USO CELEBRA LA DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO POR AUSENCIAS JUSTIFICADAS, COMO BAJAS POR ENFERMEDAD

USO CELEBRA LA DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO POR AUSENCIAS JUSTIFICADAS, COMO BAJAS POR ENFERMEDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado la derogación del despido objetivo por ausencias regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Desde USO, celebramos esta derogación, reivindicada por nuestro sindicato desde 2012 y anunciada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, poco de después de ser nombrada, que penalizaba la enfermedad a través del despido injusto.

El artículo 52.d permitía el despido por faltas de asistencia al trabajo, aunque estuvieran justificadas pero fueran intermitentes, si llegaban al 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, y siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcanzara el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. El Tribunal Constitucional, en una polémica sentencia, avalaba esta posibilidad.

El despido por ausencias no era novedoso: es una modalidad creada en los ’80, que ha sufrido varias modificaciones, principalmente enfocadas a incluir causas de ausencia justificada que no deben ser computadas para el despido, aunque no era un tipo de despido especialmente utilizado. Hasta que, en 2012, en la última Reforma Laboral, se desvincula el absentismo colectivo de los porcentajes de cómputo de ausencias y pasan a tenerse en cuenta solo las ausencias individuales.

La facilitación de este tipo de despido y su desvinculación total con los porcentajes de ausencias globales, que servía para evidenciar la existencia de un perjuicio para la empresa, provocó que se perdiera el principio de proporcionalidad y adecuación de la medida, convirtiendo a este despido en manera discriminatoria, rápida y barata de deshacerse de trabajadores y trabajadoras, utilizando como causa una circunstancia de la que no son responsables, como es la de estar enfermo.

En febrero de 2012, se aprobó el RD Ley 3/2012, en cuyo texto contaban como ausencias todas las bajas comunes de menos de 20 días incluidas enfermedades graves y cáncer. En el periodo comprendido entre febrero y la aprobación de la ley en julio, se produjo una cascada de despidos de personas afectadas por estas dolencias. Gracias a una enmienda enviada por USO, en el texto final de la reforma se excluyeron las enfermedades graves y cánceres del cómputo.

Desgraciadamente, la utilización de este tipo de despido no descendió con la aprobación final de la reforma en julio, a pesar de excluir las enfermedades graves y cánceres. El despido por ausencias, aun justificadas, ha sido muy utilizado sobre todo en los sectores más precarios, especialmente en servicios y sobre todo en Contact Center. Como no puede ser de otra manera, las personas más afectadas han sido las más vulnerables.

¿Qué cambia?
Con la derogación de este tipo de despido, se lleva a cabo la aplicación de lo ya recogido en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deja claro que este despido genera una discriminación indirecta por razón de discapacidad y género. Y eso a pesar de que, recientemente, el Tribunal Constitucional avaló este tipo despido poniendo por delante la protección de la productividad de la empresa y la eficiencia en el trabajo, y dejando en un segundo plano el derecho constitucional de protección de la salud de los trabajadores y trabajadora. Es importante recordar que, para las situaciones de ausencias injustificadas, abusivas o fraudulentas, nuestra normativa ya prevé en el artículo 54.2.a del Estatuto de los Trabajadores el despido disciplinario.

La reforma del despido por ausencias en 2012 no es un hecho aislado, sino que está vinculado a un programa de reformas de carácter economicista, destinadas al ahorro a costa de la salud de los trabajadores, como son la Ley de Mutuas y el RD de regulación de la IT. Realizadas en un clima de opinión en el que se establece que el absentismo es uno de los principales problemas de las empresas españolas, cuando no existe un sistema establecido para definir realmente qué se considera absentismo ni cómo cuantificarlo de forma objetiva. De nuevo, desde USO reiteramos la necesidad de establecer un indicador oficial que defina que es absentismo y mida su repercusión real.

Nuestro sindicato advierte de varios aspectos: por ejemplo, que hoy solo se anula el articulado, no se sustituye o modifica, por lo que el despido por acumulación de bajas médicas justificadas sí deja de ser una causa objetiva para el despido de un trabajador, pero sigue pudiendo ser despedido, aunque con más coste para le empresa, de 22 a 33 días. Además, nos preguntamos en qué situación quedan los trabajadores afectados por este despido para los que la derogación llega tarde. Afectados que están en proceso de reclamación de su despido y en el que aún no hay sentencia firme, como es el caso de Alfonso Callejo, delegado de USO en Carnes Selectas del Grupo Campofrío, empresa que enmascaró la persecución sindical en un despido por ausencias justificadas. Desde USO, animamos, por lo tanto, a que donde se haya aplicado esta medida injusta para despedir trabajadores se dé marcha atrás.

EL IPC ABRE 2020 CEBÁNDOSE CON LOS PRODUCTOS BÁSICOS

EL IPC ABRE 2020 CEBÁNDOSE CON LOS PRODUCTOS BÁSICOS

La electricidad vuelve a escalar de precio en pleno invierno y eleva la inflación en tres décimas con respecto al último mes del pasado año. Así, 2020 se estrena “con una subida del día a día de los españoles, porque tanto la energía doméstica como los alimentos son básicos para la vida cotidiana de cualquier persona”, comenta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Así, el índice oficial que estudia las variaciones de precios en nuestro país ha marcado este enero “la cifra más alta en nueve meses, con una subida vertiginosa desde octubre, que estaba en una décima, hasta enero, con ese 1,1%. Esperamos que esto revierta en los salarios de los trabajadores, especialmente en las comunidades con unos sueldos más bajos”, advierte García.

Porque, en este sentido, “preocupa ver que Castilla-La Mancha lidere la tasa este mes, con 1,4%, o que en Canarias se haya triplicado el IPC desde el 0,4% de diciembre al 1,1% actual, con la mayor subida mensual, porque son regiones que marcan los salarios más bajos del país, junto con Andalucía y Murcia, donde los precios en enero se han disparado de forma similar”, analiza la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

USO LE PIDE A LA MINISTRA DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL UN INDICADOR OFICIAL SOBRE EL ABSENTISMO

USO LE PIDE A LA MINISTRA DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL UN INDICADOR OFICIAL SOBRE EL ABSENTISMO

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, y la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral, Sara García, se han reunido con la ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, abriendo la ronda de contactos con los sindicatos minoritarios, como tercera fuerza sindical del país.

En este primer encuentro, “que ha destacado por el buen tono y la predisposición a escuchar nuevas ideas”, destaca Joaquín Pérez, “USO le ha pedido que no se utilice la frase de ‘derogar la Reforma Laboral’, sino que sea ambiciosa y construya la legislación laboral del siglo XXI que necesitamos para abordar los retos del empleo y las nuevas formas de trabajo que están aún por legislar. Derogar la Reforma supone irnos a una ley de los años 90, sin herramientas para afrontar la temporalidad, los falsos autónomos y otras desregulaciones que nos ha traído la digitalización”.

No obstante, “mientras se prepara este marco legal, es urgente introducir cambios en el que hay. Por ejemplo, en el marco del Diálogo Social, consideramos que debe modificarse el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores para conseguir una verdadera democracia sindical: que los trabajadores puedan elegir a sus representantes sin dar privilegios a los dos grandes sindicatos, y que se haga un control exhaustivo en las estadísticas oficiales de los miles de delegados fantasma que tienen estas dos organizaciones y que inflan sus datos de representación”, explica Pérez.

Entre las medidas impostergables, la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO tiene clara una: “tocar el 52D del Estatuto de los Trabajadores, que ha permitido los despidos por enfermedad. Urge establecer un criterio unificado, un indicador, que defina claramente qué se considera absentismo. Se está criminalizando a enfermos y a facultativos y, hasta ahora, solo contamos con informes de empresas de trabajo temporal, que meten todo en el mismo saco, incluyendo situaciones que el Estatuto no considera ausencia, como la baja por maternidad”.

Sara García ha querido destacar que “la ministra está visibilizando el problema de las muertes en el trabajo, las grandes invisibilizadas de nuestro país. Llevamos años reclamando que se tomen medidas en este sentido, y así se lo hemos trasladado. Hay que actualizar la normativa sobre salud laboral, que está obsoleta y no contempla nuevos riesgos, hay que reforzar con medios humanos y técnicos a la Inspección de Trabajo, y hay que regular y limitar el papel de las mutuas, que tienen un papel preponderante sobre la propia Seguridad Social”.

FIN DE CICLO: NI LAS REBAJAS REBAJAN EL PARO

FIN DE CICLO: NI LAS REBAJAS REBAJAN EL PARO

Si hay algo que nos han enseñado las nuevas formas de crear empleo es que las viejas fórmulas están agotadas, y ya no se puede fiar el descenso del paro ni al turismo ni a las rebajas ni a tradiciones similares. Así lo demuestran los datos de enero, con una subida que sí es tradicional, pero la mayor registrada desde 2014. “En diciembre, el número de parados prácticamente no mejoró las cifras del año pasado, y en enero ocurre lo mismo, con muchas regiones ya con más paro que en 2019. Hemos tocado fondo en la mejora de un mercado laboral sin recibir estímulos, su falta de dirección durante el desgobierno lo ha extenuado y más de 3.250.000 de parados se convierten en parados estructurales al finalizar el ciclo de la recuperación a medias. El verano dijo que ya no vive de turismo; diciembre y enero, que no viven solo de Navidad y rebajas; pero se sigue sin apostar por los sectores que crean empleo estable”, analiza Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.

Todas las comunidades, salvo Baleares, han visto engrosar sus listas del paro, que ha aumentado en todos los sectores, salvo en Construcción y el colectivo sin empleo anterior. Relativamente, “las subidas más preocupantes se dan en Agricultura, que ya supera ampliamente el paro de enero de 2019, y en Industria, que ha duplicado de lejos la subida del año pasado en el mismo mes. Son dos sectores que están en las calles pidiendo medidas, y que en muchos casos van de la mano, pues nuestro campo alimenta una industria agroalimentaria que deberíamos cuidar más. En su conjunto, estamos a la espera del plan urgente para reindustrializar el país que ya debería estar en marcha. Los datos dicen claramente que no puede esperar más: enferma la industria pesada, no se impulsa la tecnológica y Servicios ya tiene el mismo paro que el año pasado, ¿qué más síntomas tienen que darse para actuar?”, apura Estévez.

La contratación también se ha reducido, “y la que se produce, un 5% menos que el año pasado, sigue aquejada de parcialidad y temporalidad, o de ambos males. 3 de cada 10 contratos que se firmaron eran temporales y con jornada parcial. A eso se le puede llamar contratar, pero no crear empleo. Y así vemos cómo la Seguridad Social ha bajado en cotizantes mucho más que el paro, 244.044, que son realmente los empleos que se destruyen”, apunta la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.

LA DURACIÓN MEDIA DEL CONTRATO EN 2019 FUE DE 49 DÍAS, MÁS DE 3 DÍAS MENOS QUE EN 2018

LA DURACIÓN MEDIA DEL CONTRATO EN 2019 FUE DE 49 DÍAS, MÁS DE 3 DÍAS MENOS QUE EN 2018

 

La duración media de los contratos en España en 2019 fue de 49 días, frente a los 52,16 días de 2018. “Veníamos de contratos efímeros y, lejos de avanzar en la lucha contra esa precariedad y rotación infernal, hemos aumentado la temporalidad. Nadie puede vivir si solo tiene un contrato de esa duración al año o si necesita más de 7 contratos para trabajar un año completo”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Ese es uno de los datos del análisis “Balance del mercado laboral: 2019, un mal año para el empleo”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO. Otros apuntan al origen de ese resultado: “3 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país dura menos de una semana, la mayoría de ellos se hacen de lunes a viernes para evitar pagar el descanso de fin de semana. Aquí es indispensable la labor de Inspección de Trabajo, pues no es creíble que solo se necesite a un trabajador de lunes a viernes y vuelva al lunes siguiente”, continúa Pérez. En el caso de otros contratos, los “eventuales por circunstancias de la producción”, han aumentado notablemente, “y permiten una libertad absoluta para no contratar a alguien de manera indefinida. El 36% de los temporales son de duración indeterminada. Es urgente que se legisle sobre este tipo de contratos, porque debe demostrarse que efectivamente la necesidad es temporal; si no, el contrato tiene que ser indefinido desde su comienzo”.

2019 ha confirmado la ralentización de la economía y que nos estamos asomando al precipicio de una vuelta a la destrucción de empleo: “el paro se ha reducido únicamente en 38.692 personas, sigue habiendo más de 3 millones de parados, y se ceba especialmente con los mayores de 45 años y con las mujeres. Pero es que el PIB ya está creciendo a niveles de 1,9%, y el bajar del 2% siempre se traduce en comenzar a destruir puestos de trabajo”, alerta el secretario general de USO.

La mala calidad del empleo de las mujeres crea la tormenta perfecta con sus altas tasas de paro, pues “la mitad de las que consiguen un trabajo, lo consiguen a jornada parcial. De todas las mujeres contratadas, un 46% firma directamente a tiempo parcial. Hay que seguir avanzando en las medidas de igualdad. No basta con legislar para que empresas de menos de 250 trabajadores tengan un plan de igualdad si ya antes era obligatorio para las mayores y solo lo tienen en vigor un 5% de ellas”, rebate Joaquín Pérez.

 

Brecha entre comunidades autónomas

Aunque la tendencia es mala en el conjunto del país, las diferencias entre los territorios son notables. “Dentro de que es un porcentaje ínfimo, pero Madrid y Baleares tienen más de un 10% de contratación indefinida inicial, frente a Extremadura y Andalucía, en torno al 2%. La legislación laboral actual es perversa para todos, pero está claro que hay regiones donde es necesario luchar más contra el fraude en la contratación”, apura el secretario general de USO.

 

EL ESPERPENTO EN TORNO AL SMI LE PONE LA PUNTILLA AL DIÁLOGO SOCIAL

EL ESPERPENTO EN TORNO AL SMI LE PONE LA PUNTILLA AL DIÁLOGO SOCIAL

En la primera reunión de la nueva ministra de Trabajo y Economía Social con los componentes del Diálogo Social, se acordó la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros, “tras una cadena de despropósitos que asimilaron el Diálogo Social a una subasta: que si el AENC con 1.000 euros, cálculos de CCOO y UGT de 1.007 y 1.200 euros, el acuerdo con Podemos a 1.000 euros… y, al final, precio de liquidación, 950 euros. Este asunto es lo suficientemente importante como para haberlo resuelto en más de 5 minutos de puja”, critica Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Para Pérez, “esto es una muestra más de la necesidad de revalorizar el Diálogo Social, de hacerlo más plural y, sobre todo, de no participar de obras de teatro en varios actos para hacerle el servicio al Gobierno. Hay un estado de urgencia en el empleo y con parches no se mejora, solo se consigue una foto por cada medida, no un paquete de decisiones de urgencia. Por ejemplo, ayer debería haberse conseguido un compromiso de anular el despido por baja en el próximo Consejo de Ministros, pero suponemos que han preferido guardarse la oportunidad de difundir otro apretón de manos. Nos extraña, por lo tanto, que no se haya visto la necesidad de acordar un calendario de urgencia por el empleo”.

El secretario general de USO lamenta lo que se esconde tras el SMI, “que no es la engañifa de que ahora nadie va a cobrar menos de 950 euros. Uno de los grandes dramas del empleo de este país es la temporalidad y la parcialidad, que deben ser combatidas mediante la lucha contra el fraude y la labor de Inspección de Trabajo. ¿Qué más da que el SMI suba a 950 euros si me contratan una semana? ¿O si estoy a 20 horas semanales? Al final, se queda en muy poca cantidad, y eso no es dignificar los salarios ni el empleo”.

Por último, Joaquín Pérez incide en la necesidad de medidas y políticas integrales, no en medidas salpicadas de semana en semana: “no estamos para fascículos, el Diálogo Social debe abordar urgentemente un acuerdo por el empleo y la formación, el I+D+i, la industria -como ayer le recordaron cientos de trabajadores a los grupos políticos ante el Congreso-, y apostar por los nuevos empleos relacionados con las transiciones digital, tecnológica y ecológica. Y todo ello, esperemos, con luz y taquígrafos, que no estamos para cuartos oscuros”.