El Comité Asesor Sindical de la OCDE (TUAC) ha organizado una webinar para analizar el impacto del COVID-19 en el empleo que contó con la participación de Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible del sindicato, y de Laura Adam, técnica adscrita a la Secretaría.

La ponencia fue impartida por Steffano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, que comenzó explicando los tres pilares que se estaban abordando de forma simultánea en esta crisis: contener la pandemia, reducir el impacto y preparar la recuperación.

Los países están tomando distintos tipos de medidas para tratar de proteger a los trabajadores del impacto del covid-19 en el empleo. Entre ellas: reducir la exposición al virus de los trabajadores, la percepción de rentas para las personas que enfermen o se queden sin empleo y medidas para la conciliación familiar, así como fórmulas para agilizar el trabajo parcial o desempleo temporal (como los ERTE en España, pero también el Kurzarbeit en Alemania, el Chômage Partiel en Francia o la Cassa Integrazione en Italia). Estas fórmulas están orientadas a evitar los despidos masivos y asegurar los sueldos durante un periodo determinado.

Importancia de la negociación colectiva para minimizar el impacto del covid-19 en el empleo

Sin embargo, este tipo de medidas para proteger a los trabajadores no están siendo tomadas de forma tan mayoritaria como las relacionadas con las ayudas económicas a las empresas (el 92% de los países las han adoptado). En esto los sindicatos juegan un papel clave a la hora de acordar políticas que protejan a los trabajadores y a las personas más vulnerables en esta crisis. Este rol de negociación se está dando en buena parte de los países europeos, aunque falta por determinar lo que ocurrirá a más largo plazo.

Según Scarpetta, la negociación colectiva se va a situar a partir de ahora como la forma más eficaz para mejorar la resiliencia y la adaptabilidad del mercado de trabajo al impacto de la crisis. Algo que preocupa especialmente a los países del Sur, que cuentan con una mayor proporción de formas de trabajo no estándar.

Ante esto y la extensión en la duración de la crisis con unas medidas de distanciamiento que podrían alargarse durante 12-18 meses hasta el hallazgo de la vacuna, deben reforzarse los sistemas de protección social afirma Scarpetta.

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