El Gobierno aprueba medidas urgentes para la lucha contra la violencia de género

El Gobierno aprueba medidas urgentes para la lucha contra la violencia de género

Se aprueba por el Gobierno  un catálogo de 15 medidas urgentes para la lucha contra la violencia de género. Destaca la elaboración de un plan específico enfocado a los menores como víctimas de esta violencia

Ante la reciente escalada de violencia de género en los últimos meses, así como los últimos acontecimientos que han intensificado el debate sobre la violencia vicaria, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas. Se trata de un conjunto de 15 medidas con las que se pretende frenar esta tendencia y mejorar la lucha contra esta lacra social en el futuro.

Previamente a estas medidas, durante el mes de junio, el Ministerio de Igualdad realizó un diagnóstico preliminar de la situación a partir de datos y propuestas provenientes de asociaciones que trabajan con víctimas de violencia de género, de la Delegación del Gobierno y los ministerios competentes.

Dicho diagnóstico manifiesta la necesidad de reforzar las actuaciones en 6 ámbitos fundamentales, de los que emanan las medidas:

  • la prevención y la sensibilización,
  • la detección temprana,
  • la autonomía económica y vivienda para las víctimas,
  • la violencia vicaria y protección de los menores víctima de violencia de género,
  • la protección y la seguridad de las víctimas, y
  • la coordinación interinstitucional y la formación.

Aunque el plan ha sido promovido por el Ministerio de Igualdad, las medidas se han llevado a cabo desde cinco ministerios: Igualdad, Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales. USO celebra esto pues solo desde la estrecha colaboración entre administraciones y organizaciones de distintos ámbitos se puede hacer frente a esta violencia.

Medidas contra la violencia de género

Algunas de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra la violencia de género son:

  • Campañas de sensibilización para la población general frente a la violencia de género.
  • Actuación sobre los perfiles en redes sociales que fomenten la violencia. Esto será posible gracias a acuerdos de colaboración con las grandes compañías de internet.
  • Medidas para reforzar la detección prematura de la violencia de género en espacios comunes: lugares de trabajo, farmacias, atención primaria, servicios sociales, educativos y servicios consulares.
  • Ventanilla única para la violencia de género: para canalizar las demandas y proporcionar una atención más especializada. Todas las administraciones competentes gestionarán de forma separada aquello que tenga que ver con la atención, la reparación y el acompañamiento de las víctimas y su entorno.
  • El Gobierno pretende hacer frente a la violencia vicaria con un primer plan específico enfocado a los menores víctimas de la violencia de género, que se denomina “Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género”. El secuestro y asesinato de Anna y Olivia por parte de su padre ha supuesto un punto de inflexión y un mayor debate acerca de la violencia vicaria, aquella que se ejerce sobre los hijos para hacer daño a la madre.
  • Cursos de formación especializada para las fuerzas de seguridad. Se pretende reforzar el carácter transversal y multidisciplinar de las acciones formativas y dotarlas de un carácter obligatorio, certificado y reglado.
  • Refuerzo de los protocolos de actuación, coordinación y actuación interinstitucional a través de la elaboración de una guía. Todo ello orientado a la colaboración de instituciones y poderes públicos.

28 mujeres asesinadas en 2021

En lo que va de año, 28 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, 19 solo en menos de 3 meses, desde que decayó el estado de alarma. Este hecho no constituye un caso aislado, pues todos los años sin excepción ocurre lo mismo.

Desde USO esperamos que con este acuerdo se ponga fin a los asesinatos de las mujeres y sus hijos a manos de sus parejas o exparejas. Hay que empezar a poner el foco en el agresor y educar y sensibilizar a toda la población para que se ejerza, además de las medidas legales, esa condena social ante todo tipo de violencias hacia las mujeres. La violencia machista es un problema social grave, ya no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial para el que todo trabajo es poco para erradicarlo.

 

Acuerdo presupuestario de 100 millones de euros para Violencia de Género

Acuerdo presupuestario de 100 millones de euros para Violencia de Género

Se acuerda presupuesto para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 100 millones de euros que se repartirá a las autonomías. En lo que llevamos de año, 17 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo presupuestario para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se repartirán 100 millones de euros a las comunidades autónomas para su ejecución. Si bien celebramos esta dotación económica, queda que se renueve y revise el Pacto de Estado de forma consensuada.

El presupuesto aprobado pasará por la Conferencia Sectorial de Igualdad para su ratificación y aprobación de los criterios de reparto. Los 100 millones de euros se destinarán fundamentalmente a mejorar las redes de servicio y apoyo a las víctimas (protocolos, herramientas y acompañamiento); a propiciar su inserción sociolaboral; reforzar la atención a los menores y la formación especializada de agentes, en el ámbito educativo y los medios de comunicación.

Además, el Ministerio de Igualdad pretende modernizar y convertir en permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consensuado en 2017 y con vigencia hasta 2022. Se estima que la revisión del pacto estará lista para el primer trimestre de 2022 y que buscará, entre otros objetivos, ampliar la tipología de violencias ejercidas contra las mujeres.

En lo que va de año ya son 17 las mujeres que han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y 1.091desde 2003. Además, dejamos atrás un mes que ya se conoce como el más negro de la violencia machista, en el que han sido asesinadas 7 mujeres y un menor.

Desde USO creemos que el mantenimiento del Pacto de Estado es más necesario que nunca. Los datos muestran que, a pesar del cambio en las dinámicas de violencia durante el estado de alarma, la violencia machista sigue ahí. Para ello, la coordinación entre las diferentes instituciones implicadas es fundamental. Además, se hace necesaria una revisión del Pacto, pues las medidas existentes para proteger a las mujeres salvan vidas pero ya hemos visto durante el último mes que no se ha llegado a tiempo en todos los casos.

Es importante además que se comience a poner el foco sobre el agresor no solo sobre la víctima. En cualquier otro tipo de delito no se cuestiona si la víctima es hombre o mujer, si lleva vestido o corbata.

Asimismo reivindicamos que se amplíe y se refuerce la formación de profesionales con perspectiva de género, tanto en grados y posgrados universitarios, como a jueces, fiscales y policías que ya están ejerciendo, tal y como exige la Ley de Igualdad en su artículo 25 y que lleva 17 años sin cumplirse.

Es necesaria también una mayor flexibilidad de los fondos que llegan a las entidades locales -que son las que se encuentran más cerca del ciudadano- o que se refuercen los mecanismos de protección a las víctimas en primera línea. Así mismo que se mantenga el discurso de apoyo institucional a las víctimas, pues el mensaje que les llega es vital para evitar la perpetuación de la violencia machista.

En España siguen creciendo los delitos sexuales y las agresiones con penetración

En España siguen creciendo los delitos sexuales y las agresiones con penetración

En el primer trimestre se contempla  un aumento de los delitos sexuales en todos sus epígrafes

En España continúan creciendo los delitos sexuales. En el primer trimestre de 2021, según el portal de Criminalidad del Ministerio del Interior, este tipo de delitos aumentó un 7% con respecto al primer trimestre del año pasado. Un trimestre, el de 2020, en el que aún “vivimos de forma normal”, pues solo la última quincena de marzo se vio afectado por el estado de alarma y la casi imposibilidad de contacto físico fuera de los hogares.

El 2020, se contabilizaron 3.223 delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los primeros meses. En 2021, esa cifra ha crecido hasta los 3.448. No obstante, el comportamiento por comunidades autónomas ha sido muy desigual: de casi duplicarse en Cantabria a reducirse un tercio en Navarra. Han crecido especialmente en Cataluña y en Comunidad Valenciana y, en términos porcentuales, en Ceuta y Castilla-La Mancha, aunque supone menos casos de más que en las dos anteriores por su menor peso poblacional.

Se disparan las alarmas sobre la protección a la mujer: suben las agresiones con penetración

Por el tipo de delito, la mayor subida porcentual se da en las agresiones sexuales con penetración, que crecen un 11,2%. En 2020, estos datos conjuntos de todos los Cuerpos registraron 383 crímenes de este tipo. En los mismo meses de 2021, sin embargo, la cifra ha crecido hasta los 426.

Ningún delito sexual es menor, pero el de penetración resulta sin duda el más violento y traumático. La protección a la mujer y a los menores está fallando. Lejos de aminorarse unas agresiones que deberían desaparecer, han crecido este tipo de delitos. Ni las leyes ni su desarrollo son suficientes. No podemos centrarnos en lo punitivo, sino en lo preventivo, y España carece de cultura en educación sexual”, denuncia Dulce María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad.

En porcentajes, se han disparado las cifras en Extremadura, Asturias y Cantabria, las primeras triplicando y la tercera, casi. Aunque en cifras netas de delitos el aumento pueda considerarse poco reseñable (entre los 3 casos de Cantabria y los 6 de Extremadura), “se trata de una tendencia muy peligrosa. Hablar de que se duplican o triplican los casos de violencia sexual tan explícita demuestra los fallos de protección integral de las víctimas”, ahonda Moreno.

Navarra, Castilla-La Mancha y Euskadi han duplicado las cifras o están cerca de ese aumento. Sin embargo, en número de casos el mayor ascenso se da en Cataluña. Aunque como porcentaje supone una subida de un tercio, ha habido 29 delitos más de este tipo que en 2020 (119 frente a 90). Solo Ceuta y Melilla carecen de crímenes computados en este trimestre, y en La Rioja se registró 1.

Un conjunto informe que necesita desarrollo y tipificación son los delitos sexuales.

Todos las demás agresiones se recogen bajo el epígrafe “Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. Estos han crecido un 6,4%, de 2.840 a 3.022.

“Esta estadística es un batiburrillo de delitos de todo tipo, desde tocamientos hasta acoso sexual en redes sociales. No se pueden establecer medidas eficaces para luchar contra cada tipo de delito si no se conocen en profundidad. Aunque detrás de todos ellos hay el mismo problema social de la desigualdad de la mujer, las herramientas deben ser diferentes. En USO nos preocupa especialmente la indefensión ante los delitos sexuales cibernéticos porque, además de estar en aumento, carecen de una tipificación específica y un encuadre en la violencia de género”, recuerda la secretaria de Formación Sindical e Igualdad.

Desciende la violencia de género y aumenta la doméstica; Estadística INE 2020

Desciende la violencia de género y aumenta la doméstica; Estadística INE 2020

El INE ha publicado la Estadística Anual de Violencia Doméstica y Violencia de Género para el año 2020. Según las cifras oficiales, el número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó en un 8,4%. La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. Y el número de víctimas de violencia doméstica creció un 8,2%.

Las víctimas contabilizadas de violencia de género en el año 2020 disminuyeron un 8,4%. En total, 29.215 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Según los expertos, este descenso no se debe a una disminución real de la violencia sino a una mayor dificultad para denunciar. La principal prueba de ello es que el descenso de órdenes de protección y medidas cautelares, mucho más pronunciado durante el confinamiento domiciliario, vino acompañado de un significativo aumento en las consultas telemáticas por teléfono al 016 y correo electrónico, un 41,4% y un 450,5% respectivamente con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Igualdad.

Menos víctimas, no menos violencia de género

Los datos cuantitativos que publica el INE, que a su vez provienen del Ministerio de Justicia, no conforman toda la realidad. Una menor cantidad de víctimas registradas no significa necesariamente menos violencia de género. Por el contrario, la situación derivada de la covid-19 ha sido un impedimento para muchas mujeres que sufren violencia de este tipo. Algo en lo que coindicen la mayoría de los expertos en materia de género y que hemos oído directamente de mujeres. No solo el 016 no ha dejado de sonar. Por ejemplo, el teléfono andaluz de atención a mujeres recibió un récord histórico durante el estado de alarma con más de 18.000 llamadas y se han derivado a 215 mujeres a casas de acogida.

Por otro lado, si bien los datos publicados por las diferentes instituciones con competencias en materia de género pueden servirnos de utilidad para identificar ciertas tendencias (la cantidad de denuncias, denuncias por territorio, perfiles de víctimas y agresores…etc.), debemos entender su limitación. Un problema tan complejo como es la violencia de género, que hasta hace no mucho se confundía con violencia doméstica, no debe ser entendido desde un único punto de vista. La interpretación debe realizarse a partir del conjunto, por lo que la coordinación entre las diferentes instituciones públicas y entre estas y asociaciones de la sociedad civil debe ser óptima.

Desde USO, a través de nuestra CRS seguimos mostrando nuestro apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género por invalidez o fallecimiento, en el caso de que los sistemas oficiales fallasen. Además, desde la negociación colectiva es posible tomar medidas que protejan a las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género, así como medidas que les faciliten el poder salir de esa situación poniéndoselo más fácil en el entorno laboral. Por ejemplo, facilitando bonos o permisos para ir a psicólogos, cambios de centro de trabajo y de horarios, uso del parking de empresa, etc.

Violencia doméstica

Al contrario que la violencia de género, la violencia que sucede dentro de la familia, ya sea ejercida por hombre o mujer, es decir, la violencia doméstica ha aumentado el pasado año.

Esta aumentó un 8,2% y se registraron 8.279 víctimas. Del total de víctimas, el 61,4% fueron mujeres y el 38,6% restante, hombres.

Las denuncias de violencia de género caen  a causa de la crisis sanitaria y el confinamiento

Las denuncias de violencia de género caen a causa de la crisis sanitaria y el confinamiento

Durante el año 2020 se han tramitado un 10,31% menos de denuncias por violencia de género en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Según los datos del CGPJ, se presentaron un total de 150.785 denuncias en estos juzgados. Son 17.325 denuncias menos que en 2019.

Tanto las vías de denuncia como el número en las órdenes de protección solicitadas se han mantenido en proporción a las cifras de 2019. Siete de cada 10 denuncias las presentaron las víctimas, y se acordaron el 70,52% de las órdenes de protección solicitadas. En 73 de cada 100 casos, la sentencia fue condenatoria para el agresor. En 2019, en 71 de cada 100.

El número total de víctimas de la violencia machista también disminuyó en 2020, siendo de 145.731, es decir, 15.647 víctimas menos que en 2019. Supone un descenso de un 9,69%.

Desde 2009 se han presentado 1.708.524 denuncias y se han registrado 1.280.998 víctimas.

El año pasado fueron asesinadas 45 mujeres, según las estadísticas oficiales. A 10 de marzo de 2021, han sido asesinadas 5 mujeres, cuatro de ellas en Madrid, y una en el País Vasco. Desde 2003, son 1.083 mujeres víctimas mortales de la violencia de género.

Órdenes de protección

También descendió el número de órdenes de protección, en un 11,94%, y el de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que bajó un 12,66%.

Se mantuvo el porcentaje de órdenes de protección concedidas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con apenas variación (70,52% en 2020) y manteniéndose en el 77% en los juzgados de guardia.

En más de la mitad de las solicitudes de protección, se mantenía la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva).

De las 41.568 sentencias dictadas en 2020, tanto en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal y las Audiencias provinciales, el 73,01% fueron condenatorias. Son 2,47 puntos más que en 2019, confirmando la línea ascendente en este dato.

Menores, delitos y denuncias por comunidades autónomas

En 2020, el número de víctimas menores tuteladas ha sido de 261. Y se han decretado 609 órdenes y medidas de protección por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, para mujeres menores de edad. No tenemos el dato de 2019, ya que es un indicador que comenzó a registrarse en el tercer trimestre de 2020.

En cuanto a los delitos instruidos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, por lesiones y malos tratos en 2020, han caído un 9,09%, alcanzando el total de 106.131.

Las denuncias por violencia de género en este año 2020 han disminuido en todas las comunidades autónomas. Por encima de la disminución media de denuncias están Aragón (-22,79%); Cantabria (-16,77%); Madrid (-14,15%) y Cataluña (-11,02%). Por debajo, el resto de comunidades autónomas: Illes Balears (-10,09%); Extremadura (-9,99%); País Vasco (-9,71%); Castilla y León (-9,68%); Andalucía (-9,32%); Canarias (-8,79%); Castilla-La Mancha (-8,43%); Asturias (-8,27%); Comunitat Valenciana (-8,27%); Navarra (-8,23%); Galicia (-7,68%); La Rioja (-6,57%) y Murcia, con una disminución del -5.03%.

Por otro lado, en los 82 Juzgados de Menores de toda España se han enjuiciado a 256 menores por delitos de violencia de género. Supone un 17,94% menos que en 2019. De estos casos el 94% han tenido una imposición de medidas, que se equipara a una sentencia condenatoria.

Medidas necesarias para seguir luchando contra la violencia de género

La principal causa de estos descensos en los principales indicadores de violencia de género fue la crisis sanitaria provocada por el covid-19, y se notó, sobre todo, en los meses de confinamiento.

USO considera que se deben seguir trabajando en medidas que permitan un sistema de seguimiento de los casos desde los Ayuntamientos, una vez flexibilizadas las medidas de movilidad, pero que en algunos territorios siguen siendo restrictivas.

También siguen siendo necesarias campañas de sensibilización, educación, y movilización. No se puede retroceder ni un centímetro en esta lucha contra la mayor de las violencias, que es la violencia contra las mujeres en España y en el mundo.

Además, pueden implementarse infraestructuras de urgencia, de asistencia integral, mejorar la situación de los centros de acogida, que permitan por ejemplo que la mujer pueda ser acogida con sus hijos e hijas independientemente de su edad -a partir de los 12 años no pueden estar con ellas en el centro-. Estas son tareas pendientes que no pueden desaparecer de la agenda política.

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género

Ante la inviabilidad de gestión, el Gobierno ha visto la necesidad de dar respuesta a las necesidades de protección de las víctimas de violencia de género. Esta Ley, que entró en vigor el 26 de marzo, adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.

De no mediar una urgente modificación normativa, una vez que se celebre la Conferencia Sectorial de Igualdad, los fondos del Pacto de Estado para 2020 no podrían transferirse de forma efectiva pues se descontarían los remanentes de los fondos transferidos en los ejercicios anteriores que no hubieran sido comprometidos. Para evitar ese descuento, se facilitará la ejecución de los fondos transferidos en los últimos trimestres del año, y se establece la necesidad de celebrar cuanto antes la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se formalice la distribución de los fondos para 2020.

Medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género

Se declaran servicios esenciales los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea; los servicios de teleasistencia y asistencia integral de las víctimas de violencia de género, a las mujeres y a sus hijos e hijas; los servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

Respecto de las medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a víctimas que se deban prestar de forma presencial, se establece que se deben seguir las medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Las Administraciones Públicas competentes y las empresas proveedoras de servicios tienen el deber de dotar a las personas trabajadoras de los equipamientos de protección individual.

También, para prevenir los impactos que el aislamiento domiciliario pueda tener en el incremento de casos de violencia de género y facilitar el acceso a los servicios de asistencia social integral, se elaborarán las oportunas campañas de concienciación.

Medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por las comunidades autónomas

Se prevé en la Ley la excepción de la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su objetivo es asegurar la implementación y prestación continuada durante los cinco años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de asistencia y protección de las víctimas de violencia de género.

Se habilita la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas, para hacer frente a las necesidades en materia de violencia de género derivadas de la declaración del estado de alarma. Además, se garantiza una atención integral a víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se hayan detectado durante el confinamiento; se reforzará la vigilancia a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuerpos autonómicos y se facilitará alojamiento alternativo y asistencia sanitaria y social a las víctimas que hayan contraído el covid-19.

Finalmente, el texto se cierra con una disposición transitoria que regula la aplicación de la excepción a la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, a los remanentes no comprometidos correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2019.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en una extensión del acoso sexual y la violencia de género a través de figuras como ciberacoso, stalking, sextortion, doxing y otras

Las nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en una extensión del acoso sexual y la violencia de género a través de figuras como ciberacoso, stalking, sextortion, doxing y otras

Las redes sociales, aplicaciones, mensajería y otro tipo de usos de las nuevas tecnologías han desarrollado una peligrosa vertiente con instrumento para ejercer violencia de género y todo tipo de acoso, especialmente a mujeres y menores.

Las redes sociales se han convertido en vidas paralelas en las que parece que existe inmunidad para poder insultar, denigrar, amenazar y acosar, especialmente utilizando el sexo en sus diferentes vertientes. Existen diversas formas de lo que empieza a llamarse ciberviolencia contra mujeres y niñas. Algunas de ellas se ejercen también contra niños:

  • el ciberacoso o stalking.
  • la pornografía no consentida o “venganza pornográfica”.
  • tildar de prostituta.
  • la pornografía no solicitada.
  • la extorsión sexual.
  • las amenazas de violación y de muerte.
  • el doxing que consiste en reunir y difundir públicamente datos privados de alguien por internet, suplantar la personalidad de alguien en redes, crear perfiles falsos para desacreditar a alguien, etc.

Los datos siguen siendo escasos y es difícil saber el porcentaje de víctimas de la ciber violencia, muchas de estas situaciones siguen si ser delitos.

El ciberacoso o ciberviolencia entre parejas y exparejas

De este tipo de violencia, sabemos más cuando se da entre las parejas o exparejas. En muchas ocasiones, debido a que se da como extensión de un caso ya abierto por violencia “en la vida real”. En los procesos de violencia de género, una de las medidas de protección es que el agresor no mantenga contacto con la víctima por ningún medio: tampoco electrónico o por teléfono. Las formas de violencia en esta situaciones suelen darse a través de la tecnología mediante el ciberhostigamiento, el ciberacoso y la pornografía no consentida.

El control por parte de una pareja o expareja; el acoso sexual anónimo; la distribución de imágenes de contenido sexual o degradante; la creación de perfiles falsos de las víctimas; el cotilleo cibernético que puede hundir la reputación de alguien; e incluso el jaqueo de las comunicaciones son algunas de las formas que está adoptando la violencia hacia mujeres y niñas. Basta con revisar algunos grupos de WhatsApp para darnos cuenta que la violencia hacia las mujeres es algo “normal”.

Qué es el ciberacoso

El ciberacoso sería el delito que se comete a través de internet o medio electrónicos. En estos tiempos, principalmente a través del teléfono móvil. Estos delitos no aparecen en el Código Penal hasta su reforma de 2015. Por tanto, están tipificados como delito desde tiempos muy recientes. Antes, el acosador podía no obstante ser perseguido por otros delitos que se cometen al realizar el acoso, como son injurias, calumnias, coacciones o amenazas.

De este delito marco se derivan otros dos, que son el ciberacoso sexual y el ciberbullying. Estas son figuras reguladas ya en nuestra legislación.

El ciberacoso o stalking

El delito de ciberacoso o stalking se encuentra regulado en el artículo 172 ter a partir de 2015. Se imponen penas que pueden ir desde los 3 meses a 2 años de prisión, o multa de 6 a 24 meses. Si la víctima es especialmente vulnerable por razón edad, enfermedad, o situación, la pena será de 6 meses a 2 años de prisión.

Cuando el acoso se dé entre cónyuges o parejas afectivas, aun sin convivencia, o descendiente, ascendiente, hermano/a, o menores o personas con discapacidad, o cualquiera otra persona integrada en el núcleo de convivencia familiar, la pena será de 1 año a 2 años de prisión, o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días.

Será castigada la persona que acose a otra de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, con alguna de las conductas siguientes, alterando gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la persona acosada:

  • Vigilar, perseguir o buscar su cercanía física.
  • Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
  • Adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, mediante el uso indebido de datos personales. O hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella.
  • Atentar contra la libertad o contra su patrimonio; o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Ciberacoso en el ámbito de la pareja o expareja

Estas situaciones son comunes en los casos de violencia entre parejas y exparejas. Por ello, una de las medidas de protección es la prohibición de comunicaciones por cualquier medio, lo que incluye las redes sociales, el móvil e internet. Es común también que se dé en cuentas de influencers, con millones de seguidores en redes sociales. Los insultos, humillaciones y amenazas a ellas, y a sus familias son diarios.

El ciberacoso es un crimen que afecta principalmente a las mujeres y jóvenes. Se calcula que un 18% de las niñas ya fueron víctimas de algún tipo de ciberacoso antes de cumplir los 16 años. En España, según datos recogidos en el INE en su Estadística de Violencia Doméstica y de Género de 2018, hubo un aumento de denuncias por ciberacoso en chicas menores de 18 años (18,7%).

Sexting o delito de ciberacoso sexual

El delito de ciberacoso sexual se encuentra regulado en el artículo 197.7 del Código Penal. Se castigará con 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 12 meses.

La pena se agravará; es decir, se impondrá en su mitad superior, cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. También si la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o si los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

El delito sanciona a cualquier persona que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda (envíe), a terceras imágenes (fotos) o grabaciones audiovisuales (vídeos, gifs…), de aquella que hubiera obtenido con su consentimiento en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

¿Quién padece mayoritariamente el sexting?

Según datos recogidos por la ONG Save the Children en un informe al respecto de 2019, este delito “suele ocurrir a los 14 años por primera vez y la persona que con más frecuencia lo provoca es la chica o chico con quien salían”. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, Inteco, refleja que las víctimas que prevalecen son las chicas. Los chicos, en el otro lado, son los que mayoritariamente lo difunden.

Algunos casos de sexting pueden ser:

  • Sextortion o sextorsión. Se utilizan imágenes íntimas, tanto vídeos como fotos, para chantajear a una persona. Se la amenaza con difundirlas si no se obtiene alguna contrapartida: dinero, favores sexuales, ventajas profesionales, etc.
  • Slutshamming o tildar de prostituta. Es la práctica de criticar y/o culpabilizar a mujeres y niñas por portarse de una manera que algunos perciben como promiscua o fuera de los roles tradicionales de género. En los medios electrónicos, ese tipo de violencia puede ocurrir a través de las redes sociales e incluso ir asociada a la “venganza pornográfica”.

Pornografía no consentida, ciberexplotación o “venganza pornográfica”

Esta supone la distribución a través de internet, redes sociales, mensajes… de fotografías o vídeos sexualmente explícitos sin el consentimiento de la persona que aparece en las imágenes. El autor de estos actos suele ser una expareja que había obtenido las imágenes o los vídeos en el transcurso de la relación y que, con ellos, se propone avergonzar y humillar públicamente a la víctima como venganza por haber puesto fin a esa relación. No obstante, los autores no son necesariamente parejas o exparejas, y el motivo no siempre es la venganza.

Las imágenes también pueden obtenerse mediante la intrusión fraudulenta en el ordenador, en las cuentas de redes sociales o en el teléfono de la víctima. Y puede que pretenda infligir un daño efectivo en la vida de esta en el “mundo real”, como conseguir que despidan a la víctima de su trabajo, por ejemplo.

9 de cada 10 personas que sufren “venganza pornográfica” son mujeres

Según el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, “La ciberviolencia contra mujeres y niñas”, de 2019, “hasta el 90% de las víctimas de la práctica de la venganza pornográfica son mujeres. Y la cifra de casos va en aumento”.

También se detecta un crecimiento en el número de sitios web dedicados a compartir actos de venganza pornográfica. En ellos, los usuarios pueden publicar imágenes, además de datos personales como la dirección de la víctima y la empresa donde trabaja, así como enlaces a perfiles en línea. Muchas de estas situaciones acaban con el suicido de la víctima. Es imprescindible que, si conoces un sitio de este tipo, aunque no seas víctima del delito, denuncies formalmente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también tramitan las denuncias on-line.

El estudio europeo señala otra tendencia con efectos devastadores para las víctimas: consiste en la retransmisión en directo de incidentes de agresión sexual y violación a través de las redes sociales. Uno de estos casos dio la vuelta al mundo en 2017. Ocurrió en Estados Unidos, y una menor retrasmitió en directo la violación de su amiga a través de una famosa red social en vivo. No solo obligó a revisar cláusulas legales, sino que puso sobre la mesa el debate de hasta dónde podemos permitir que llegue el poder de las redes sociales.

El ciberacoso sexual a menores o grooming

El ciberacoso sexual a menores, también llamado grooming, está regulado en el artículo 183 ter Código Penal.

La pena de prisión por contactar con menores de 16 años a través de la tecnología por medios como internet o el teléfono móvil con la intención de cometer cualquier delito de abuso sexual y/o pornografía infantil es de entre 1 y 3 años o una multa de 12 a 24 meses, más la suma del resto de delitos cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior si el acercamiento se obtiene mediante coacción, intimidación o engaño.

Contactar con un menor de 16 años y embaucarlo para obtener material pornográfico, u observar imágenes pornográficas donde aparezcan menores, se castiga con 6 meses de prisión.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevaban tiempo persiguiendo este tipo de comportamientos de adultos haciéndose pasar por menores para después cometer agresiones o abusos de carácter sexual a sus víctimas en la cita concertada hasta antes de que estuviera castigado por el Código Penal.

Datos recogidos por Save the Children en 2019 muestran que el 49,18% de las veces son las personas desconocidas quienes más abusan de esta práctica. También muestran que la edad media en la que más se sufre este acoso es 15 años.

Ciberbullying o ciberacoso en el ámbito escolar

Es un tipo de ciberacoso que se está desarrollando al mismo tiempo que avanzan las nuevas tecnologías y las formas de comunicación entre jóvenes menores. Y son por desgracia cada vez más comunes en el ámbito escolar. Según el III Estudio sobre Acoso Escolar realizado por la Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, desde 2017 dos terceras partes de las víctimas del ciberbullying son mujeres. La edad media de la víctima recogida en el informe es de 13,5 años.

Muchas veces, este tipo de ciberacoso se ignora o se deja pasar y no se denuncia hasta que ocurren tragedias, como el suicidio de las víctimas. La prevención y persecución del bullying en los colegios debe ser prioritario: deben existir protocolos antibullying para proteger a los menores ante el mínimo indicio de acoso escolar y procurarles un ambiente seguro.

Qué hacer ante situaciones de ciberacoso u otro tipo de bullying

  1. Si se es menor, lo principal es contarlo a un familiar adulto. Son los que más van a ayudar.
  2. Recoger y mantener todas las pruebas posibles, como las capturas de los mensajes o los correos electrónicos por desagradables que sean para que puedan demostrar el acoso, la violencia, el chantaje, o los insultos, recibidos.
  3. Proteger las cuentas de desconocidos y evitar enviar contenido que puedan comprometer la dignidad de la persona.
  4. Vigilar los juegos on-line de los menores, son medios desconocidos a los que pueden acceder cualquier tipo de persona.
  5. Bloquear, ignorar las provocaciones del acosador y denunciar este comportamiento.

El control del móvil como control de la víctima

En la encuesta que USO realizó para la campaña #NoControles para el 25N de 2019, los resultados obtenidos revelaron que el 1% de los españoles justificaría cualquier tipo de violencia física o verbal contra su pareja en el caso de no querer mostrarle los mensajes del móvil o de sus redes sociales. El 18% de los encuestados afirmaba que debía saber las contraseñas de las redes sociales; y el 4%, que era una obligación mostrar los mensajes.

Aplicaciones como WhatsApp pueden ser medios para ejecutar cualquier tipo de violencia: a través de mensajes violentos, el control de la hora de envío, la exigencia de una respuesta inmediata, etc.

“Dejar en visto” también es un tipo de violencia psicológica en las relaciones tóxicas: la persona que lo envía y exige una respuesta inmediata, controlando de forma enfermiza a la otra persona; enviando mensajes insistentes hasta obtener una respuesta o, incluso, no responder a los mensajes para angustiar y maltratar a la otra persona.

A pesar de no haber golpes físicos, la víctima vive atemorizada por el control que ejerce su pareja desde el teléfono.

Este tipo de violencia se encuentra en la red. Internet es un arma al alcance de todos. Y en ella puede elegirse fomentar la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. O, por el contrario, no tolerar, no enviar ni compartir, información que perjudique la integridad y dignidad de las víctimas. Denigrar a una persona no es gracioso, es delito. También cuando “solo” estamos compartiendo, no creando. Estamos colaborando a que el daño sea cada vez mayor.

La Fiscalía General del Estado ante la violencia de género a través de las redes sociales y otras tecnologías

La violencia de género es una gran lacra a nivel mundial, que atenta contra los derechos humanos. Es fundamental reconocer y rechazar todas estas prácticas de violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas.

La Fiscalía General del Estado señala que “la irrupción de las nuevas tecnologías, TIC, incide directamente en nuevas manifestaciones de violencia, en cuanto que algunas herramientas digitales, amparándose en el anonimato, facilitan su ejercicio sobre las adolescentes con un efecto multiplicador muy dañino.

La evidencia de que las relaciones afectivas comienzan cada vez más precozmente sin convivencia y sin un proyecto en común y su desarrollo online de corta duración pero gran intensidad, nos enfrentan a múltiples y variadas situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer –alimentadas por los estereotipos e ideas sexistas que circulan por las redes–, que constituyen la esencia de la VG, pero que difícilmente pue-den incluirse en el concepto de relación afectiva que exige nuestro CP. Ello impide incardinarlas en los tipos penales específicos que, por tanto, requieren una inmediata acomodación a esta nueva realidad social, estableciendo además sistemas eficaces de protección a las víctimas como las retiradas de contenidos o el bloqueo de páginas web”.