USO valora el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz

USO valora el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz

USO considera tardío e insuficiente el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz

El Ejecutivo reconoce en su Decreto-Ley publicado hoy en el BOE una escalada del precio de la luz que va desde los 28,49 €/MWh del mes de febrero a los 154,16 €)MWh del 13 de septiembre. El incremento medio en el mercado mayorista ha sido de un 250%, originado por la variación brusca en la cotización de los mercados europeos del precio del gas natural. El otro elemento que dispara la factura eléctrica, justifica el Gobierno, proviene de los altos precios en los derechos de emisión de CO2.

La ciudadanía ya ha notado en sus facturas recientes estas alzas del precio de la luz, que han puesto en el disparadero la tasa de inflación anual.

No actúa sobre los problemas estructurales del sector energético

Desde USO valoramos positivamente este Decreto-Ley por la vocación del Ejecutivo de atajar la vulnerabilidad de las familias y la pobreza energética, dado lo imprescindible de contar con suministros de gas y luz a precios razonables. Sin embargo, entendemos que la medida llega tarde y resulta insuficiente.

Y resulta insuficiente porque la norma aprobada incorpora varios “parches” en forma de medidas transitorias, pero no actúa lo suficiente sobre problemas estructurales de fondo en el sector energético.

La limitación de acciones sobre las causas estructurales del precio de la energía es evidente. Falta ambición y una propuesta de acción coordinada a nivel europeo. Por otro lado se sigue sin abordar debidamente el problema del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 que protege a los inversores en tribunales privados.

Esto último es muy importante porque los riesgos de judicialización de las medidas ahora aprobadas por parte de las compañías afectadas no son menores. La incertidumbre sobre procesos que concluyan con el posterior reintegro del Estado, es decir, pagados por todos los ciudadanos a estas compañías y a sus accionistas, deben ser tenidos en cuenta.

Por otro lado, algunas de las medidas suponen de facto el aplazamiento del problema, con el pago de la factura en términos prácticos, generando una deuda ciudadana a futuro. Tampoco la reducción temporal de impuestos es una solución, en tanto el detrimento de ingresos públicos también actúa negativamente sobre la financiación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y las familias vulnerables. La aplicación de tipos superreducidos debiera ser estructural y compensada con otros ingresos fiscales.

Medidas del Decreto-Ley para frenar el precio de la luz

Entre las cuestiones destacables del decreto aprobado para atajar la escalada del precio de la luz figuran:

  • Ampliación de seis meses sobre los cuatro actuales para la mora de los consumidores vulnerables en riesgo de pobreza energética para el pago de sus facturas.
  • Se prorroga un trimestre adicional la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, alcanzando a todo el segundo semestre de 2021.
  • Establece de forma excepcional y transitoria hasta el 31 de diciembre de 2021 una reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5,11 % al 0,5 %, con el límite máximo de acuerdo a la directiva europea, de una tasa para usos particulares de 1 €/MWh, y de 0,5 €/MWh para usos industriales y profesionales, salvo excepciones.
  • Amplía en 900 millones de euros el presupuesto del Estado dedicado a compra de los derechos de emisiones de CO2 con cargo a la factura eléctrica.
  • Se establecen medidas para mejorar la competencia tanto en el mercado mayorista como en el minorista y de actuación sobre ellos para mejorar la insuficiente liquidez a medio y largo plazo.

Otra de las medidas aprobadas es la articulación de un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado. El Gobierno considera imprescindible incorporar instrumentos regulatorios que, ante las excepcionales circunstancias de los mercados de materias primas, -sobre todo los del gas natural y el de los derechos de emisiones de CO2-, limiten de manera temporal el exceso de retribución obtenido por dichas instalaciones en detrimento de todos los consumidores. El Gobierno marca un límite para esta intervención en el mercado hasta el próximo 31 de marzo, siempre que el precio del gas supere el umbral de 20€/MWh.

En cuanto a los recursos hidrológicos, el decreto hace previsión de escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35 y el 40% en un horizonte de largo plazo. Por ello se plantea una reforma cuyo principio rector -que USO reconoce más bien como un derecho humano- es la consideración del agua como un bien ambiental, con una incidencia social muy notable y como un bien digno de protección en sí mismo. Las medidas del Gobierno inciden sobre la caducidad y reversión de las concesiones y sobre el mantenimiento y control de los caudales en los embalses. La urgencia del decreto se fundamenta precisamente en los datos sobre reducción generalizada de las cuencas.

Medidas para abordar el impacto del mercado del gas

El texto también aborda el impacto del mercado gasístico en la factura de los consumidores. Su precio ha multiplicado por tres el que mantenía en los últimos años. El Ejecutivo recuerda el derecho que aproximadamente un millón y medio de consumidores ya utilizan al encontrarse acogidos a la tarifa de último recurso, en su mayoría clientes domésticos y pymes, mientras que el resto de los consumidores -cerca de seis millones y medio- están acogidos a tarifas libremente establecidas por las comercializadoras.

Mediante este Decreto-Ley se introduce, como medida temporal y excepcional de protección social, una limitación por dos trimestres al incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso de gas natural. El objetivo es amortiguar la imputación en la misma de la excepcional subida de cotizaciones internacionales del gas natural.

Al tomar acción sobre esta situación se evitará una subida en la factura del consumidor medio que podría alcanzar el 30-40%, derivada del incremento estimado superior al 100% en el coste de la materia prima respecto a la última actualización de julio de 2021. La medida, siendo positiva, tan solo aplaza el problema porque en seis meses el incremento de coste se repercutirá en la tarifa.

El Gobierno se justifica ante las empresas alegando que se garantiza el principio de rentabilidad razonable (como manifestación del principio de seguridad jurídica) de los agentes ofertantes de la energía mediante el establecimiento de un precio de reserva que se determinará a través de una metodología que tendrá en cuenta parámetros objetivos y los costes asociados a la generación objeto de subasta, en base a la información proporcionada por las empresas titulares. Y que, por otro lado, la medida es la respuesta regulatoria a una deficiencia de mercado observada a lo largo de los últimos años, caracterizada por una falta de liquidez que impide a los comercializadores independientes y consumidores directos en mercado contar con la suficiente cobertura frente a los riesgos que supone su completa exposición a las oscilaciones del mercado mayorista de electricidad y que trae causa, en última instancia, de la falta de incentivos que los grupos verticalmente integrados tienen en situar su energía (o al menos parte de ella) en contratos de largo plazo celebrados con terceros.

 

Aumenta hasta el 7% la pobreza en España

Aumenta hasta el 7% la pobreza en España

La pandemia nos deja graves secuelas económicas, entre ellas, el aumento de la pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE, la pobreza o carencia material grave en España aumentó hasta el 7% en 2020, llegando a afectar a 3,3 millones de personas. En 2019, la pobreza o carencia material severa afectaba al 4,7% de la población en España.

Algunos de los datos preocupantes que arroja la encuesta son:

  • La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE de 2020 se situó en el 26,4% de la población residente en España, frente al 25,3% registrado el año anterior.
  • El porcentaje de población en riesgo de pobreza ha pasado del 20,7% en 2019 al 21%.
  • Uno de cada diez hogares declaró tener muchas dificultades para llegar a fin de mes.
  • Tan solo un 19,6% de las familias podría mantener el mismo nivel de vida durante más de 12 meses solo con sus ahorros.
  • El 13,5% tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, frente a 8,3% en 2019.
  • El 10,9% no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En 2019, el porcentaje alcanzaba el 7,6%.
  • El 5,4% de la población en España no podía permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, frente al 3,8% en 2019.

Según los datos por comunidades autónomas, Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%) y Extremadura (12,7%) fueron donde más personas sufrieron mucha dificultad para llegar a fin de mes. En el lado opuesto se encuentran Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%).

La falta de formación y de empleo son las causas con mayor incidencia en el aumento de la pobreza en España. Según el INE, el riesgo de pobreza es mayor entre las personas con menos estudios. Así, el 36% de la población con un nivel educativo equivalente a educación primaria o inferior estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Este porcentaje se reduce hasta el 13,7% cuando el grado alcanzado era la educación superior.

El desempleo es la mayor causa de riesgo de exclusión social. Así, los ocupados presentan un 15% de riesgo de pobreza, mientras que el porcentaje aumenta hasta el 54% en el caso de los parados. Los jubilados tienen un porcentaje de riesgo de pobreza muy cercano al de los trabajadores: 16,7%.

La brecha social sigue aumentando

La incidencia de la pandemia en la economía es innegable, como también lo es su impacto social. Y ello a pesar de que los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas familiares han supuesto un importante freno para el aumento de la pobreza en España. Posiblemente, las colas del hambre, la pobreza y la exclusión social serían aún mayores.

Los datos que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida demuestran que la brecha social se está incrementando, cuando aún no se había reducido la desigualdad que dejó la crisis de 2008. Desde USO echamos en falta la desagregación de los datos de la encuesta por sexo, para hacer un análisis real de quiénes tardarán más en salir de esta crisis y sobre quién está teniendo más incidencia. En la anterior crisis fueron las mujeres las que tardaron más en salir de ella, y peor aún será en esta puesto que demasiadas mujeres han salido del mercado laboral para volver a casa, a los cuidados de la familia.

“Para frenar el incremento de la pobreza en España es necesario un plan de recuperación serio, que se centre en crear un tejido productivo fuerte y competitivo; con un pacto por el empleo, la investigación y el desarrollo sostenible; y unos servicios públicos de calidad basados en el empleo estable en las administraciones”, defiende Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.

Además, son necesarias metas claras y ambiciosas para luchar contra la desigualdad social, reformando la política fiscal para hacerla más justa y reforzando el sistema de protección social, y combatir la desigualdad de género, que la pandemia ha acentuado, empobreciendo aún más a las mujeres. También es necesario actuar con rapidez y contundencia para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias irreversibles.

Nuevo Real Decreto de protección de los consumidores

Nuevo Real Decreto de protección de los consumidores

Ante el crecimiento de la brecha social y el aumento de familias en riesgo de vulnerabilidad económica y social, se ha aprobado un nuevo RD-Ley de protección a los consumidores más vulnerables.

Desde USO recibimos este nuevo Real Decreto como un guiño del Gobierno hacia las familias que están viviendo la peor cara de esta crisis, pero nos preocupa que quede en mero papel. USO echa en falta medidas más contundentes y de acompañamiento por parte del Gobierno para frenar los abusos en cuanto a subidas de precios de suministros básicos. Esperamos que se cumplan algunas de las medidas recogidas en él como las referentes a las ejecuciones hipotecarias o cortes de suministros.

Días después del aumento de la factura de la luz y con un IPC que se prevé desbordado, sobre todo en productos frescos tras el temporal, se ha aprobado este nuevo RD-Ley de protección a consumidores vulnerables. Pero también, el Gobierno debería frenar la subida de suministros como la electricidad o el gas en momentos como el actual, con un invierno duro, una tercera ola de coronavirus y con la destrucción de empleo que está sufriendo nuestro país.

De entre todas las modificaciones que propone este nuevo Real Decreto destacamos la nueva redacción de los artículos 3 y 8 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Prórroga de la prohibición de cortes de luz, agua y gas

Prórroga de la prohibición de cortes de luz, agua y gas

El Consejo de Ministros adoptó ayer la decisión de extender la prohibición de realizar cortes de luz, agua o gas a colectivos vulnerables hasta el final de la vigencia del estado de alarma.

La decisión se produce en el momento más delicado para las familias que sufren de pobreza energética y de precariedad a causa de la pandemia del covid-19, justo cuando la época de fríos intensos viene aparejada a la llegada del invierno. Según los datos disponibles, estos consumidores disponen en buena parte de sistemas eléctricos de calefacción, pero no todos ellos son beneficiarios del denominado bono social. Aún así la aprobación del decreto extiende la garantía de suministro hasta el gas natural y el agua.

IPC de noviembre: los precios de la electricidad cercan a miles de familias

IPC de noviembre: los precios de la electricidad cercan a miles de familias

El IPC de noviembre sigue en descenso con respecto a 2019, pero hay un cambio de tendencia en los grupos de productos que suben de precios, como se refleja en el resumen del INE. “Ni siquiera este invierno, con cientos de miles de familias sin ingresos, el coste de la electricidad da un respiro. Los precios relacionados con vivienda, especialmente la energía, pero también el gasóleo de calefacciones, son los que más han subido. Si otros años el drama de la pobreza energética en estas fechas era acuciante, este 2020 aciago ya es extremo”, denuncia Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Un respiro han dado algunos alimentos básicos, como frutas, legumbres y hortalizas. Desde el inicio de la pandemia, este grupo había disparado sus precios mes a mes. “No es un asunto menor hablar mes a mes de subidas en el precio de la fruta. Estaba empezando a generarse una brecha nutricional entre quienes peor lo están pasando y las personas que sí podían comprar estos alimentos”, advierte García.

La población en riesgo de pobreza se redujo en 2019

La población en riesgo de pobreza se redujo en 2019

Según la Encuesta de Condiciones de Vida, la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) se redujo en 2019, quedando en el 25,3%, frente al 26,1% del 2018.

“Un cuarto de la población sigue en riesgo de pobreza, un porcentaje que nos preocupa sobre todo por el impacto que la pandemia pueda dejar en unos ciudadanos que, ya de por sí, atravesaban una difícil situación económica y a los que se sumarán, por desgracia, otros muchos afectados directamente por la crisis económica que ha traído el covid-19”, reflexiona Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

La reducción de la tasa AROPE se produjo en la carencia material severa, pasando del 5,4% al 4,7%, y en el riesgo de pobreza, que se redujo del 21,5% al 20,7%. Sin embargo, la baja intensidad en el empleo subió una décima y se situó en el 10,8% en 2019.

Por grupos de edad, el riesgo de pobreza bajó un punto en las personas de 16 a 64 años y 1,9 puntos en los mayores de 65. Por el contrario, subió 1,3 puntos en los menores de 16 años.

En 2019, el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 20,7% de la población española, frente al 21,5% del año anterior. Este indicador mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población, es decir, hace referencia a la desigualdad.