La Asociación de Fiscales ha reclamado al Ministerio de Justicia el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Entre sus peticiones destacan:

  • Establecer una estructura organizativa de la prevención, organización preventiva de la actividad, elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos y la gestión del Plan de prevención de riesgos laborales.
  • Establecer un órgano de gestión en el Ministerio de Justicia que vigile el cumplimiento de los planes de prevención y de las medidas contempladas. El art. 10 del RD 67/2010 establece que corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como organismo científico técnico especializado de la Administración General del Estado, el control periódico de los sistemas de gestión de las distintas administraciones.
  • Establecer el sistema de participación, consulta e información de los Fiscales, recogido en los arts. 4, 5 y 6 del RD 67/2010 a través de las figuras de los Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud.
  • Elaborar un estudio completo de cargas de trabajo de los fiscales que evite situaciones de exceso de carga laboral y elaborar la relación exhaustiva de riesgos laborales que incluya un catálogo de enfermedades laborales (estrés, depresión, ansiedad, problemas de visión, enfermedades cardiovasculares, covid-19). La evaluación de riesgos laborales, con los estudios pertinentes, determinará las medidas preventivas asociadas a los riesgos que sufren en sus puestos de trabajo.
  • Establecer para toda la Carrera Fiscal los planes de formación y sensibilización necesarios, de manera que todos los fiscales conozcan los riesgos laborales a los que están expuestos y cómo afrontarlos, evitarlos y/o prevenirlos. Regular las situaciones de especial sensibilidad con adaptación del puesto de trabajo y contemplar procedimientos específicos de protección del embarazo, riesgo durante el mismo y postparto; así como políticas especiales de prevención. La Disposición adicional séptima de RD 67/2010 establece que para todas las cuestiones no reguladas en ese real decreto deberá estarse a lo dispuesto en la normativa general y específica de prevención de riesgos laborales, en este caso, los arts. 19, 25 y 26 LPRL.
  • Diseñar un protocolo sobre aspectos de prevención de riesgos profesionales en el actual contexto de emergencia y crisis sanitaria que contemple una guía de buenas prácticas para la actividad laboral de fiscales y la adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios de covid-19 en las sedes de Fiscalía con previsión de medidas tanto individuales como colectivas que deberán adaptarse y actualizarse en función del avance de la pandemia.
  • Además, denuncian que la determinación de contingencias por estrés, depresión, ansiedad, problemas de visión y enfermedades cardiovasculares sean declaradas profesionales ya que pierden prestaciones y quedan “ocultas”.

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