Novedades de la Ley de Infancia, que entra en vigor hoy, y ofrece protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Ley de Infancia, que pretende proteger a la infancia y la adolescencia sobre todas las formas de violencia y malos tratos, ya está en marcha. Incluye medidas como la eliminación del síndrome de alienación parental, el aumento de tiempo en la prescripción de los delitos de violencia sexual a menores o la formación de profesionales en materia de infancia.

La que se conoce como Ley de la Infancia entra en vigor a partir de hoy, 25 de junio. Esta incluye una batería de medidas que buscan luchar contra la violencia ejercida sobre niños y adolescentes y, en la medida de lo posible, erradicarla. Es una ley abierta a críticas y modificaciones, así lo ha hecho constar el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que ha elaborado la ley.

Desde USO celebramos la aprobación de dicha ley cuyos aspectos siempre hemos reivindicado, e instamos a las instituciones a actuar de forma coordinada para hacerla efectiva. Asimismo, pedimos una mayor colaboración público-privada para conseguir un mayor alcance de las medidas acordadas así como un seguimiento y evaluación exhaustiva de los resultados que genere la ley.

“Es importante reconocer las necesidades de nuestros niños y adolescentes sobre el papel, así como actualizar la información de la que disponemos, pues solo así conseguiremos una sociedad realmente más sana y más respetuosa. Desafortunadamente, ser menor no te libra de la violencia y, por el contrario, te hace más vulnerable a ella”, recuerda Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.

La necesidad de proteger la infancia

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se aprobó con un amplio consenso en el Congreso. Cuenta con una dotación de aproximadamente 70 millones de euros para su implementación.

Su principal objetivo es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de violencia. Todo ello, través de una serie de medidas de protección integral que incluyen desde la detección precoz hasta la reparación de daños.

La tramitación de la Ley llegó tres años después de que en 2018 el Comité de Derechos del Niño reiterara la necesidad de aprobar una ley integral de violencia sobre la infancia en nuestro país. Una ley que cumpliera con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que siguiera la línea de la Ley estatal de Violencia de Género, los objetivos de la Convención sobre los Derechos del niño de la ONU y la Agenda 2030.

La Ley de Infancia pretende:

  • Proteger de la violencia a todos los niños y adolescentes sin tener en cuenta su color de piel y origen social.
  • Proveer de reconocimiento jurídico total a las personas con discapacidad.
  • Revisar el funcionamiento de las instituciones de protección a los menores de edad.
  • Realizar actuaciones de prevención y erradicación de la violencia en ámbitos como la educación superior, el ámbito sanitario, el deportivo o los asuntos sociales.
  • Incorporar la perspectiva de género.
  • Reformar varios apartados del Código Civil y el Código Penal, con el fin último de actuar contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

Una ley amplia

La ley se edifica en 60 artículos e incluye:

  • La prohibición de algunas prácticas llevadas a cabo en los centros de protección de menores, consideradas violentas, como los desnudos integrales a la hora de determinar la edad en los menores no acompañados.
  • Aumento del tiempo para la prescripción de los delitos de violencia sexual hacia los menores: el contador empieza cuando la víctima cumple los 35 años, para asegurar que las víctimas puedan denunciar por sí mismas y sean escuchadas.
  • Eliminación del SAP (Síndrome de Alienación Parental) que carece de aval científico y posee un sesgo machista.
  • Suspensión del régimen de visitas al progenitor a los niños que hayan asistido a episodios de violencia machista o maltrato, aunque la decisión será igualmente judicial.
  • Creación de nuevos tipos delictivos relacionados con las nuevas tecnologías (violencia digital), que pueden ser utilizadas para hacer daño a los menores.
  • Formación especializada en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para los profesionales que habitualmente trabajan o tienen contacto con menores. Por ejemplo, los docentes o trabajadores de la atención jurídica gratuita.

Garantía Infantil Europea

Además de esta normativa nacional, el 22 de junio el Consejo Europeo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la recomendación 2021/1004 de 14 de junio de 2021 por la que se establece la Garantía Infantil Europea con el fin de prevenir y combatir la exclusión social de los menores necesitados, la lucha contra la pobreza infantil y el fomento de la igualdad de oportunidades garantizando el acceso de los mismos a un conjunto de servicios clave, contribuyendo además a la defensa de los derechos del niño.

Esta recomendación, no vinculante jurídicamente, se aplica a niños necesitados menores de 18 años que se encuentren en riesgo de pobreza exclusión social y recomienda a los Estados miembros que garanticen a los niños necesitados el acceso efectivo y gratuito a la educación infantil y atención a la primera infancia de alta calidad; a la educación y a las actividades escolares; a una comida sana, como mínimo cada día de escuela; a la asistencia sanitaria y a una vivienda adecuada.

Estos servicios deben ser gratuitos y fácilmente accesibles para los niños que lo necesiten. Cada Estado debe tener en cuenta a los menores procedentes de entornos desfavorecidos, los que no tienen casa, los que sufren alguna discapacidad, los que están en situación familiar precaria, los migrantes, los que pertenecen a minorías raciales o
étnicas o los que reciben cuidados alternativos.

La financiación se llevará con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, InvestEU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Desde USO consideramos de gran importancia esta recomendación en pro de la defensa de los derechos de los niños en Europa, pues de la calidad y del bienestar de los niños de hoy dependerán las generaciones del futuro. Según El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, «antes de la pandemia, el 22% de los niños de la UE corría el riesgo de sufrir pobreza o exclusión social”. Situación que ha empeorado aún más tras la crisis sanitaria. En USO esperamos que España,  como estado miembro, dé buen destino de forma eficaz y transparente a estos posibles fondos para mejorar los derechos de los niños españoles.

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