precio del gas supere el umbral de 20€/MWh.

En cuanto a los recursos hidrológicos, el decreto hace previsión de escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35 y el 40% en un horizonte de largo plazo. Por ello se plantea una reforma cuyo principio rector -que USO reconoce más bien como un derecho humano- es la consideración del agua como un bien ambiental, con una incidencia social muy notable y como un bien digno de protección en sí mismo. Las medidas del Gobierno inciden sobre la caducidad y reversión de las concesiones y sobre el mantenimiento y control de los caudales en los embalses. La urgencia del decreto se fundamenta precisamente en los datos sobre reducción generalizada de las cuencas.

Medidas para abordar el impacto del mercado del gas

El texto también aborda el impacto del mercado gasístico en la factura de los consumidores. Su precio ha multiplicado por tres el que mantenía en los últimos años. El Ejecutivo recuerda el derecho que aproximadamente un millón y medio de consumidores ya utilizan al encontrarse acogidos a la tarifa de último recurso, en su mayoría clientes domésticos y pymes, mientras que el resto de los consumidores -cerca de seis millones y medio- están acogidos a tarifas libremente establecidas por las comercializadoras.

Mediante este Decreto-Ley se introduce, como medida temporal y excepcional de protección social, una limitación por dos trimestres al incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso de gas natural. El objetivo es amortiguar la imputación en la misma de la excepcional subida de cotizaciones internacionales del gas natural.

Al tomar acción sobre esta situación se evitará una subida en la factura del consumidor medio que podría alcanzar el 30-40%, derivada del incremento estimado superior al 100% en el coste de la materia prima respecto a la última actualización de julio de 2021. La medida, siendo positiva, tan solo aplaza el problema porque en seis meses el incremento de coste se repercutirá en la tarifa.

El Gobierno se justifica ante las empresas alegando que se garantiza el principio de rentabilidad razonable (como manifestación del principio de seguridad jurídica) de los agentes ofertantes de la energía mediante el establecimiento de un precio de reserva que se determinará a través de una metodología que tendrá en cuenta parámetros objetivos y los costes asociados a la generación objeto de subasta, en base a la información proporcionada por las empresas titulares. Y que, por otro lado, la medida es la respuesta regulatoria a una deficiencia de mercado observada a lo largo de los últimos años, caracterizada por una falta de liquidez que impide a los comercializadores independientes y consumidores directos en mercado contar con la suficiente cobertura frente a los riesgos que supone su completa exposición a las oscilaciones del mercado mayorista de electricidad y que trae causa, en última instancia, de la falta de incentivos que los grupos verticalmente integrados tienen en situar su energía (o al menos parte de ella) en contratos de largo plazo celebrados con terceros.

 

Joaquín Pérez, secretario general de USO, denuncia la intención de Revilla de expulsar a USO del CES de Cantabria

Joaquín Pérez, secretario general de USO, denuncia la intención de Revilla de expulsar a USO del CES de Cantabria

Pérez, secretario general de USO, ha denunciado en rueda de prensa que el Gobierno de Revilla ha cedido al chantaje de UGT, CCOO y CEOE y presentará un proyecto de ley para expulsar al sindicato del CES de Cantabria

La Consejería de Presidencia del Gobierno cántabro ha comunicado a la dirección del sindicato USO que presentará en los próximos días al Parlamento de Cantabria un proyecto de ley para la modificación de la Ley del CES de Cantabria. Dicho proyecto de ley consistirá exclusivamente en la eliminación del sindicato USO de la composición del órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, junto a la secretaria general de USO-Cantabria, Mercedes Martínez, han denunciado, en rueda de prensa, la intención del Gobierno de Revilla de sacar a USO de este órgano consultivo.

Sacar a USO del CESCAN

Según los portavoces de la Consejería de Presidencia, se han visto abocados a tomar esta decisión “ante el chantaje continuado tanto de CC.OO y UGT, al que se ha sumado CEOE”, para que USO salga de este órgano, tras más de 2 años de haberse aprobado la ley por la unanimidad del Parlamento y sin que se haya constituido desde entonces, a pesar de estar nombrados todos sus miembros, incluido su presidencia.

La modificación vía proyecto de ley que se prevé llevar al Parlamento, pretende mantener los 4 grupos en los mismos términos que están en la actual ley y a todos sus componentes, que sumarían 26 miembros. Es decir, se hace una ley ad hoc para excluir a los representantes de USO del CES de Cantabria.

Para Mercedes Martínez, secretaria general de USO-Cantabria, este es “un acto histórico de cobardía política, un ataque a la libertad sindical y un descrédito del autogobierno y de la soberanía del Parlamento de Cantabria que tras aprobar una ley por unanimidad, el Gobierno ahora cambia sometiéndose al chantaje de CC.OO, UGT y CEOE. Esta claudicación es el deshonor del Gobierno y en especial del PRC que, sin duda, no respeta la condición de que USO sea sindicato representativo en la región, es decir, por encima del 10%”.

Por su parte, Joaquín Pérez, secretario general de USO, ha recordado que el sindicato “mantiene una representación del 11% en Cantabria e iniciará una batalla en todos los frentes para defender el derecho de libertad sindical, participación y representación. Los servicios jurídicos han iniciado el análisis de la situación para la defensa de los intereses del sindicato y la posible comisión de actos ilegales y dolosos por parte del Consejo de Gobierno”.

 

En agosto baja el paro, pero también la contratación, especialmente la indefinida

En agosto baja el paro, pero también la contratación, especialmente la indefinida

Por sexto mes consecutivo el paro ha bajado en agosto, pero el desempleo registra aún casi 300.000 personas más que en 2019 y una caída de la contratación indefinida

El paro baja por sexto mes consecutivo en agosto. Se distancia en casi medio millón de desempleados del verano de la pandemia, pero sigue registrando 3.333.915 de personas en situación de desempleo, 300.000 más que en agosto de 2019. El paro baja más lentamente entre las mujeres que entre los hombres y más entre los menores de 25 años, por la tradicional estructura de la contratación temporal y barata de los meses de verano.

La construcción es el único sector que registra más parados, mientras que Servicios concentra más de la mitad de la bajada. No obstante, Servicios es el sector que peor recuperación de la pandemia presenta: aún hay más paro que en 2017, cuando comenzó la recuperación de la anterior crisis.

Sin embargo, “baja drásticamente el ritmo de la contratación, que se redujo en un cuarto con respecto a julio. Y ahí, como de costumbre, pierden los indefinidos. Se firmaron un 28,11% menos que el mes pasado, mientras que los temporales bajaron un 22,97%. Si profundizamos en este dato, bajan especialmente los indefinidos iniciales, un 30,02%. Y, de nuevo, pierden las mujeres: firman algo menos del 44% de los contratos indefinidos”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La recuperación del empleo, obra del consumo ciudadano: todos los grandes cambios siguen pasando de mesa en mesa

Por ello, Pérez apunta a que “la recuperación del empleo sigue el patrón de la demanda de ocio, no de un profundo cambio de la estructura económica: fin de muchas restricciones, podemos salir con cierta normalidad y baja el paro. Más de lo mismo que antes de la pandemia: hoteles, bares y restaurantes contratando refuerzos para los picos de julio y agosto. Esta recuperación efímera la construyen los propios ciudadanos apostando por viajar y consumir en España, pero carece de un plan de futuro para pasado mañana”.

Mientras el mercado se autorregula, “siguen pasando de mesa en mesa patatas calientes que llevan años hirviendo: reforma laboral, reforma de las pensiones, reforma fiscal y energética, el futuro de los ERTE… Y la última, el SMI. Después de tantas negociaciones teatralizadas, la minisubida del SMI se hará de espaldas a la mesa del Diálogo Social, demostrando que es un sistema viciado y atrofiado”, denuncia el secretario general de USO, quien añade que “el Congreso es incapaz de mantener un debate serio y honesto sobre el empleo que derive en un Pacto de Estado sin trucos partidistas. El futuro del trabajo no se escribe con remiendos y ocurrencias para salir del paso”.

Se quedan fuera del mercado laboral los parados de larga duración y los que buscan su primer empleo.

Se quedan fuera del mercado laboral los parados de larga duración y los que buscan su primer empleo.

A pesar del aumento de la ocupación y el descenso de los desempleados (110.100), crecen los parados de larga duración (240.000 más) y los que buscan su primer empleo (56.900).

El mercado laboral recibe un leve respiro pero el desempleo aumenta en 240.000 personas entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 56.900 entre aquellos que buscan su primer empleo, según los datos de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2021.

“A pesar de la leve recuperación del mercado laboral en este periodo, se sigue agrandando una bolsa de exclusión que aparta a los parados de larga duración y a los nuevos trabajadores. Además de las medidas de contención para proteger el empleo existente, se debe dar respuesta a la preocupante situación de estos colectivos, sin los que la recuperación económica seguirá sin llegar a todos”, defiende Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Tras un duro año de pandemia que ha atacado al mercado laboral, los datos que deja el INE muestran una ligera recuperación. Así, en el segundo trimestre de 2021, el número de ocupados ha aumentado en 464.900 (2,42%); la tasa de empleo ha subido hasta el 49,63% y la tasa de paro ha descendido hasta el 15,26%. Las mejoras han incrementado el número de ocupados hasta los 19.671.700 y el número de parados ha bajado en 110.100 alcanzando la cifra de 3.543.800 desempleados.

“Pero casi 3,6 millones de desempleados es un número extremadamente elevado para una economía como la española en la que prima la actividad del sector servicios y del turismo para tirar de la creación de empleo. Y la pandemia no es buena compañera de la temporalidad y estacionalidad de los trabajos que se crean en estos sectores. Es el momento de destinar los recursos necesarios para fomentar otro tipo de empleo; de apostar por sectores con futuro, verdes y digitales; de formar a los trabajadores para los nuevos empleos que llegan. Para, en definitiva, salir reforzados de esta crisis con un mercado de trabajo fuerte que pueda plantar cara a cualquier situación adversa”, reflexiona Pérez.

“El Gobierno se pone el bañador hasta septiembre sin haber hecho los deberes en materia de empleo durante todo el año. Esperamos que vuelvan con energía para afrontar lo que nos viene”, concluye el secretario general de USO.

Los ERE en el primer cuatrimestre del año aumentan un 18%

Los ERE en el primer cuatrimestre del año aumentan un 18%

USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del ET para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos

Los ERE aumentaron con respecto a 2020. Este es uno de los datos de la Estadística de Regulación de Empleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los datos correspondientes al periodo de enero a abril de 2021.

Un total de 5.021 trabajadores fueron incluidos en un ERE en los primeros cuatro meses del año, lo que supone un 18,1% más que en el mismo periodo de 2020.

El aumento de los trabajadores afectados por despidos colectivos con respecto a 2020, denota que, por un lado, hay empresas que no han podido mantener el empleo pese a las medidas adoptadas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. “Y, por otro, que hay empresas que están aprovechando la coyuntura para cerrar centros de trabajo en España o aligerar la plantilla presentando un ERE sin base como es el caso de LM Wind Power que plantea el despido de casi 400 personas en su centro de Ponferrada”, critica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Por ello, USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1483/2012, de Procedimientos de Despido Colectivo, para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos. “De esta forma se devolvería a la autoridad laboral la competencia de  paralizar o suspender procesos de despido colectivo. Esta medida la solicitamos hace un año, ante el peligro claro de que los ERTE se convirtieran en ERE, pero seguimos sin tener noticias del Gobierno”, denuncia García.

Suspensiones de contrato o reducción de jornada, 25.010 afectados por despidos colectivos.

La Estadística de Regulación de Empleo recoge información sobre empresas, procedimientos y trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada. En el primer cuatrimestre de 2021, el total de trabajadores afectados por estas medidas ascendió a 25.010. De estos, 8.091 (32,4%) estaban
afectados por procedimientos por causa de fuerza mayor y 16.919 (67,6%), por procedimientos de regulación por
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Por otro lado, a 19.989 trabajadores (79,9%) se les han aplicado suspensiones de contrato o reducciones de jornada, frente a los 826.393 que se registraron en el primer cuatrimestre de 2020. De esta forma, se redujeron un 97,6%.

El descenso de personas afectadas por ERTE con respecto a 2020, responde a una consecuencia lógica de la vuelta a la actividad con respecto a los momentos de declaración de estado de alarma, confinamiento domiciliario y paralización de la actividad que tuvo lugar entre marzo y abril de 2020.

En cuanto a los sectores con más medidas de regulación de empleo destacan comercio y reparación de vehículos; actividades administrativas; industria manufacturera y transporte y almacenamiento. En este sentido, llama la atención que los sectores donde se están adoptando estas medidas no sean los sectores más afectados por las restricciones de movilidad y vida social a consecuencia de la pandemia.

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias se sitúan a la cabeza en la aplicación de estas medidas.

Desde el 1 de julio renovar la demanda de empleo y el sellado ya no es automático.

Desde el 1 de julio renovar la demanda de empleo y el sellado ya no es automático.

Los ciudadanos deben realizar esa renovación para no perder el cobro de las prestaciones

Renovar la demanda de empleo ha dejado de ser un trámite automático. Esta renovación automática de la demanda de empleo se aprobó con la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020) debido al inicio de la pandemia y finalizó al decaer este.

Así, desde el 1 de julio, la mayoría de comunidades autónomas han vuelto al sistema anterior de renovación de la demanda de empleo. Es decir, son los propios ciudadanos los que tienen que realizar la renovación. Para ello, es recomendable ponerse en contacto con los servicios autonómicos de empleo.

Recuerda que para solicitar prestaciones es necesario la inscripción como demandante de empleo ante el Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma en la que se resida, así como renovar la demanda de empleo mientras se esté cobrando estas prestaciones.

El trámite deja de ser automático

Desde la Sección Sindical de USO en el SEPE confirman que desde el 1 de julio ya no se realizan los controles de sellado de la demanda de empleo de forma automática, por lo que son los ciudadanos los que deben realizar este trámite.

En algunas comunidades se están enviando SMS para recordar el día que se debe renovar la demanda de empleo junto a un teléfono para cita previa, a través del que se realiza el sellado. En otras ocasiones, la demanda de empleo se sella a través de la web.

Por otro lado, USO en el SEPE informa que a las personas afectadas por ERTE, a las que hasta ahora no se les exigía estar inscritos como demandante de empleo, se les está comunicando por mensaje que deben de inscribirse y pasar el control de sellado.

¿Qué ocurre si no se renueva la demanda de empleo?

Si un ciudadano olvida renovar la demanda de empleo se inicia un procedimiento sancionador por infracción leve, que puede suponer la pérdida de un mes de prestación. Si la renovación no se realiza por segunda vez, la pérdida de prestación será de tres meses. La tercera vez, la pérdida será de seis meses. Si la renovación de la demanda no se produce por cuarta vez, se perderá la prestación y/o subsidio.

Recuerda que la renovación y control de la demanda de empleo lo realizan los servicios públicos de empleo de cada comunidad, no el SEPE.