A pesar de las diferentes medidas que pretenden proteger el empleo y evitar los despidos, el coronavirus covid-19 sí ha afectado en este sentido y cada despido, por falta de jurisprudencia, ha sido estudiado de forma individual para decretar si era improcedente o nulo.

Desde que se desencadenó la crisis sanitaria y la declaración del primer estado de alarma, se han aprobado diferentes medidas económicas y de cobertura social frente al impacto del covid-19. A través del RD-Ley 8/2020, se regularon medidas excepcionales que facilitan las suspensiones temporales de contrato, los ERTE, para evitar la destrucción de empleo. Pero no se tomó ninguna medida concreta para luchar contra los despidos individuales que podrían producirse por causas asociadas al coronavirus.

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