El Secretario General de USO, Joaquin Perez, reflexiona sobre la subida de impuestos que planea aplicar el Gobierno y que se incluye en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas
En un escenario muy preocupante de incremento del déficit y de la deuda pública, el Gobierno ha planteado una subida de impuestos y medidas fiscales que van a afectar al conjunto de la población. Algunas, de forma indiscriminada, sin distinción de renta: IRPF; sucesiones; peajes; impuesto al diésel; modificar tipos de IVA; sociedades; patrimonio; transporte aéreo, etc. Y algunas aún desconocidas o agendadas en los distintos documentos remitidos a Bruselas, como hoja de ruta de cara a recibir los fondos de recuperación, y amparados en modificar algunos hábitos de consumo y avanzar hacia la sostenibilidad.
Sin haber hecho los deberes ni haber sentado las bases de las grandes políticas a medio y largo plazo para recibir los 70.000 millones y cumplir con los límites macro europeos, “una vez más se quiere coger el camino fácil: una subida de impuestos. Rascar el bolsillo a una ciudadanía aún noqueada por la pandemia y en fase de reactivación, sirviéndose de algo necesario como las políticas de protección del medio ambiente, desincentivo del consumo contaminante y de crecimiento sostenible”, destaca Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Comparar impositivamente España con otros países europeos es una perversión. No se tiene en cuenta nuestro liderazgo en términos de desempleo y precariedad, ni la realidad de nuestro tejido empresarial, ni de la actividad económica o capacidad productiva. Especialmente si es para perjudicar con ese mal análisis a trabajadores, parados y pensionistas.
Medidas recaudatorias no progresivas
USO rechaza directamente algunas de las medidas recaudatorias por ser “no progresivas”, y respecto a otras advierte que “al final, a quien se beneficia es al que tiene capacidad de compra. Por eso, podríamos asistir, por ejemplo, a una brecha social a la hora de desplazarse. Privilegiar el motor eléctrico, penalizar plásticos o envases de plástico o revisar tipos en el transporte aéreo, puede ser bueno. Pasar la factura a la ciudadanía, no”, reivindica Pérez. En todo caso, sería más adecuado dirigir la subida de impuestos a la producción, para sea desde allí donde se planteen modificaciones, y establecer ayudas para la transición medioambiental.
Por otro lado, teniendo en cuenta la capacidad económica de las familias que, sin salir del todo de la anterior crisis, padecen la actual, no se puede incrementar el IVA. En este sentido, el sindicato recuerda sus propuestas de revisión del listado de bienes y servicios con tipos reducidos y superreducidos, “porque hay evidentes inequidades, en concreto los referentes a suministros o productos de higiene básicos”, recuerda el secretario general de USO, “además de otros que habría que revisar, pero a la baja, como suministros básicos”.
Una reforma fiscal cada vez más necesaria
USO aboga por una reforma fiscal, que se hace cada vez más necesaria, pero sin castigar los bolsillos de las clases medias ni de los trabajadores. Hay que priorizar lo que es el principal mecanismo con el que cuenta el Estado para el mantenimiento de los servicios públicos y el modelo social: mejorar las condiciones de vida y trabajo, atajar la desigualdad, dinamizar la economía, atender las necesidades de inversión estratégica y apostar por un tejido empresarial fuerte y de futuro. “España necesita recaudar más, pero con la actividad económica, empleo y salarios de calidad como premisa, no queriendo exprimir más el jugo del monedero de la mayoría”, apunta Pérez.
El sistema fiscal en España es excesivamente permisible con el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal. Privilegia escandalosamente a empresas digitales de multimillonarios beneficios con tipos efectivos bajos y que compiten deslealmente con iniciativas empresariales dentro de nuestras fronteras. “Esa debería ser la prioridad más urgente, junto al trabajo de una fiscalidad común en la Unión Europea, junto a debates necesarios como la conversión de la deuda en perpetua alargando mucho los plazos de vencimiento”, concluye.
Con el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, el Gobierno aplica regulaciones y medidas puntuales a través de un nuevo Real Decreto-Ley. Estas medidas afectan, por una parte, al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales o cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. Por otro, se refieren a medidas de control a pasajeros internacionales que lleguen a nuestro país y medidas en materia social y económica, derivadas de la pandemia y que estaban reguladas con el estado de alarma.
¿Qué requisitos deben cumplir los pasajeros internacionales?
Sin prejuicio de las medidas de control de fronteras que pueda aplicar conforme al derecho de la Unión Europea, desde el Ministerio de Sanidad de España se exigirá a los pasajeros internacionales un control documental y visual, así como toma de temperatura en el aeropuerto, puerto o estación de destino.
Todos los pasajeros con origen España deberán rellenar un formulario disponible en la web Spain Travel Health o mediante la aplicación para dispositivos móviles. Una vez rellenado el formulario, se genera un código QR que será obligatorio enseñar en el embarque y a su llegada a España.
¿Sigue protegiendo este RD-Ley a los suministros de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables?
¿Se sigue protegiendo el derecho a la vivienda a consumidores vulnerables?
Como ocurre con los suministros, este RD-Ley suspenden hasta el 9 de agosto de 2021 los procedimientos y lanzamientos de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad. Se extiende hasta esa misma fecha la solicitud de moratoria o condonación de la renta cuando la persona arrendadora sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor, entendiendo como tal a la persona física o jurídica con más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros o superficie construida de más de 1500 m2.
¿En qué afecta este RD-ley a las juntas de propietarios en régimen de propiedad horizontal?
Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021 la no obligatoriedad de celebrar juntas, así como de presentación y aprobación de presupuestos.
En casos excepcionales, se podrán hacer reuniones de forma telemática o por llamada múltiple siempre que el secretario reconozca la identidad de las personas propietarias y así conste en acta y cuando las personas tengan los medios necesarios para la celebración de la junta, que será comprobado por el administrador con antelación.
¿Qué medidas se contemplan en materia de violencia de género?
Se prorrogan hasta el 9 de agosto de 2021 la consideración de esenciales los servicios contemplados en los artículos 2 a 5 de la Ley 1/2021 de 4 de marzo.
Además, se modifica el artículo 8 de la Ley 1/2021:
“Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en esta Ley, así como cualquier otro que, en el contexto de las medidas de contención de la pandemia internacional ocasionada por la covid-19 tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.”
Compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios y profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para la gestión de la crisis sanitaria
Podrán compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación hasta el 31 de diciembre de 2021 los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería y que presten servicios tanto en centros sanitarios públicos como privados para llevar a cabo tareas dirigidas a la lucha contra la pandemia. Siempre que la incorporación al servicio activo derive de las autorizaciones acordadas por la autoridad sanitaria competente.
En el caso de profesionales sanitarios, este régimen de compatibilidad se mantendrá en tanto subsista el contrato de trabajo o, en su caso, el nombramiento estatutario y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Además, las prestaciones de servicios de los profesionales sanitarios en centros privados que se vinieran realizando, en virtud de un contrato laboral celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma deberá ser comunicada al Instituto Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
¿En qué consisten las modificaciones de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)?
El artículo 15 de este Real Decreto-ley introduce una modificación a la LJCA con el fin de modificar la regulación del recurso de casación para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en relación con las limitaciones o restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por las autoridades sanitarias. Además, podrá fijar doctrina legal, sobre el alcance de esta legislación sanitaria.
Se trata de un recurso exprés, en el que los plazos son muy breves, frente al recurso de casación ordinario, cuyos plazos son bastante dilatados.
Como novedades, al margen del establecimiento de plazos muy breves, destaca que:
no se exige recurso de reposición previo;
no opera el instituto de la declaración de caducidad
al ser un procedimiento sumario y preferente, no se diferencia entre la fase de admisión y la fase de enjuiciamiento.
La EPA del primer trimestre arroja menos población activa (-203.400) y menos ocupación (-137.500). Son los datos más preocupantes de esta primera ola de Encuesta de Población de Activa de 2021. Baja a pesar de ello el paro (-65.800), pero el propio método estadístico advierte: por el covid, la estadística ha pasado a contemplar como inactivos a parados que no pueden buscar empleo porque las empresas de su sector siguen en ERTE o porque deben permanecer en casa a cargo de menores u otros dependientes. “Búsqueda de empleo y disponibilidad para trabajar” determina, dice el INE, su condición de parados.
España ha perdido 474.500 ocupados en el último año y 133.500 activos. “Algunos se encuadran en jubilaciones, que no tienen el mismo relevo generacional en los que se incorporan a la edad de trabajar. Pero inquieta la nueva bolsa de exclusión que supone los que desaparecen de la búsqueda de empleo: sabemos de sobra que quienes se están quedando en casa de nuevo por cuidados son las mujeres y que quienes trabajan en sectores especialmente golpeados no pueden reengancharse a la recualificación si se quedan fuera del sistema. Si no figuran como demandantes de empleo, no existen. Las medidas de protección social y de reorientación laboral son ineficaces desde hace años, pero ahora deben responder a una situación de emergencia”, apremia Joaquín Pérez, secretario general de USO.
La industria y la construcción: pulso débil
Se ha destruido empleo en todos los sectores, salvo en agricultura. En él, crece la ocupación con respecto al trimestre de menos cultivos, el último del año. “Es habitual en este trimestre que caigan los servicios, al quedar encuadrada la Semana Santa en abril. Pero la industria y la construcción son sectores que indican el pulso económico, y es de seguir bajando en picado. Siguen sin aplicarse más medidas que las paliativas, los ERTE, y confiar en que se llegue a otro verano de poco virus y mucho gasto interior, pero el parte meteorológico no sirve para crear empleo, ni mucho menos empleo digno y duradero”, arguye Pérez.
El secretario general de USO acoge los nuevos datos “como un motivo más para pedir soluciones. Pasado mañana es el Día del Trabajo, y en él pedimos justo eso: trabajo, vuelta al trabajo, creación de puestos de trabajo, apuesta por los sectores que dan trabajo. Y que esta nueva crisis no se lleve las migajas que aún estábamos recogiendo de la anterior. Hay tanto destruido que no se puede hablar de recuperar el empleo, hay que reconstruirlo desde cero, con los cambios que se postergaron entre pelea electoral y pelea electoral”.
Tres tipos de contrato, privilegiando la contratación indefinida, tal y como defiende USO, pero muchas incógnitas en cómo se acometerá la reforma laboral y la capacitación para el empleo. El presidente del Gobierno ha presentado las líneas maestras del plan de recuperación postpandemia, a falta aún de mucha letra pequeña. Y esa letra pequeña, falta, sobre todo, en lo referente a la legislación laboral.
Sí parece un hecho, al fin, acabar con el catálogo interminable de tipos de contrato que han disparado los falsos temporales. “Menos del 6% de los contratos en 2020 fueron inicialmente indefinidos. El contrato más utilizado para evitar la relación indefinida con el trabajador es el de obra y servicio. Servicios que pueden llegar a durar décadas, lo que habla por sí mismo sobre la cualidad del trabajo: es estructural. Es una reforma inevitable, que llevamos años pidiendo y que el Gobierno debía acometer sí o sí, Europa o no mediante, tras el varapalo del Tribunal Supremo a este tipo de contratación“, argumenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.
El fracaso de los contratos de formación y la falta de causalidad en los temporales
“Claro que hay contratos que deben ser temporales, porque hay tareas y proyectos que sí están tasados en el tiempo”, deja claro el secretario general de USO. “Pero dejar tantas puertas abiertas a la falsa temporalidad ha permitido hacer costumbre y hacer pasar por legal millones de contratos que habrían dado mayor estabilidad laboral. La causalidad debe ser la única razón que justifique que un contrato sea temporal, y es correcto que haya un único contrato temporal: para trabajos que son temporales, así de simple. Pero ojo, la Administración debe promulgarlo y también cumplirlo. Las Administraciones son, en su conjunto, un nido de precarización y devaluación del empleo público”.
En cuanto al contrato de formación, “también se han ramificado demasiado y han demostrado su inutilidad para su fin principal: incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. Es imprescindible regular cómo es este aterrizaje y, a la vez, eliminar cualquier resquicio que permita cometer abusos, dignificando la figura del estudiante o trabajador en prácticas”, pide Pérez.
Las exigencias de Bruselas no pueden lastrar la reforma laboral
Más preocupante que la necesaria reforma de los contratos es, a ojos de USO, que se condicione la legislación laboral. “Llevamos años a vueltas con la reforma de la reforma. En programas electorales, en peticiones de los sindicatos mayoritarios que después ellos mismos pasan a un segundo plano… Ahora la derogo, ahora cambio lo más lesivo. No. España necesita un marco laboral del siglo XXI, que ya llevamos dos décadas en él. Ni reformar ni reescribir. Hay que construirla párrafo por párrafo. Pero no podemos aceptar chantajes para recibir los fondos europeos. No se pueden perder derechos laborales en ese camino”, advierte Joaquín Pérez.
De momento, el documento enviado a Bruselas “es lo suficiente ambiguo como para calmar a quienes apuestan por los recortes de derechos, pero lo suficientemente preocupante para quienes buscamos garantizarlos. Además, en USO nos tememos que el cambio en la legislación laboral, en la participación sindical y en la negociación colectiva se haga en el patio de atrás, a oscuras. Que cuatro personas decidan el futuro laboral de 20 millones de trabajadores y de otros 5 millones que ni siquiera encuentran trabajo. El Diálogo Social debe ser más transparente que nunca en este momento crucial y no está dando muestras de ningún aperturismo. Se acabó de aferrarse a una mesa para no cambiar nada”, reclama el secretario general de USO.
Las pensiones tampoco se salvan de la ambigüedad: “nos da vértigo que un tema crucial quede tan abierto. Sigue sin resolverse su financiación a futuro ni el intento equivocado de potenciar los planes de pensiones de empresa, que son la primera carga de dinamita al sistema público actual”, expone Pérez.
Los fondos europeos de formación para el empleo deben ser, sí o sí, gestionados por la Administración
“Los fondos europeos no son una barra libre ni financiación por la puerta de atrás”, Joaquín Pérez se muestra tajante en este aspecto. “Los fondos europeos que se dediquen a la formación para el empleo deben ser gestionados, como el resto de partidas, por la Administración. USO es inflexible en este punto. En el pasado, se despilfarraron millones de euros en financiar a los sindicatos mayoritarios y a las patronales por la puerta de atrás. Con nulos resultados en lo que se pretendía: recualificar a trabajadores para su reinserción laboral. Se han regalado ya fondos de reconversión, de planes mineros y directamente de los Presupuestos Generales del Estado y no ha habido reconversión. La formación para el empleo es vital, y mucho más con la brecha digital entre generaciones y la obsolescencia de los conocimientos de muchos trabajadores. No se puede jugar al Diálogo Social con el futuro de millones de trabajadores”.
Por ello, “USO entiende que hay dos partidas que no pueden separarse. La modernización y digitalización del SEPE y los servicios de empleo no puede ir bajo ningún concepto en un contenedor diferente a la formación para el empleo. Es el SEPE, el Ministerio de Educación o el organismo que se designe, pero siempre público, quien debe formar a los trabajadores con fondos públicos. Un sindicato es un sindicato, no un gestor de fondos”, zanja el secretario general de USO.
La sostenibilidad, la digitalización y una transición justa
Joaquín Pérez, no obstante, se complace del trazo grueso del destino que llevarán los fondos. “Estamos de acuerdo en las grandes áreas a las que irán destinados. La digitalización, las transiciones justas en los sectores obsoletos, la sostenibilidad de los proyectos, la investigación, etc. Son las políticas que desde USO marcamos como las líneas maestras del cambio productivo que debería estar en proceso. Era urgente y ya debería estar abordado. Pero, al menos, es mejor empezar ahora y apostar por él de forma decidida que postergarlo hasta que los acontecimientos nos atropellen de nuevo. Otra cosa es cómo se concretan muchos apartados, que siguen quedando flotando en la incertidumbre”.
“El contenido exacto de cada partida, ponderar qué capítulo precisa de más financiación, es algo que debe ser incluso flexible y revisable según se evalúen los cambios que se van introduciendo. Para ello será necesaria una coordinación y un análisis específico en todos los ámbitos: local, autonómico y estatal. Este proceso debe contar con mucha transparencia, porque en una cuestión en la que nos jugamos tanto no pueden ocultarse papeles o dosificar la información”, reclama el secretario general de USO.
El IPC ha registrado en marzo la mayor subida en dos años, de 1,3% con respecto al mismo mes de 2020 y del 1% mirando hacia febrero. La energía en general, tanto para el hogar como los combustibles para el transporte, es la encargada de disparar los precios en marzo, con porcentajes medios del 4% de aumento.
Dentro de una contención de los precios de los productos alimenticios, sigue destacando la subida que registran legumbres y hortalizas, una tendencia que se ha vivido durante toda la pandemia por covid.
“El precio de la energía es el gran lastre de este país para las familias y para la industria. Tenemos una electricidad del hogar muy por encima de nuestro poder adquisitivo medio, y siguen sin regularse mecanismos que abaraten y estabilicen sus precios. Un estudio de nuestra Federación de Industria recoge que el 65% de la factura de la luz son impuestos, y que aplicar un IVA superreducido, como bien imprescindible que es, la abarataría en un 17%. Nos parece que, en el contexto de empobrecimiento que estamos viviendo, es una de las medidas más rápidas y efectivas para atajar la pobreza energética”, expone Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.
La brecha de la alimentación: corregir el alza de costes agrícolas en origen
En cuanto a la alimentación, “venimos advirtiendo de que se está dando una brecha de nutrición saludable para las familias con menos recursos. El campo ha sufrido mucho la pandemia, con restricciones a la movilidad que han encarecido la producción, pero las compensaciones deben hacerse en origen para no condicionar así los precios del consumidor final. La dieta es la base de la salud y no puede consentirse una mala alimentación o carencias básicas, especialmente de los más pequeños, en nuestro país”, considera Estévez.
USO critica la falta de ambición de la Ley de Cambio Climático que contempla una reducción del 23% de las emisiones, muy por debajo de las demandas de la sociedad civil y Europa
El Congreso aprobó ayer la Ley de Cambio Climático. El borrador consensuado pasa ahora al Senado, donde se tramitará por vía de urgencia.
La ley contempla para 2030 una reducción de, al menos, el 23% de las emisiones respecto a los niveles de 1990. Desde USO consideramos esta reducción insuficiente, ya que supone una rebaja significativa de las demandas de la sociedad civil y la UE, que sitúa esta reducción en al menos el 55% de las emisiones.
Una insuficiente Ley de Cambio Climático
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es la primera norma dedicada específicamente a la mitigación y adaptación de España frente a la crisis climática.
Se trata de una ley para que España cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento. El objetivo es alcanzar en 2050 la neutralidad climática. Esto significa que para mediados de siglo se tendrá que haber prescindido prácticamente de los combustibles fósiles.
La tramitación de esta ley es un gran paso para España, uno de los países europeos más expuestos a los impactos negativos de la crisis climática. Sin embargo, plantea varios aspectos decepcionantes en lo relativo a sus objetivos a corto plazo.
Para lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050, la ley presenta uno intermedio en 2030 que consiste en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 23% respecto a 1990. Este objetivo se revisará periódicamente y la primera revisión será en 2023. Este es el aspecto que más críticas ha suscitado por parte de las organizaciones ecologistas, que tildan los objetivos intermedios de “poco ambiciosos”. Sobre todo, si lo comparamos con la meta fijada por la UE de reducción de las emisiones para el 2030 del 55%. El Gobierno justifica esta rebaja por el retraso en la aprobación de una norma específica para cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2016. El objetivo global para 2050 es lograr la neutralidad climática, pudiendo emitir únicamente gases que puedan ser captados por los sumideros, como los bosques.
No obstante, este retraso en la legislación española para alcanzar los objetivos fijados a nivel europeo e internacional, debe suponer un impulso a la hora de actuar de forma más ambiciosa en la lucha contra el cambio climático. La ley presentada fijó los objetivos con anterioridad a la pandemia. Pero la crisis que estamos padeciendo ha venido a demostrar la necesidad de actuar con determinación para lograr una recuperación y transformación reales.
Participación social y responsabilidad civil
Otro aspecto a resaltar acerca de la tramitación de la ley de Cambio Climático es la falta de participación de los distintos actores sociales y sindicales. Para elaborar una ley realmente eficaz es necesario contar con distintas voces de la sociedad civil. Desde las ONG ecologistas hasta los sindicatos que, como es el caso de USO, participan en diferentes planes territoriales de transición justa.
Estos planes deben servir para garantizar la descarbonización de la economía, asegurando la transformación del empleo hacia puestos de trabajo sostenibles y de calidad. Por ello, sindicatos de toda Europa defendemos que es posible la transformación de las economías al tiempo que se posibilita la creación de empleo. Así quedó plasmado en la reciente guía de adaptación al cambio climático y al mundo laboral, elaborada por la Confederación Europea de Sindicatos.
La responsabilidad civil de las empresas en materia medioambiental es otro aspecto clave que deben contemplar las leyes que regulen la mitigación y adaptación al cambio climático. Es necesario que se exijan responsabilidades a aquellas empresas que destruyan el medio ambiente o aceleren el cambio climático. Una demanda recogida por la UE, y respaldada por USO, a través de los recientes avances en la legislación sobre debida diligencia obligatoria.
Los fondos europeos -Next Generation EU- y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se está elaborando a nivel nacional, van a determinar el modelo de desarrollo de las próximas décadas. Un modelo que la UE contempla que esté basado en la digitalización y la descarbonización.
Es por ello que necesitamos que las políticas públicas en materia de cambio climático estén a la altura de las transformaciones que nuestra economía necesita. La Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible deben ser la base sobre la que estructurar los cambios. Y la voluntad política debe ir acorde a los retos que se nos plantean si queremos avanzar hacia un mundo justo y sostenible.
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