USO reivindica la implicación de las instituciones para implementar estrategias de inclusión y mediación intercultural para la acogida de migrantes.

La inmigración ha sufrido cambios a nivel global a consecuencia de la crisis del covid-19. Concretamente, las entradas en Europa desde el continente africano se han visto modificadas y ha habido una transferencia del flujo migratorio hacia la ruta de las Islas Canarias, la más peligrosa para entrar a Europa.

La situación de las personas migrantes en España, especialmente de los menores, se ha visto agravada por las difíciles condiciones sanitarias en las que se encontraba nuestro país, así como por una falta de estrategia para afrontar los cambios migratorios.

La política migratoria y la cooperación al desarrollo para evitar los grandes éxodos llevan años enquistadas a nivel europeo. Las soluciones a las grandes crisis humanitarias han sido lentas, sin consenso y se han dejado demasiadas vidas por el camino. Y, además de las acciones, también es necesario cuidar los mensajes y el lenguaje que se utiliza para hablar de inmigración, para que siempre quede por delante el respeto a los derechos humanos y que las personas que emigran no pueden ser cosificadas o criminalizadas.

España como destino clave para la llegada de migrantes

Nuestro país, por su situación geográfica, se encuentra especialmente expuesto a los movimientos migratorios irregulares desde el continente africano a la Unión Europea. Todos los años sin excepción miles de personas dejan todo atrás y arriesgan su vida por cruzar a España. En 2020, en un contexto marcado por el auge de la pandemia, la migración ha sido más intensa si cabe, aunque con una particularidad con respecto a años anteriores.

Según datos del Ministerio del Interior, 41.861 migrantes han entrado en España en situación administrativa irregular en 2020, frente a los 32.449 del año anterior, lo que supone un incremento del 29%. Además, las tendencias han cambiado. Una inmensa mayoría de migrantes entraron en España por vía marítima: un total de 40.106 frente a los 1.755 que entraron por vía terrestre. En 2019 entraron 26.103 por vía marítima y 6.346 por vía terrestre.

El foco de la inmigración ha sido Canarias, un primer destino para más de la mitad de los migrantes procedentes de países africanos, para 23.023 migrantes. Desde 2006 no se veía tal flujo de llegada al archipiélago canario, año en el que llegaron más de 30.000 personas.

Crisis del covid-19, determinante en el cambio migratorio

El flujo migratorio en el continente africano es continuo y las diferentes rutas actúan de vasos comunicantes. Las rutas más habituales a Europa son la turca, a través de la cual se llegaba hasta Grecia; la de Libia, por la que se acababa en Italia; y en la zona más occidental, Ceuta y Melilla, por la que se pasaba a la Península Ibérica.

No obstante, desde las instituciones europeas y españolas ya se preveía un cambio de los flujos migratorios en 2020. A pesar del incremento, las llegadas a Ceuta y Melilla por la ruta occidental sufrieron un descenso del 70% y las de canarias aumentaron en un 800%, lo que significa que ha habido una transferencia del flujo migratorio. La principal razón por la que se ha producido este cambio tiene que ver con el impacto de la covid-19 en África. Países como Marruecos o Senegal, que viven fundamentalmente del turismo, han sufrido consecuencias tales como el aumento de paro y la pobreza. En los meses de septiembre a diciembre, se dispara la llegada de personas desde África Occidental.

Cabe destacar que, al esfuerzo de las autoridades por ayudar a los migrantes en su llegada a los países de origen se le une el intento de frenar la transmisión del covid-19.

Por ejemplo, las fuerzas de salvamento marítimo o SASEMAR han sido claves tanto en el rescate de personas que se acercaban a las costas españolas como en ser la primera barrera para la transmisión del covid-19, ya que han trabajado bajo un protocolo de seguridad para detectar casos entre los migrantes.

Tanto los centros de menores como los alojamientos de emergencia para adultos se han visto colapsados, haciéndose notable la falta de recursos de los que disponen. El hacinamiento en los centros ha provocado que el covid-19 termine por colapsar unas instalaciones abandonadas por las instituciones.

La ruta de Canarias, la más peligrosa

La ruta de entrada a Canarias, por la que han entrado la mayoría de migrantes a España este año, es la más peligrosa para llegar a Europa. Mueren en ella 1 de cada 26 personas que llegan, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Este año han viajado más de 23.000 personas en 746 embarcaciones por esta ruta. De estos migrantes, un 80% eran hombres frente a un 20% de menores y mujeres. Las principales nacionalidades son Marruecos, Mali, Guinea, Costa de Marfil y Senegal.

Tras el cierre del campamento del Puerto de Arguineguín (Las Palmas), donde según el Defensor del Pueblo se proporcionaba un trato inhumano a los migrantes, se alojó a 2.600 personas en plazas hoteleras como solución provisional y se crearon otros campamentos de acogida en la isla. Este “Plan Canarias” se ha basado en una política de bloqueo y contención, como mecanismo disuasorio. Las principales consecuencias son la cronificación en el tiempo de la situación de estas personas, la precarización, frustración generalizada, dificultades de convivencia, abandono de campamentos, personas sin hogar en zonas urbanas, etc.

Desde USO consideramos necesario que el Gobierno central y la UE se coordinen para evitar que los campamentos se conviertan en una situación permanente para esas personas y que se aporten los medios necesarios para que estas puedan o retornar a sus países o viajar al país destino.

Drama humanitario en Ceuta

La crisis del puesto fronterizo del Tarajal, entre Ceuta y Marruecos, ha provocado un drama humanitario que España y Unión Europea deben solucionar respetando los derechos humanos por encima de analizar las causas o buscar responsables políticos o diplomáticos.

El paso hacia España a través de Ceuta es uno de los puntos geopolíticos más importantes de todo el mundo, con infinidad de movimientos migratorios diarios que en muchas ocasiones son el reflejo de grandes crisis humanitarias.

Las imágenes que vimos en el mes de mayo han materializado la traumática experiencia de las personas que cruzan la frontera. A la acumulación de personas en la playa de Ceuta, sin los recursos más elementales, y al número desconocido de muertos o desaparecidos, se suman las devoluciones en caliente y la separación de menores de edad de sus padres. Menores cuyo futuro está en el aire.

En este sentido, desde USO recordamos algo obvio: son menores. En ningún momento pueden ser señalados ni estigmatizados, ni convertirse en diana de ataques de odio, racistas o xenófobos. La protección de la infancia no puede entender de fronteras ni de origen. Es, de todos los dramas a los que hay que dar respuesta en esta crisis, el prioritario.

La vulnerabilidad de los menores

Si el escenario actual es complicado para los adultos, los menores de edad son uno de los grupos que más dificultades puede encontrarse, viéndose agravada su situación por la pandemia. En España, estos ingresan en centros de menores en los que se les facilitan una serie de recursos básicos, gestionados por las diferentes comunidades autónomas. En ocasiones, algunos centros realizan programas de acompañamiento social a los jóvenes u ofrecen prestaciones económicas para dar unas mayores oportunidades a los extutelados cuando salgan a la calle.

Sin embargo, en muchos de estos centros, los jóvenes que cumplen 18 años son expulsados de los centros, muchas veces sin una alternativa habitacional. Esta práctica ha sido denunciada por asociaciones como Unicef, que pide un plan nacional y un mayor número de recursos para proteger a los miles de menores tutelados.

Debido a la pandemia, varias comunidades decidieron eliminar, al menos temporalmente, la norma por la cual un inmigrante debía abandonar el centro con 18 años. Con ello se ha buscado evitar la exposición a una situación de exclusión social a jóvenes sin recursos. Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco o Andalucía, junto con las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, tomaron la decisión de seguir acogiendo a los migrantes hasta que se restablezca una situación de normalidad. Sin embargo, volvemos a ver imágenes como las de migrantes ex tutelados viviendo en una plaza de toros.

Diferentes opiniones sobre la migración en España

Aunque es cierto que existe una amplia concienciación en la sociedad sobre los problemas de las personas migrantes, las opiniones sobre la inmigración en España, especialmente en una situación como la actual, se encuentran divididas.

Por un lado, existe cierta tolerancia a la inmigración. Así lo señala un estudio de Sigma Dos de 2019: un 65% de los encuestados estaría de acuerdo en aumentar la población inmigrante y promover más vías legales para la llegada de personas de otros países. Además, España cuenta con una gran cantidad de asociaciones, iniciativas y ONG para ayudar a inmigrantes, se encuentren o no en situación regular, brindando desde recursos básicos como alojamiento o comida hasta asesoramiento jurídico de forma gratuita.

Por otro lado, el discurso anti-inmigración ha cobrado fuerza tanto en la sociedad como en instituciones políticas de todo el continente europeo. En esta línea, los delitos de odio contra migrantes aumentaron en España un 20,9% de 2018 a 2019, y en 2020, con datos provisionales, continuaron creciendo. Una mala gestión migratoria no solo afecta a las personas migrantes sino también a la sociedad de acogida.

Para frenar este tipo de discursos es preciso fomentar una concepción real del problema y facilitar un conocimiento profundo sobre los movimientos migratorios. Por ejemplo, las migraciones desde África no tienen como destino mayoritario Europa y solo un 26% acaba en nuestro continente, según el informe African Migration Report.

Reivindicación de USO

La inmigración es un hecho inherente a la condición humana. Todos somos, o hemos sido migrantes alguna vez. Los movimientos migratorios actuales responden a grandes cambios sociales, políticos, económicos y ambientales. No podemos mirar hacia otro lado ante la situación tan compleja que sufren muchas personas en todo el mundo y debemos eliminar cuanto antes la desafortunada dicotomía nosotros/ellos al referirnos a la migración.

Por ello, desde USO consideramos necesaria la implicación total de las instituciones para implementar estrategias de inclusión y mediación intercultural para la acogida de personas migrantes. Igualmente, es necesario frenar bulos y fomentar la solidaridad para potenciar la contratación estable y de calidad de estas personas, especialmente vulnerables. El hecho de que los permisos de residencia aún sigan supeditados a la obtención de un trabajo, sitúa a estas personas en riesgo de exclusión social con un importante riesgo de explotación laboral. Por ello consideramos urgente la necesidad de implementar políticas que faciliten la migración, la contratación y acceso al empleo legal, con fórmulas que eviten la explotación social de las personas migrantes.

Sería necesario también que se estudien desde las instituciones los posibles cambios migratorios y las posibles situaciones para, de esta forma, actuar con antelación.

Además, es importante hablar de ello sin deshumanizar a las personas migrantes, evitar transmitir caos, dispersión o violencia, así como repensar las propuestas en materia de asilo y refugio.

En el marco de la actividad sindical de USO, el sindicato participa en el proyecto de inserción socio laboral para personas inmigrantes cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

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