Se ha publicado una nueva actualización del procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención, que añade nuevos preceptos relacionados con el diagnóstico del covid-19.
Entre las modificaciones que ha incluido el Ministerio de Sanidad en el procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención para el diagnóstico del covid-19 destaca que no se considerarán para el diagnóstico de infección activa los resultados de ningún tipo de pruebas serológicas.
Así, las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. Los resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una prueba diagnóstica de infección activa.
Distintos estudios han comprobado que, en comparación con las pruebas realizadas por personal entrenado, estas pruebas mantienen una buena especificidad mientras que la sensibilidad se ve afectada en un grado variable.
Teniendo en cuenta que suelen utilizarse en personas asintomáticas y con una baja probabilidad pre-test, los resultados positivos deberán ser confirmados. De cara a la interpretación de los resultados es muy importante reforzar el mensaje de que un resultado negativo no excluye la infección ni exime del cumplimiento de las medidas de control recomendadas.
La Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral resume el protocolo de actuación de los servicios de prevención
El Ministerio de Sanidad ha vuelto a modificar el Procedimiento de Actuación de los Servicios de Prevención en relación a los cambios que se han producido en la Estrategia de detección , vigilancia y control del covid-19.
Los profesionales del servicio de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer los mecanismos para la detección, investigación, control y seguimiento de los casos y contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública.
En cuanto a la clasificación de los casos, han incluido los siguientes:
Caso descartado: Caso sospechoso con prueba diagnóstica negativa en el que no hay una alta sospecha clínico-epidemiológica.
Caso resuelto: un resultado positivo de IgG por serología de alto rendimiento capaz de diferenciar entre respuesta inmune por infección natural o por vacunación realizado en una persona asintomática no vacunada en la que se ha descartado infección activa.
Caso de reinfección. En este caso se distingue entre reinfección posible, probable o confirmada.
En situaciones especiales y ante determinados colectivos, se podrán adaptar estas definiciones por la autoridad de salud pública de las comunidades autónomas.
Casos sospechosos de covid-19
Las personas vacunadas y que presenten sintomatología compatible con infección por covid-19 serán también consideradas caso sospechoso. Se manejarán como casos sospechosos, siempre bajo criterio facultativo en el manejo clínico. Si se confirma la infección tras una pauta de vacunación completa, se considerará como fallo vacunal.
Las personas sintomáticas que ya han tenido una infección por covid-19 confirmada por prueba diagnóstica en los 90 días anteriores no serán consideradas casos sospechosos de nuevo. Las excepciones a esta consideración serán las personas trabajadoras de centros sanitarios y sociosanitarios, dada la vulnerabilidad de su entorno laboral; las personas con condiciones clínicas que impliquen una inmunosupresión severa, y aquellos casos en los que se sospecha que la infección puede ser por una variante diferente de la que se detectó en la infección previa. En esta caso, no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido.
Los casos confirmados únicamente mediante técnicas serológicas de diagnóstico rápido durante los primeros meses de la pandemia, serán considerados casos sospechosos de nuevo si cumplen criterios clínicos, independientemente del tiempo transcurrido. Si se confirmara el diagnóstico, se notificarían como casos nuevos.
En los casos de reinfección, se ha establecido un periodo de 90 días para considerar la segunda infección. No significa que la causa de la reinfección sea la pérdida de inmunidad a los tres meses, ni que las reinfecciones no puedan ocurrir antes de los tres meses, aunque esto último es mucho menos frecuente que la excreción prolongada del material genético del virus.
Actuación y control de los casos de covid-19
El manejo de los casos de covid-19 con infección activa seguirá igual. Ante cualquier caso sospechoso en trabajadores se mantendrá el aislamiento a la espera de resultado y se iniciará la identificación de sus contactos estrechos.
En caso de resultado negativo, y si no se considera caso probable, el caso se da por descartado y finaliza el aislamiento y la búsqueda de contactos. Tanto los casos confirmados con prueba diagnóstica como los casos probables se manejarán de la misma forma.
Por su parte, el Servicio de Prevención investigará y analizará las causas de los brotes; las medidas organizativas inadecuadas o no implantadas; el incumplimiento de la distancia de seguridad; las instrucciones en idiomas que no se comprendan; las mascarillas inadecuadas o mal uso de las mismas o los movimientos del personal en reuniones, descansos y espacios comunes.
Actuación con contactos vacunados
De igual forma, han establecido consideraciones especiales en el manejo de contactos vacunados. Los trabajadores que han recibido una pauta de vacunación completa y sean considerados contacto estrecho estarán exentos de cuarentena.
Se les realizará una PCR al inicio y otra a los 7 días del último contacto con el caso confirmado y se recomendará evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.
Si estos aparecieran, serán considerados casos sospechosos. Por tanto, deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar de forma urgente con el responsable que se haya establecido para su seguimiento o con el 112/061 indicando que se trata de un contacto de un caso de covid-19.
A las personas que rechacen o no sea posible realizarles una PCR, se les indicará la realización de cuarentena, aunque estén completamente vacunadas. Los contactos que han tenido una infección por covid-19 confirmada por prueba diagnóstica en los 180 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. Sin embargo, sí tendrán que realizar cuarentena si se sospecha la implicación de una variante y en aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de un animal.
Guías de actuación de personas especialmente sensibles
Por último, se han modificado los Anexos IV y V, es decir, las guías de actuación frente a las personas especialmente sensibles. Así se ha añadido un nuevo grupo vulnerable, el de obesidad mórbida, y la situación de comorbilidad.
Además, diferencian los niveles de riesgo para las personas vacunadas o sin vacunar, en los que sólo se emitirá el informe de incapacidad temporal a las personas que no estén vacunadas y no se les haya podido cambiar de puesto de trabajo para los casos de cáncer en tratamiento activo, inmunodeficiencias, mayores de 60 años y obesidad mórbida con comorbilidad por patología descompensada y embarazadas con complicaciones o comorbilidades.
Los delegados de prevención deben promover las evaluaciones específicas para toda la plantilla, debiendo incidir en los casos donde sea necesario adoptar una medida judicial cautelar. Están también facultados para vigilar que el Servicio de Prevención, propio o ajeno, practique lo ordenado en el procedimiento de actuación.
Uso Servicios te informa del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 queda modificada en los siguientes términos:
Uso obligatorio de mascarillas.
1.Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
En cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes.
En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote, ni en espacios exteriores de la nave cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.
d)En los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.
2.La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas mayores o con diversidad funcional, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones, tengan coberturas de vacunación contra el SARS-CoV-2 superiores al 80 % con pauta completa, acreditado por la autoridad sanitaria competente.
Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos, ni a los trabajadores de los centros residenciales de personas mayores o con diversidad funcional.
El uso de mascarillas en centros penitenciarios en los que haya movilidad
de los internos, tanto en exteriores como en espacios cerrados, se regirá por normas específicas establecidas por la autoridad penitenciaria competente.
La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.»
A continuación te dejamos un enlace al RD-LEY 13/2021 resaltando la información referente a las mascarillas.
USO reivindica la implicación de las instituciones para implementar estrategias de inclusión y mediación intercultural para la acogida de migrantes.
La inmigración ha sufrido cambios a nivel global a consecuencia de la crisis del covid-19. Concretamente, las entradas en Europa desde el continente africano se han visto modificadas y ha habido una transferencia del flujo migratorio hacia la ruta de las Islas Canarias, la más peligrosa para entrar a Europa.
La situación de las personas migrantes en España, especialmente de los menores, se ha visto agravada por las difíciles condiciones sanitarias en las que se encontraba nuestro país, así como por una falta de estrategia para afrontar los cambios migratorios.
La política migratoria y la cooperación al desarrollo para evitar los grandes éxodos llevan años enquistadas a nivel europeo. Las soluciones a las grandes crisis humanitarias han sido lentas, sin consenso y se han dejado demasiadas vidas por el camino. Y, además de las acciones, también es necesario cuidar los mensajes y el lenguaje que se utiliza para hablar de inmigración, para que siempre quede por delante el respeto a los derechos humanos y que las personas que emigran no pueden ser cosificadas o criminalizadas.
España como destino clave para la llegada de migrantes
Nuestro país, por su situación geográfica, se encuentra especialmente expuesto a los movimientos migratorios irregulares desde el continente africano a la Unión Europea. Todos los años sin excepción miles de personas dejan todo atrás y arriesgan su vida por cruzar a España. En 2020, en un contexto marcado por el auge de la pandemia, la migración ha sido más intensa si cabe, aunque con una particularidad con respecto a años anteriores.
Según datos del Ministerio del Interior, 41.861 migrantes han entrado en España en situación administrativa irregular en 2020, frente a los 32.449 del año anterior, lo que supone un incremento del 29%. Además, las tendencias han cambiado. Una inmensa mayoría de migrantes entraron en España por vía marítima: un total de 40.106 frente a los 1.755 que entraron por vía terrestre. En 2019 entraron 26.103 por vía marítima y 6.346 por vía terrestre.
El foco de la inmigración ha sido Canarias, un primer destino para más de la mitad de los migrantes procedentes de países africanos, para 23.023 migrantes. Desde 2006 no se veía tal flujo de llegada al archipiélago canario, año en el que llegaron más de 30.000 personas.
Crisis del covid-19, determinante en el cambio migratorio
El flujo migratorio en el continente africano es continuo y las diferentes rutas actúan de vasos comunicantes. Las rutas más habituales a Europa son la turca, a través de la cual se llegaba hasta Grecia; la de Libia, por la que se acababa en Italia; y en la zona más occidental, Ceuta y Melilla, por la que se pasaba a la Península Ibérica.
No obstante, desde las instituciones europeas y españolas ya se preveía un cambio de los flujos migratorios en 2020. A pesar del incremento, las llegadas a Ceuta y Melilla por la ruta occidental sufrieron un descenso del 70% y las de canarias aumentaron en un 800%, lo que significa que ha habido una transferencia del flujo migratorio. La principal razón por la que se ha producido este cambio tiene que ver con el impacto de la covid-19 en África. Países como Marruecos o Senegal, que viven fundamentalmente del turismo, han sufrido consecuencias tales como el aumento de paro y la pobreza. En los meses de septiembre a diciembre, se dispara la llegada de personas desde África Occidental.
Cabe destacar que, al esfuerzo de las autoridades por ayudar a los migrantes en su llegada a los países de origen se le une el intento de frenar la transmisión del covid-19.
Por ejemplo, las fuerzas de salvamento marítimo o SASEMAR han sido claves tanto en el rescate de personas que se acercaban a las costas españolas como en ser la primera barrera para la transmisión del covid-19, ya que han trabajado bajo un protocolo de seguridad para detectar casos entre los migrantes.
Tanto los centros de menores como los alojamientos de emergencia para adultos se han visto colapsados, haciéndose notable la falta de recursos de los que disponen. El hacinamiento en los centros ha provocado que el covid-19 termine por colapsar unas instalaciones abandonadas por las instituciones.
La ruta de Canarias, la más peligrosa
La ruta de entrada a Canarias, por la que han entrado la mayoría de migrantes a España este año, es la más peligrosa para llegar a Europa. Mueren en ella 1 de cada 26 personas que llegan, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Este año han viajado más de 23.000 personas en 746 embarcaciones por esta ruta. De estos migrantes, un 80% eran hombres frente a un 20% de menores y mujeres. Las principales nacionalidades son Marruecos, Mali, Guinea, Costa de Marfil y Senegal.
Tras el cierre del campamento del Puerto de Arguineguín (Las Palmas), donde según el Defensor del Pueblo se proporcionaba un trato inhumano a los migrantes, se alojó a 2.600 personas en plazas hoteleras como solución provisional y se crearon otros campamentos de acogida en la isla. Este “Plan Canarias” se ha basado en una política de bloqueo y contención, como mecanismo disuasorio. Las principales consecuencias son la cronificación en el tiempo de la situación de estas personas, la precarización, frustración generalizada, dificultades de convivencia, abandono de campamentos, personas sin hogar en zonas urbanas, etc.
Desde USO consideramos necesario que el Gobierno central y la UE se coordinen para evitar que los campamentos se conviertan en una situación permanente para esas personas y que se aporten los medios necesarios para que estas puedan o retornar a sus países o viajar al país destino.
Drama humanitario en Ceuta
La crisis del puesto fronterizo del Tarajal, entre Ceuta y Marruecos, ha provocado un drama humanitario que España y Unión Europea deben solucionar respetando los derechos humanos por encima de analizar las causas o buscar responsables políticos o diplomáticos.
El paso hacia España a través de Ceuta es uno de los puntos geopolíticos más importantes de todo el mundo, con infinidad de movimientos migratorios diarios que en muchas ocasiones son el reflejo de grandes crisis humanitarias.
Las imágenes que vimos en el mes de mayo han materializado la traumática experiencia de las personas que cruzan la frontera. A la acumulación de personas en la playa de Ceuta, sin los recursos más elementales, y al número desconocido de muertos o desaparecidos, se suman las devoluciones en caliente y la separación de menores de edad de sus padres. Menores cuyo futuro está en el aire.
En este sentido, desde USO recordamos algo obvio: son menores. En ningún momento pueden ser señalados ni estigmatizados, ni convertirse en diana de ataques de odio, racistas o xenófobos. La protección de la infancia no puede entender de fronteras ni de origen. Es, de todos los dramas a los que hay que dar respuesta en esta crisis, el prioritario.
La vulnerabilidad de los menores
Si el escenario actual es complicado para los adultos, los menores de edad son uno de los grupos que más dificultades puede encontrarse, viéndose agravada su situación por la pandemia. En España, estos ingresan en centros de menores en los que se les facilitan una serie de recursos básicos, gestionados por las diferentes comunidades autónomas. En ocasiones, algunos centros realizan programas de acompañamiento social a los jóvenes u ofrecen prestaciones económicas para dar unas mayores oportunidades a los extutelados cuando salgan a la calle.
Sin embargo, en muchos de estos centros, los jóvenes que cumplen 18 años son expulsados de los centros, muchas veces sin una alternativa habitacional. Esta práctica ha sido denunciada por asociaciones como Unicef, que pide un plan nacional y un mayor número de recursos para proteger a los miles de menores tutelados.
Debido a la pandemia, varias comunidades decidieron eliminar, al menos temporalmente, la norma por la cual un inmigrante debía abandonar el centro con 18 años. Con ello se ha buscado evitar la exposición a una situación de exclusión social a jóvenes sin recursos. Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco o Andalucía, junto con las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, tomaron la decisión de seguir acogiendo a los migrantes hasta que se restablezca una situación de normalidad. Sin embargo, volvemos a ver imágenes como las de migrantes ex tutelados viviendo en una plaza de toros.
Diferentes opiniones sobre la migración en España
Aunque es cierto que existe una amplia concienciación en la sociedad sobre los problemas de las personas migrantes, las opiniones sobre la inmigración en España, especialmente en una situación como la actual, se encuentran divididas.
Por un lado, existe cierta tolerancia a la inmigración. Así lo señala un estudio de Sigma Dos de 2019: un 65% de los encuestados estaría de acuerdo en aumentar la población inmigrante y promover más vías legales para la llegada de personas de otros países. Además, España cuenta con una gran cantidad de asociaciones, iniciativas y ONG para ayudar a inmigrantes, se encuentren o no en situación regular, brindando desde recursos básicos como alojamiento o comida hasta asesoramiento jurídico de forma gratuita.
Por otro lado, el discurso anti-inmigración ha cobrado fuerza tanto en la sociedad como en instituciones políticas de todo el continente europeo. En esta línea, los delitos de odio contra migrantes aumentaron en España un 20,9% de 2018 a 2019, y en 2020, con datos provisionales, continuaron creciendo. Una mala gestión migratoria no solo afecta a las personas migrantes sino también a la sociedad de acogida.
Para frenar este tipo de discursos es preciso fomentar una concepción real del problema y facilitar un conocimiento profundo sobre los movimientos migratorios. Por ejemplo, las migraciones desde África no tienen como destino mayoritario Europa y solo un 26% acaba en nuestro continente, según el informe African Migration Report.
Reivindicación de USO
La inmigración es un hecho inherente a la condición humana. Todos somos, o hemos sido migrantes alguna vez. Los movimientos migratorios actuales responden a grandes cambios sociales, políticos, económicos y ambientales. No podemos mirar hacia otro lado ante la situación tan compleja que sufren muchas personas en todo el mundo y debemos eliminar cuanto antes la desafortunada dicotomía nosotros/ellos al referirnos a la migración.
Por ello, desde USO consideramos necesaria la implicación total de las instituciones para implementar estrategias de inclusión y mediación intercultural para la acogida de personas migrantes. Igualmente, es necesario frenar bulos y fomentar la solidaridad para potenciar la contratación estable y de calidad de estas personas, especialmente vulnerables. El hecho de que los permisos de residencia aún sigan supeditados a la obtención de un trabajo, sitúa a estas personas en riesgo de exclusión social con un importante riesgo de explotación laboral. Por ello consideramos urgente la necesidad de implementar políticas que faciliten la migración, la contratación y acceso al empleo legal, con fórmulas que eviten la explotación social de las personas migrantes.
Sería necesario también que se estudien desde las instituciones los posibles cambios migratorios y las posibles situaciones para, de esta forma, actuar con antelación.
Además, es importante hablar de ello sin deshumanizar a las personas migrantes, evitar transmitir caos, dispersión o violencia, así como repensar las propuestas en materia de asilo y refugio.
El Informe de tendencias de empleo de la OIT refleja un aumento de la pobreza, de la desigualdad y pérdida de derechos sociolaborales por el covid
Pérdida de derechos laborales, más pobreza y aumento de la desigualdad. Conclusiones catastrofistas, pero reales, de una profunda crisis social y de empleo en todo el mundo, de una “disrupción sin precedentes”, provocada por el covid-19. La crisis comenzó como crisis sanitaria y de salud pública en algunos países, pero la OIT refleja que le ha dado la vuelta a nuestro mundo tal y como lo conocíamos.
Para estas afirmaciones, la Organización Internacional del Trabajo se basa en su informe “Perspectivas Sociales y de Tendencias para el Empleo en el Mundo” en 2021. La OIT advierte de que se han perdido derechos laborales y ha crecido la pobreza a nivel global, aunque de forma desigual entre países y colectivos. Asimismo, alerta de que la crisis está lejos de haber terminado y la recuperación de la economía mundial también será desigual.
La pandemia ha actuado como agravante de unas desigualdades estructurales ya existentes. Se han multiplicado exponencialmente la cantidad de trabajadores pobres, y de empleos precarios y vulnerables. Ello significa un aumento significativo de la brecha entre países ricos y pobres. Dentro de los países, a su vez, entre las empresas según su tamaño, y entre los trabajadores de un mismo entorno.
Las previsiones de recuperación, que será muy dispar, apuntan, como mínimo, a 2023. Ser mujer, joven o migrante son factores de riesgo para una mayor precariedad, pérdida de derechos y exclusión social.
El informe comienza con una radiografía general de la situación del mercado de trabajo tras el primer año de pandemia y los retos que se plantean en él de aquí en adelante. El primero es afrontar el “déficit de puestos de trabajo”. Se han perdido 144 millones de puestos, entre los destruidos y los que no se han generado.
Además, ha menguado el tiempo efectivo de trabajo: se han trabajado un 8,8% menos de horas. La pérdida es mayor en las regiones de América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central. Ello supone un ingente número de personas desempleadas, que la OIT calcula que crecerán en 2022 y se situarán en los 205 millones. En 2019, eran 187 millones.
¿Cual son las alternativas a un sector de servicios precarizado?
Uno de los retos para mejorar la calidad del empleo es reducir el peso del sector servicios. Es necesario buscar otros modelos productivos y laborales más sostenibles. Pero también implementar políticas que impulsen mejoras en los empleos en este sector, caracterizado por sus malas condiciones de trabajo.
La OIT ya había hecho hincapié en su informe de tendencias de 2018. Hoy podemos comprobar, a posteriori, que en Europa los países más afectados por la pandemia vuelven a ser, una vez más, España, Italia y Grecia, donde el porcentaje del sector servicios es más elevado, por encima del 60% del total del empleo. Unas conclusiones en línea con el necesario cambio de modelo productivo para España que propugnamos desde la USO, y que pasan por más digitalización, I+D+i, servicios públicos de calidad e industria.
Asimismo, le informe habla de recuperar los sectores de actividad económica más perjudicados por la crisis: “los servicios de alojamiento y restauración; el comercio mayorista y minorista; la construcción y la industria manufacturera”. Denuncia la vulnerabilidad de las pequeñas empresas, que se enfrentan a graves problemas financieros. Pero también de las empresas informales, una realidad de mucho peso en demasiados países, y que no han podido acceder a las ayudas públicas de la Covid-19.
Aumenta la pobreza de forma desigualdad
El informe, con todo, pone el acento más llamativo en la desigualdad que ha generado la pandemia. Las condiciones preexistentes de los diferentes países no pueden obviarse. Las medidas de contingencia que se han aplicado han sido diferentes según el lugar y han afectado de una forma muy desigual al esqueleto de los sistemas productivos y a las condiciones de vida de las personas. Ahora, es el acceso a la vacuna y el ritmo de aplicación lo que nos aleja aún más de una recuperación desigual.
Los datos no dejan lugar a dudas: hay todavía una cantidad considerable de trabajadores informales, aproximadamente 2.000 millones. Suponían el 60,1% de la fuerza de trabajo mundial en 2019. La categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres (menos de 3,20 dólares por persona al día) ha aumentado respecto a 2019 hasta los 700 millones de personas trabajadoras, 108 más que el año anterior. 34 millones de trabajadores de estos están en situación de pobreza extrema, datos que, en opinión de USO, son intolerables.
Las medidas para evitar el cese del empleo o la caída de ingresos laborales han sido más habituales en países con ingresos altos y han afectado, dentro de estos, a los trabajadores formales. El teletrabajo, por ejemplo, ha sido un avance para unos pocos. Y, además, según señala el informe, y en consonancia con lo que predicamos desde la USO, puede mejorar la calidad de vida de algunas personas, pero también conllevar pérdida de cohesión social y retroceso en la conciencia colectiva.
El eslabón más débil de la desigualdad: mujeres y jóvenes:
Por otro lado, hablar de desigualdad implica necesariamente hacerlo desde una perspectiva de género. No es nuevo: las mujeres partían de una situación de desventaja respecto a los hombres en materia de empleo y de derechos, y, como consecuencias, se han visto especialmente afectadas por la crisis del coronavirus.
La contracción del empleo femenino, según el informe, fue del 5%, frente al 3,9% del de los hombres. Más mujeres han dejado el mercado laboral y más mujeres han asumido un aumento de responsabilidades domésticas y tareas de cuidados. Sin ir más lejos, en España un 87,17% de las excedencias concedidas por cuidado en 2020 fueron a mujeres. Asumir una carga extra es una concepción perversa del término “conciliar”.
También muchos jóvenes se han quedado sin posibilidades de encontrar un trabajo decente a largo plazo. Sumado a que la pandemia ha quebrado las oportunidades educativas, especialmente en las regiones sin infraestructura digital.
Asimismo, una gran cantidad de trabajadores migrantes se han quedado sin empleo o han visto reducidos o retrasados sus salarios. Se ha trasladado a su vez a una caída inevitable de las remesas que ayudan a sostener parte de la economía familiar en sus países de origen.
No hay prosperidad sin Estado del Bienestar para todos
El informe de tendencias en 2021 de la OIT demuestra que es muy difícil avanzar en derechos y mejora de calidad del Estado del Bienestar. La fuente de prosperidad principal es el empleo, y hemos retrocedido en esta materia como no conocíamos en la Historia Presente.
Si no planificamos una recuperación teniendo en cuenta todos los factores mencionados en el informe, el punto de partida para la siguiente crisis será aún peor. No hay que olvidar, nos lo recuerda 2008, que las crisis son cíclicas, y debemos estar preparados para afrontarlas.
Desde USO consideramos que no debemos perder el horizonte de la Agenda 2030. Aunque sea difícil de conseguir, uno de sus objetivos fundamentales es la erradicación de la pobreza. Esta crisis nos ha demostrado que, si salimos todos, salimos mejor. Sin Estado del Bienestar para todos, no hay prosperidad común.
Te resumimos todos los detalles de esta nueva prórroga
Se publica en el BOE el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, que contiene la quinta prórroga de los ERTE hasta septiembre, y medidas de apoyo para los trabajadores autónomos.
La dinámica de la negociación de esta quinta prórroga, ha sido la misma que en las anteriores. De nuevo se ha repetido el mismo esquema: falta total de trasparencia sobre el contenido y número de reuniones; dilatar el acuerdo hasta el último momento, generando incluso momentos de suspense con ruptura de negociaciones y la convocatoria de un Consejo de Ministros Extraordinario para forzar el acuerdo o tomar la determinación unilateral de la prórroga in extremis. Y, finalmente, la foto del acuerdo tres horas antes del inicio del Consejo de Ministros. Y, mientras tanto, 598.729 personas trabajadoras afectadas, pendientes de esta situación anómala que, por repetida, se está convirtiendo en habitual.
Desde USO, hemos denunciado estas estrategias negociadoras irresponsables, fruto de un diálogo social obsoleto y viciado, desde el inicio del estado de alarma. Por ello, el Comité Confederal de USO aprobó una Resolución Especial en la que se exige una negociación de los ERTE más transparente, con mayor participación y que no genere incertidumbre.
Las principales novedades que nos encontramos en esta prórroga, una de las más continuistas hasta el momento, son:
variaciones en los sectores protegidos;
modificaciones en las exoneraciones asociadas a los ERTE, y
un cambio en el sistema de fijos discontinuos, en el que las empresas tendrán que hacer el llamamiento a la persona trabajadora para, o bien incorporarlo a la empresa, o bien incorporarlo al ERT
Entrada en vigor las medidas recogidas en el RD-Ley 11/2021.
El Real Decreto-Ley entra en vigor en el momento de su publicación en el BOE, excepto la Disposición Final Primera, que recoge la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social para los empleadores que contraten por tiempo indefinido a personas con capacidad intelectual límite que será de 125 €/mes (1.500 €/año) durante cuatro años, que entra en vigor el día 1 de junio.
Duración de la prórroga.
La duración de la prórroga de los ERTE es, como las anteriores, de cuatro meses y finaliza el 30 de septiembre de 2021. Desde USO lamentamos que no sea de mayor duración, sometiendo otra vez a la incertidumbre la garantía del empleo y la cobertura de los últimos trabajadores en ERTE asociado al covid-19. A pesar de que se esté reactivando la actividad en sectores muy castigados, en septiembre seguirá habiendo empresas y trabajadores que sigan viéndose abocados a acogerse a un ERTE para evitar la destrucción de empleo.
ERTE se prorrogan hasta el 30 de septiembre.
Se prorrogan de forma automática los ERTE por Fuerza Mayor regulados en el artículo 22 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor de este RD-Ley.
También los ERTE por Impedimento de Actividad, tanto los regulados en el RD-Ley 24/2020 a los que se acogieron las empresas que, a partir del 1 de julio de 2020, vieron impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impusieron.
Y los ERTE por Impedimento regulados en las dos prórrogas anteriores para las empresas que vieran impedida su actividad a partir del 1 de octubre de 2020.
Por último se prorrogan los ERTE por Limitación a la Actividad, regulados en el RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, que fueron a los que se acogieron las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que, a partir del 1 de octubre de 2020, vieron limitado el desarrollo normalizado de su actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas.
ERTE por impedimento o limitación a la actividad.
Se pueden acoger a estos ERTE por impedimento o limitación a la actividad, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021, las empresas y entidades de cualquier sector o actividad afectadas por restricciones y medidas de contención sanitarias adoptadas por las autoridades españolas o extranjeras que se rigen por los establecido para estos dos tipos de ERTE en el RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre.
La novedad en este caso es que la empresa afectada puede cambiar de un tipo de ERTE por impedimento al de limitación, siempre que la autoridad laboral constate que se dan las causas. El paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Se establece la obligación para las empresas cuya situación se viese modificada en los términos anteriormente indicados, de comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectada, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación de los trabajadores s.
Sectores amparados por este RD-Ley de alta cobertura por ERTE y poca recuperación de actividad.
Con respecto a la prorroga anterior, se incluyen tres nuevos sectores: confección de otras prendas de vestir y accesorios; comercio al por mayor de café, té, cacao y especias y actividades de fotografía.
Y se excluyen cinco sectores: artes gráficas y servicios relacionados con las mismas; fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico; comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados; transporte espacial, y alquiler de medios de navegación.
Exoneraciones que se aplican a las empresas en ERTE de estos sectores.
Se plantean mayores exoneraciones para los casos de las empresas que reincorporen trabajadores del ERTE.
ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivados del covid-19.
Todos los ERTE ETOP iniciados a partir del 28 de mayo de 2021, es decir, tras la entrada en vigor de este RD-Ley y hasta el 30 de septiembre de 2021, se les aplicará el artículo 3 del RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre. Por ejemplo, la tramitación de estos expedientes se puede iniciar mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor total o parcial.
Se podrá prorrogar un ERTE que finalice antes del 30 de septiembre de 2021, en los términos previstos en el RD-Ley 30/2020, siempre que se alcance un acuerdo para la prórroga en el período de consultas. La prórroga deberá tramitarse ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del expediente inicial.
Prorroga de medidas de salvaguarda del empleo.
En el RD-ley 11/2021 se prorroga el compromiso de mantenimiento de empleo igual que en anteriores prórrogas. Es decir: una vez expirado el periodo de 6 meses de salvaguarda derivado de las normas anteriores, las empresas se comprometen al mantenimiento del empleo durante otro periodo de 6 meses.
Además, se mantienen los límites al reparto de dividendos y la transparencia fiscal; los límites a la realización de horas extraordinarias y externalizaciones de la actividad, y la interrupción de los contratos temporales.
¿Se mantiene el contador a cero y otras medidas de protección por desempleo?
El RD-Ley 11/2021 contempla el contador a cero, la exención del periodo de carencia, el aumento del 50% al 70% del porcentaje de cálculo de la base reguladora para quienes hayan consumido 180 días de prestación. También incluyen los beneficios aplicables a las personas trabajadoras fijas discontinuas (incluyendo la prestación extraordinaria) y la mejora de protección de las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial.
Novedades recoge en la incorporación y la aplicación de ERTES de los fijos discontinuos.
Las empresas deberán reincorporar a estas personas trabajadoras durante el periodo teórico de llamamiento (se entiende por tal el correspondiente al trabajo efectivo desarrollado por estas personas trabajadoras entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019).
Si la contratación se hubiese realizado con posterioridad al 30 de septiembre de 2019, se tomará como referencia el mismo periodo teórico de llamamiento correspondiente al año 2020.
Si como consecuencia de las restricciones y medidas de contención sanitaria estas personas trabajadoras no pueden desarrollar actividad efectiva en el período de llamamiento indicado, deberán ser afectadas por los ERTE vigentes a fecha 28 de mayo de 2021 o con posterioridad a esta fecha y mantenerse en esta situación hasta su reincorporación efectiva o, en su caso, hasta la fecha de interrupción de su actividad.
Las empresas tienen un plazo de 15 días para solicitar la incorporación de estas personas al ERTE ante la autoridad laboral y para tramitar la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo.
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La Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral resume el protocolo de actuación de los servicios de prevención
