A pesar del aumento de la ocupación y el descenso de los desempleados (110.100), crecen los parados de larga duración (240.000 más) y los que buscan su primer empleo (56.900).
El mercado laboral recibe un leve respiro pero el desempleo aumenta en 240.000 personas entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 56.900 entre aquellos que buscan su primer empleo, según los datos de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2021.
“A pesar de la leve recuperación del mercado laboral en este periodo, se sigue agrandando una bolsa de exclusión que aparta a los parados de larga duración y a los nuevos trabajadores. Además de las medidas de contención para proteger el empleo existente, se debe dar respuesta a la preocupante situación de estos colectivos, sin los que la recuperación económica seguirá sin llegar a todos”, defiende Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Tras un duro año de pandemia que ha atacado al mercado laboral, los datos que deja el INE muestran una ligera recuperación. Así, en el segundo trimestre de 2021, el número de ocupados ha aumentado en 464.900 (2,42%); la tasa de empleo ha subido hasta el 49,63% y la tasa de paro ha descendido hasta el 15,26%. Las mejoras han incrementado el número de ocupados hasta los 19.671.700 y el número de parados ha bajado en 110.100 alcanzando la cifra de 3.543.800 desempleados.
“Pero casi 3,6 millones de desempleados es un número extremadamente elevado para una economía como la española en la que prima la actividad del sector servicios y del turismo para tirar de la creación de empleo. Y la pandemia no es buena compañera de la temporalidad y estacionalidad de los trabajos que se crean en estos sectores. Es el momento de destinar los recursos necesarios para fomentar otro tipo de empleo; de apostar por sectores con futuro, verdes y digitales; de formar a los trabajadores para los nuevos empleos que llegan. Para, en definitiva, salir reforzados de esta crisis con un mercado de trabajo fuerte que pueda plantar cara a cualquier situación adversa”, reflexiona Pérez.
“El Gobierno se pone el bañador hasta septiembre sin haber hecho los deberes en materia de empleo durante todo el año. Esperamos que vuelvan con energía para afrontar lo que nos viene”, concluye el secretario general de USO.
USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del ET para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos
Los ERE aumentaron con respecto a 2020. Este es uno de los datos de la Estadística de Regulación de Empleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los datos correspondientes al periodo de enero a abril de 2021.
Un total de 5.021 trabajadores fueron incluidos en un ERE en los primeros cuatro meses del año, lo que supone un 18,1% más que en el mismo periodo de 2020.
El aumento de los trabajadores afectados por despidos colectivos con respecto a 2020, denota que, por un lado, hay empresas que no han podido mantener el empleo pese a las medidas adoptadas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. “Y, por otro, que hay empresas que están aprovechando la coyuntura para cerrar centros de trabajo en España o aligerar la plantilla presentando un ERE sin base como es el caso de LM Wind Power que plantea el despido de casi 400 personas en su centro de Ponferrada”, critica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
Por ello, USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1483/2012, de Procedimientos de Despido Colectivo, para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos. “De esta forma se devolvería a la autoridad laboral la competencia de paralizar o suspender procesos de despido colectivo. Esta medida la solicitamos hace un año, ante el peligro claro de que los ERTE se convirtieran en ERE, pero seguimos sin tener noticias del Gobierno”, denuncia García.
Suspensiones de contrato o reducción de jornada, 25.010 afectados por despidos colectivos.
La Estadística de Regulación de Empleo recoge información sobre empresas, procedimientos y trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada. En el primer cuatrimestre de 2021, el total de trabajadores afectados por estas medidas ascendió a 25.010. De estos, 8.091 (32,4%) estaban
afectados por procedimientos por causa de fuerza mayor y 16.919 (67,6%), por procedimientos de regulación por
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Por otro lado, a 19.989 trabajadores (79,9%) se les han aplicado suspensiones de contrato o reducciones de jornada, frente a los 826.393 que se registraron en el primer cuatrimestre de 2020. De esta forma, se redujeron un 97,6%.
El descenso de personas afectadas por ERTE con respecto a 2020, responde a una consecuencia lógica de la vuelta a la actividad con respecto a los momentos de declaración de estado de alarma, confinamiento domiciliario y paralización de la actividad que tuvo lugar entre marzo y abril de 2020.
En cuanto a los sectores con más medidas de regulación de empleo destacan comercio y reparación de vehículos; actividades administrativas; industria manufacturera y transporte y almacenamiento. En este sentido, llama la atención que los sectores donde se están adoptando estas medidas no sean los sectores más afectados por las restricciones de movilidad y vida social a consecuencia de la pandemia.
Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias se sitúan a la cabeza en la aplicación de estas medidas.
Los ciudadanos deben realizar esa renovación para no perder el cobro de las prestaciones
Renovar la demanda de empleo ha dejado de ser un trámite automático. Esta renovación automática de la demanda de empleo se aprobó con la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020) debido al inicio de la pandemia y finalizó al decaer este.
Así, desde el 1 de julio, la mayoría de comunidades autónomas han vuelto al sistema anterior de renovación de la demanda de empleo. Es decir, son los propios ciudadanos los que tienen que realizar la renovación. Para ello, es recomendable ponerse en contacto con los servicios autonómicos de empleo.
Recuerda que para solicitar prestaciones es necesario la inscripción como demandante de empleo ante el Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma en la que se resida, así como renovar la demanda de empleo mientras se esté cobrando estas prestaciones.
El trámite deja de ser automático
Desde la Sección Sindical de USO en el SEPE confirman que desde el 1 de julio ya no se realizan los controles de sellado de la demanda de empleo de forma automática, por lo que son los ciudadanos los que deben realizar este trámite.
En algunas comunidades se están enviando SMS para recordar el día que se debe renovar la demanda de empleo junto a un teléfono para cita previa, a través del que se realiza el sellado. En otras ocasiones, la demanda de empleo se sella a través de la web.
Por otro lado, USO en el SEPE informa que a las personas afectadas por ERTE, a las que hasta ahora no se les exigía estar inscritos como demandante de empleo, se les está comunicando por mensaje que deben de inscribirse y pasar el control de sellado.
¿Qué ocurre si no se renueva la demanda de empleo?
Si un ciudadano olvida renovar la demanda de empleo se inicia un procedimiento sancionador por infracción leve, que puede suponer la pérdida de un mes de prestación. Si la renovación no se realiza por segunda vez, la pérdida de prestación será de tres meses. La tercera vez, la pérdida será de seis meses. Si la renovación de la demanda no se produce por cuarta vez, se perderá la prestación y/o subsidio.
Recuerda que la renovación y control de la demanda de empleo lo realizan los servicios públicos de empleo de cada comunidad, no el SEPE.
La pandemia nos deja graves secuelas económicas, entre ellas, el aumento de la pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE, la pobreza o carencia material grave en España aumentó hasta el 7% en 2020, llegando a afectar a 3,3 millones de personas. En 2019, la pobreza o carencia material severa afectaba al 4,7% de la población en España.
Algunos de los datos preocupantes que arroja la encuesta son:
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE de 2020 se situó en el 26,4% de la población residente en España, frente al 25,3% registrado el año anterior.
El porcentaje de población en riesgo de pobreza ha pasado del 20,7% en 2019 al 21%.
Uno de cada diez hogares declaró tener muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Tan solo un 19,6% de las familias podría mantener el mismo nivel de vida durante más de 12 meses solo con sus ahorros.
El 13,5% tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, frente a 8,3% en 2019.
El 10,9% no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En 2019, el porcentaje alcanzaba el 7,6%.
El 5,4% de la población en España no podía permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, frente al 3,8% en 2019.
Según los datos por comunidades autónomas, Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%) y Extremadura (12,7%) fueron donde más personas sufrieron mucha dificultad para llegar a fin de mes. En el lado opuesto se encuentran Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%).
La falta de formación y de empleo son las causas con mayor incidencia en el aumento de la pobreza en España. Según el INE, el riesgo de pobreza es mayor entre las personas con menos estudios. Así, el 36% de la población con un nivel educativo equivalente a educación primaria o inferior estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Este porcentaje se reduce hasta el 13,7% cuando el grado alcanzado era la educación superior.
El desempleo es la mayor causa de riesgo de exclusión social. Así, los ocupados presentan un 15% de riesgo de pobreza, mientras que el porcentaje aumenta hasta el 54% en el caso de los parados. Los jubilados tienen un porcentaje de riesgo de pobreza muy cercano al de los trabajadores: 16,7%.
La brecha social sigue aumentando
La incidencia de la pandemia en la economía es innegable, como también lo es su impacto social. Y ello a pesar de que los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas familiares han supuesto un importante freno para el aumento de la pobreza en España. Posiblemente, las colas del hambre, la pobreza y la exclusión social serían aún mayores.
Los datos que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida demuestran que la brecha social se está incrementando, cuando aún no se había reducido la desigualdad que dejó la crisis de 2008. Desde USO echamos en falta la desagregación de los datos de la encuesta por sexo, para hacer un análisis real de quiénes tardarán más en salir de esta crisis y sobre quién está teniendo más incidencia. En la anterior crisis fueron las mujeres las que tardaron más en salir de ella, y peor aún será en esta puesto que demasiadas mujeres han salido del mercado laboral para volver a casa, a los cuidados de la familia.
“Para frenar el incremento de la pobreza en España es necesario un plan de recuperación serio, que se centre en crear un tejido productivo fuerte y competitivo; con un pacto por el empleo, la investigación y el desarrollo sostenible; y unos servicios públicos de calidad basados en el empleo estable en las administraciones”, defiende Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.
Además, son necesarias metas claras y ambiciosas para luchar contra la desigualdad social, reformando la política fiscal para hacerla más justa y reforzando el sistema de protección social, y combatir la desigualdad de género, que la pandemia ha acentuado, empobreciendo aún más a las mujeres. También es necesario actuar con rapidez y contundencia para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias irreversibles.
Los precios relacionados con la vivienda se han disparado, con un crecimiento que cuadriplica el índice general: un 10,9% de subida, provocada por los precios de récord, un mes más, de la electricidad.
“Aunque para esta estadística aún no habían entrado en vigor las medidas anunciadas desde Transición, con los nuevos máximos de precios que se están registrando estos días por la ola de calor y la subida ya acumulada, el gasto familiar en luz seguirá creciendo mes a mes. Ha sido una decisión tardía e insuficiente, que no contempla la energía en el hogar como el bien de primera necesidad que es. Por lo tanto, debería estar gravado con el IVA superreducido del 4% como primera medida antes de la necesaria reforma en profundidad del sistema energético y fiscal”, pide Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
El comer sano no se puede considerar un lujo
La alimentación básica es el otro gran grupo de la cesta que perjudica cada vez más a la población general.
“Cada mes es un producto nuevo, pero la realidad es que los precios de los alimentos ponen en peligro de malnutrición a un sector cada vez mayor de la población. En esta ocasión son sobre todo las carnes, aceites y lácteos. Pero las verduras y legumbres llevan meses al alza y este mes han seguido subiendo, aunque la estadística se refiera a ello como ‘suben menos que en 2020’ y por eso parezca que no se encarecen. Comer sano se ha convertido en un lujo, cuando es un derecho y un problema enquistado de salud pública”, advierte García.
En junio el IPC aumenta casi el doble que la revalorización salarial media: urge subir el SMI
Por último, la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral incide en que esta subida es aún más grave “porque no se corresponde con la misma revalorización de los salarios. La negociación colectiva sigue a ritmo lento, con menos convenios firmados de enero a mayo de este año que en 2020, a pesar del estado de alarma. Pero, además, la subida media pactada es de poco más de la mitad del IPC: 1,56%. Es urgente una subida del SMI acorde con el mínimo que marca la Confederación Europea de Sindicatos y que para España está en torno a 1.150 euros mensuales en 14 pagas”.
Tras meses de filtraciones y oscurantismo, retrasando los cambios impopulares para no manchar la foto
Hoy se firma, con prisas y urgencia, el acuerdo de reforma de las pensiones. Como todos los acuerdos del mal llamado diálogo social, se caracteriza por la falta de transparencia durante la negociación, pero con un gran despliegue de medios en la firma.
Desde USO, denunciamos la falta de responsabilidad de este gobierno y de los agentes sociales por forzar los tiempos y ocultar el contenido de la negociación de una materia tan sensible, que es uno de los pilares de nuestra sociedad y eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial. Y por ello, su proceso de reforma, a nuestro entender, debe estar basado en la participación, el debate y la reflexión.
Después de meses de globos sonda, se ha preferido partir la reforma en dos para poder tener la foto de hoy, antes del verano, y dejar así para 2022 las materias más complejas y con una venta más complicada: la implantación generalizada de los planes de pensiones de empresa con adscripción automática del trabajador, que abre una peligrosa puerta a la privatización del sistema y que el propio Ministro anunció hace unos meses; la ampliación de la edad de jubilación; la extensión de los 25 a los 35 años para el cálculo de la pensión; el destope de la base máxima de cotización…
Desde marzo de 2020, desde USO hemos hecho llegar al Gobierno los problemas y la inseguridad jurídica que genera la aprobación compulsiva de normativa. Una legislación de urgencia que, en algunos casos, se solapa, con una redactado enmarañado y precipitado que provoca problemas de interpretación y gran confusión. Lo hemos sufrido en las sucesivas prórrogas de los ERTE y creemos que es intolerable que se dé en la redacción y aprobación de una materia tan sensible como son las pensiones.
¿Dónde están las referencias a la reforma de las pensiones de 2011?
Desde USO, queremos asimismo mostrar nuestro desconcierto e indignación ante la campaña de desinformación que está acompañando al anuncio y filtración del contenido del acuerdo. En estos mensajes, se ha hecho desaparecer deliberadamente la reforma de las pensiones de 2011 y se pregona a los cuatro vientos que se ha “tumbado la reforma de 2013”, especialmente en lo relativo a una de las medidas estrella, que es la derogación del factor de sostenibilidad.
Recordemos que la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013, elevó la edad de jubilación a los 67 años e introdujo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones. Contra esta ley, USO llevó a cabo una potente campaña para intentar parar su aprobación y convocó una movilización del sindicalismo independiente que culminó con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2011.
El factor de sostenibilidad: introducido en la reforma de 2011
Esa reforma, firmada por los mismos protagonistas que el acuerdo actual, fue la que introdujo el factor de sostenibilidad en una disposición adicional. La Ley 23/2013 de 23 de diciembre, conocida como “Reforma de las pensiones de 2013”, desarrolló esta disposición, pero no la instauró. Gracias a la movilización del movimiento pensionista, entre los que se encuentra la MERP, el factor nunca se puso en marcha.
Los mismos que lo crearon ahora lo derogan y anuncian que será sustituido por otro nuevo factor, en este caso de “equidad”, que no definen ni desarrollan, posponiendo su negociación, con noviembre como fecha límite. Y, si no hay acuerdo, el Gobierno ya ha anunciado que legislará por su cuenta.
Para USO, no hay mayor factor de sostenibilidad que el empleo de calidad. El futuro de las pensiones pasa fundamentalmente por más y mejor estabilidad en el empleo, con salarios adecuados; así como por mejorar los niveles de cualificación y competencias profesionales de las personas trabajadoras. Por ello, una reforma aislada, no acompañada de las reformas necesarias en materia de empleo y de mercado laboral; de transformación del sector servicios; o de apuesta por una industria fuerte y sostenible, entre otras, lo consideramos un mal parche.
El acuerdo viene acompañado de un texto normativo, en formato de anteproyecto de ley, que concreta su contenido. Esto hará, en la práctica, que en la tramitación parlamentaria varios grupos parlamentarios, como ya sucedió en anteriores reformas, no quieran tramitar propuestas de mejora del texto para no dejar en evidencia al “diálogo social”. En USO nos parece muy preocupante que el “diálogo social” influya en la plena capacidad de las cámaras legislativas, que son las competentes para tramitar el futuro proyecto de ley y mejorarlo en beneficio del conjunto de la ciudadanía
USO analiza los principales puntos del acuerdo de pensiones
1. Fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. En el acuerdo, reconocen lo que desde USO se lleva años reivindicando: hay un conjunto de prestaciones cuya financiación debe ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado. Se recoge que a la financiación ya prevista en los PGE para 2021 se incorpore la necesaria para atender las jubilaciones anticipadas involuntarias; los complementos de prestaciones contributivas sujetos a limites de ingresos; y el equivalente a 1 punto de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva.
2. “Nueva” fórmula para revalorizar las pensiones. El acuerdo alcanzado prevé, según él, seguir las recomendaciones del Pacto de Toledo y ligar la revalorización de las pensiones al IPC. La fórmula que se recoge en el acuerdo va a variar con respecto a la revalorización ligada al IPC, que se realizaba hasta que el PP implantó el índice de revalorización de las pensiones, el famoso 0,25%.
Se trata de un mecanismo más lesivo del que se venía realizando con base en la previsión de IPC, que tenía una cláusula de garantía y actualización de la base de cálculo para el año siguiente. Este será el último año de la denominada “paguilla”, que se recibía en enero con la diferencia entre la subida aplicada y el IPC real al finalizar el año.
El acuerdo supone subir las pensiones con el IPC del año anterior (noviembre-noviembre), con lo que nunca habría que ajustar posibles desviaciones; mientras que, si en el año natural el IPC crece más, no recuperas la diferencia. En todo caso, se vería reflejado en la subida del año siguiente, perdiendo poder adquisitivo durante el ejercicio. En caso de que el IPC sea negativo, las pensiones no se verán afectadas, como ya ocurría con el sistema anterior de revalorización con el IPC.
Un ejemplo práctico: para 2021, las pensiones se han incrementado un 0,9%. Si al finalizar 2021 el IPC se sitúa en un 2,4% (algo más que probable), con el actual sistema se recibiría una paga por la diferencia entre el 2,4 y el 0,9%; y, además, se incrementaría el valor de la pensión sobre el que se produciría el incremento de 2022. Sin embargo, con la fórmula acordada, y dado que el IPC al finalizar 2020 fue del -0,3%, no se habrían incrementado las pensiones, y para el 2022 subirían el 2,4%.
Se acuerda revisar este mecanismo cada 5 años.
3. Acercamiento “voluntario” de la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Desde USO entendemos que, con las medidas recogidas en el acuerdo, se produce un claro desequilibrio entre las penalizaciones a la anticipación de la edad de jubilación y las mejoras a la prolongación voluntaria de la vida laboral.
Cambios en los diferentes tipos de jubilaciones para acercarse a esa edad legal
Este punto del “acercamiento voluntario” tiene un amplio desarrollo. Por ello, te resumimos las actuaciones recogidas en el acuerdo sobre cada uno de los tipos de jubilaciones.
Jubilación anticipada voluntaria
Los coeficientes reductores pasan a ser mensuales y varían en función de los años de cotización, siendo menos desfavorables aquellos de carreras de cotización más largas. Teniendo en cuenta la realidad laboral de este país, muy pocas personas podrán desarrollar esas carreras: basta con que tengamos en cuenta la precariedad en el empleo y el 38% de paro juvenil que padecemos en España. Ya denunciamos, con la reforma del PSOE de 2011, que iba a ser difícil alcanzar los 37,5 años cotizados para acceder al 100% de la pensión. En este caso, veremos cuántos superan los 40 o 44 cotizados.
Se establecen cuatro tramos de carreras de cotización: la del ejemplo anterior; otra para más de 38 años y seis meses y menos de 41 y seis meses; una para más de 41 y seis meses y menos de 44 y seis meses; y una última, para más de 44 años y medio.
De esta nueva regulación se excluye:
a los que han extinguido su relación laboral antes de 1 de enero de 2022.
a los que lo hagan con fecha posterior como consecuencia acuerdo adoptados en convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales. Siempre que estos hechos hayan sido aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento al acuerdo.
Jubilación anticipada involuntaria
Desde USO, nos sigue pareciendo una penalización injusta, teniendo en cuenta que las personas afectadas se ven obligadas a acceder a ella. En el acuerdo, se introducen cuatro modificaciones:
Se incrementan las causas que dan derecho a esta modalidad, al añadir las causas extintivas por razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador en los supuestos previstos en los artículos 40.1, 41.3, 49.1.m y 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Los coeficientes reductores también se aplicarán por meses y no por trimestres.
En los dos años anteriores a la edad de jubilación, se aplicarán los mismos coeficientes que se aplican en la determinación de la pensión de jubilación voluntaria en aquellos supuestos en que el coeficiente sea más beneficioso.
El coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja con respecto a la jubilación voluntaria.
Jubilación demorada
Se plantea como objetivo potenciar que se continúe trabajando más allá de la edad de jubilación. Para ello, se acuerda mejorar los incentivos para prolongar la carrera profesional. Se ofrecen tres tipos de incentivos:
un porcentaje adicional del 4% que se aplicará a la base reguladora.
un tanto alzado en función del valor de la pensión y la carrera de cotización, o una combinación de ambas.
y la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir de la edad de jubilación ordinaria que corresponda.
Jubilación forzosa
El acuerdo prohíbe que se incluyan en los convenios colectivos cláusulas recojan la jubilación forzosa a una edad inferior a los 68. En los convenios donde estén ya recogidas este tipo de cláusulas, podrán seguir siendo aplicadas hasta tres años después de la vigencia pactada en el convenio.
Jubilación anticipada por razón de la actividad
Se creará una comisión para evaluar e instar la aprobación de los decretos que reconozcan los coeficientes reductores formada por los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; y Hacienda; junto con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Estos se convierten en juez y parte del proceso: son las que lo inician y lo resuelven.
De nuevo, los participantes del “diálogo social” olvidan la sentencia ganada por USO en el Supremo y aprovechan para volver a plantear que las solicitudes deben ser formulados por las organizaciones sindicales y empresariales de manera conjunta.
Materias que se enuncian en el acuerdo de pensiones pero deben ser desarrolladas posteriormente
Para finalizar con este análisis, no podemos dejar de mencionar todo aquello que falta en este texto. Como este acuerdo es fruto de la precipitación y las prisas, hay materias muy relevantes que se enuncian pero no se desarrollan, y se plantean por parte de los firmantes nuevos plazos para sentarse a negociar.
En este apartado de los temas aplazados, nos encontramos con el compromiso de negociar, por parte de los firmantes, un nuevo mecanismo que sustituya al factor de sostenibilidad, que entraría en vigor en 2027. También se dan un plazo de seis meses para regular la pensión de viudedad para las parejas de hecho; un año para revisar la modalidad de jubilación activa (solo recogen que, para acceder a ella, debe pasar un año desde la edad ordinaria de jubilación); tres meses para regular la cotización de los becarios; seis meses para los convenios especiales para las personas cuidadoras…
Era más importante fijar la fecha de la foto que redondear el texto. Y el trabajo fin de curso se ha quedado en un borrador que habrá que aprobar en las siguientes convocatorias.
El sitio web http://www.fs-uso.es/ utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.AceptarModificar configuración
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Tras un duro año de pandemia que ha atacado al mercado laboral, los datos que deja el INE muestran una ligera recuperación. Así, en el segundo trimestre de 2021, el número de ocupados ha aumentado en 464.900 (2,42%); la tasa de empleo ha subido hasta el 49,63% y la tasa de paro ha descendido hasta el 15,26%. Las mejoras han incrementado el número de ocupados hasta los 19.671.700 y el número de parados ha bajado en 110.100 alcanzando la cifra de 3.543.800 desempleados.
La pandemia nos deja graves secuelas económicas, entre ellas, el aumento de la pobreza en España. Según la 
