Con un paro aún por encima del precovid, la contratación sigue creando un empleo temporal y parcial

Con un paro aún por encima del precovid, la contratación sigue creando un empleo temporal y parcial

Sin recuperar los niveles anteriores a la pandemia, septiembre cierra con 178.091 personas más en paro

El paro bajó en septiembre hasta las 3.257.802 personas. Una buena tendencia, la de que baje el paro en un mes en el que tradicionalmente sube, pero que está aún por encima de los datos previos a la pandemia y que hay que analizar junto con la calidad del empleo creado y las aún 239.230 personas que, un año y medio después de estallar la pandemia, siguen en regulación temporal de empleo.

En septiembre de 2019, el último previo al covid, la cifra de parados, a pesar de haber subido ese mes, era de 3.079.711, aún 178.091 personas menos de las registradas actualmente.

“Es normal que, al finalizar un verano en el cual el turismo no ha estado al cien por cien, no se registre la tradicional subida de parados de quienes cierran la temporada, pues esa temporada no ha sido habitual. Esos parados hay que buscarlos en los más de 200.000 que siguen en ERTE y que apenas han podido trabajar en meses”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La contratación indefinida sigue penalizada por el abuso de contratos que deberían ser inicialmente indefinidos y acaban en conversiones

Pérez incide además en que la salida del paro se produce “siguiendo los viejos patrones de temporalidad no justificada y parcialidad. Del total de contratos suscritos en septiembre, el 11,26% fueron indefinidos, con un 69,66% de ellos inicialmente indefinidos y el resto, conversiones. Casi todas esas conversiones proceden de contratos que, en su mayoría, no deberían ser temporales, como los de obra y servicio o circunstancias de la producción, que enmascaran una necesidad estructural. Tras estas conversiones, suele haber una denuncia de Inspección y no un cambio real de mentalidad. El contrato base debe ser el indefinido, con una justificación real de un contrato temporal”.

Así, en los contratos temporales firmados este mes, 1.707.158, vuelve a darse que “prácticamente todos se justifican bajo esa modalidad de contratación, el 89%. Un contrato temporal sirve para salir del paro, pero no se está creando un puesto de trabajo. Porque, además, más de un tercio de los contratos temporales padecen la doble precariedad de ser, además, de jornada parcial”, apunta el secretario general de USO.

“El Gobierno sigue la senda de anteriores ejecutivos: tratar de maquillar la estadística global con empleo precario y a granel. Seguimos con un número de contrataciones estratosférico con respecto a los países de la UE, de mucha peor calidad para poder destruirlas al poco tiempo. Y, aun así, nuestras tasas de paro y de desempleo juvenil son vergonzosas. Algunos no deberían alegrarse de construir un futuro laboral de cartón. Sin grandes reformas, será cuestión de tiempo que un poco de aire lo vuelva a tirar todo abajo”, concluye Joaquín Pérez.

Análisis e infografías de tu interés sobre la prorroga de los ERTES hasta febrero del 2022 (RDLEY 18-2021)

Análisis e infografías de tu interés sobre la prorroga de los ERTES hasta febrero del 2022 (RDLEY 18-2021)

A continuación os adjuntamos los enlaces de nueve infografías que ha realizado la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, con los puntos más relevantes  del Real Decreto-Ley 18/2021,

 

Os adjuntamos tambien el análisis del Real Decreto-Ley 18/2021, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

USO resume todas las claves de la prórroga de los ERTE hasta febrero

USO resume todas las claves de la prórroga de los ERTE hasta febrero

Todas las claves de la prórroga de los ERTE hasta febreroLos ERTE se prorrogan hasta el próximo 28 de febrero de 2022. El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, en el que, entre otras medidas, se incluye la nueva extensión de este mecanismo de protección del empleo.

  • ¿Cuándo entra en vigor el RD-Ley 18/2021 de prórroga de los ERTE?

El RD-Ley 18/2021 referente, entre otras cosas, a la prórroga de los ERTE derivados por la crisis sanitaria del COVID-19 entra el vigor el 29 de septiembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.

  • ¿A qué tipos de ERTE se aplica esta prórroga?

Se aplica a todos los ERTE vinculados a la crisis pandémica (prórrogas y nuevos ERTE):

  • ERTE por Fuerza Mayor regulados por el RD-Ley 8/2020.
  • ERTE por impedimento de actividad regulados por el RD-Ley 24/2020, por el RD-Ley30/2020 y por el RD-ley 2/2021.
  • ERTE por impedimento o limitaciones de la actividad regulados por el RD-Ley 11/2021.

Se establece una prórroga automática de estos tres tipos de ERTE vigentes a fecha 30 de septiembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021. Si no se presenta la solicitud de prórroga en los términos y plazos establecidos, estos ERTE se darán por finalizados y no serán aplicables desde el 1 de noviembre de 2021.

La autoridad laboral tiene un plazo de diez días para pronunciarse sobre la prórroga, en el caso de no hacerlo, se entenderá estimada la solicitud de prórroga.

  • Nuevos ERTE por impedimento o limitaciones de actividad. Podrán solicitarlos las empresas y entidades afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria vinculadas a la covid-19, que sean adoptadas por las autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

 

  • ¿Siguen vigentes las cláusulas de salvaguarda del empleo y la prohibición de despedir?

Sí. Este RD-Ley contempla la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 de la salvaguarda de empleo, conforme a lo previsto en el artículo 5 del RD-Ley 30/2020. Las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social quedan comprometidas a un nuevo período de 6 meses de salvaguarda del empleo desde la fecha en la que reanuden su actividad.

Además, se prorrogan hasta el 28 de febrero los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021 referente a los despidos por causas derivadas del covid-19.

No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los ERTE.

  • Exoneraciones de pago de las cuotas a la Seguridad Social de las empresas afectadas por ERTE

Esta es una de las novedades que presenta este RD-Ley: la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de noviembre de 2021 a febrero de 2022. Así, el RD-ley hace distinción entre empresas con ERTE de limitación de actividad y empresas con ERTE de impedimento de actividad.

En el caso de las empresas con ERTE de impedimento de actividad, la exoneración será del 100%. Por el contrario, para las empresas con ERTE de limitación de actividad, la exoneración se verá condicionada a si la empresa ofrece o no formación a sus personas trabajadoras, conforme a las siguientes reglas:

  • Empresas con diez o más trabajadores dados de alta a fecha 28 de febrero de 2020: 40% si no ofrece formación; 80% si ofrece formación.
  • Empresas con menos de diez personas trabajadoras dadas de alta a fecha 28 de febrero de 2020: 50% si no ofrece formación; 80% si ofrece formación.
  • ¿Se mantiene el denominado “contador a cero”?

El RD-Ley 18/2021 contempla la extensión hasta el 28 de febrero de 2022 de los apartados 1 a) y del 2 al 5 del artículo 25 del RD-Ley 8/2020, el denominado contador a cero.

También se prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 que la cantidad de prestación a percibir por parte de los trabajadores afectados por alguno de los ERTE anteriormente mencionados, sea el 70% de la base reguladora.

  • ¿Qué medidas se han aprobado para trabajadores con contrato fijo-discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se realicen en fechas ciertas?

Se prorrogan hasta el 28 de febrero de 2022 las medidas de protección por desempleo extraordinarias para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, según lo establecido en el artículo 9 del RD-Ley 30/2020.

A estos trabajadores se les aplica también el denominado “contador a cero” y su prestación será el 70% de la base reguladora.

  • Medidas en materia laboral aprobadas para La Palma

El RD-Ley 18/2021 además de prorrogar los ERTE hasta febrero regula también la situación especial de La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre. Así, de cara a paliar los efectos económicos y de desempleo derivados de la erupción volcánica, este RD-Ley establece:

  • Las empresas que vean afectada su actividad y tengan que aplicar un ERTE de limitación o impedimento de actividad lo podrán hacer siguiendo el esquema de los ERTE por covid-19.
  • En este tipo de ERTE derivado de la erupción volcánica serán de aplicación las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo previstas en la norma de aplicación a los ERTE derivados del covid-19.
  • Los trabajadores autónomos que se hayan visto obligadas a suspender o cesar su actividad como consecuencia de la erupción volcánica tendrán derecho a recibir la prestación por cese de actividad.

Estas medidas para La Palma estarán en vigor hasta el 28 de febrero de 2022, con posibilidad de prórroga.

Generar vacaciones en situación de ERTE, este derecho esta reconocido por la AN

Generar vacaciones en situación de ERTE, este derecho esta reconocido por la AN

La AN reconoce el derecho a generar vacaciones en situación de ERTE

En relación al devengo de vacaciones estando de baja, maternidad/paternidad o riesgo de embarazo en período de ERTE, la Audiencia Nacional falla a favor de la plantilla de Ferrovial Servicios y da la razón a USO 

La Audiencia Nacional reconoce el derecho a generar vacaciones de los trabajadores que se encuentren en situación de suspensión del contrato por causas de incapacidad temporal (IT), riesgo por embarazo, maternidad o paternidad que coincida con el periodo de un ERTE.

El Tribunal ha estimado la demanda presentada por USO contra Ferrovial Servicios en defensa del derecho a vacaciones de los trabajadores afectados por la situación provocada por el covid-19. USO presentó demanda de conflicto colectivo para que se reconociera el devengo de vacaciones en los periodos de suspensión de contrato por IT, riesgo por embarazo, maternidad o paternidad, independientemente de que los trabajadores se encontraran afectados o desafectados por un ERTE.

La sentencia es de relevancia puesto que cuando se solapan ambas suspensiones de contrato, la Audiencia Nacional declara la primacía de las situaciones de IT, riesgo por embarazo y maternidad o paternidad, las cuales sí generan derecho a las vacaciones, sobre la situación del ERTE en el que la persona trabajadora deja de generar días de vacaciones mientras dure el expediente de regulación temporal de empleo.

TJUE y el derecho a vacaciones

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado en diversas sentencias que “el derecho de cada trabajador a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones” y “que el trabajador deberá normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y de su salud”. De esta manera, el derecho a las vacaciones es un derecho indisponible para ambas partes y, además, sirve de instrumento para la reparación y conservación de la salud del trabajador.

Así, la Audiencia Nacional ha considerado que en cuanto a la duración de las vacaciones, el solapamiento de suspensiones de contrato por causas ETOP o fuerza mayor con situaciones de IT, riesgo por embarazo y maternidad o paternidad, no pueden dar lugar a una reducción de derechos. Estas situaciones excluyen la posibilidad de estar a disposición de trabajar, por lo que prevalecen a la hora de determinar la causa de la suspensión de la relación contractual para el cómputo de las vacaciones.

Vacaciones en el convenio de Ferrovial Servicios

Ferrovial Servicios se opuso a la demanda indicando que se vio obligado a llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor, en dos periodos de marzo a julio, y por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), de julio a la actualidad causando la suspensión del contrato de trabajo, sin generar derecho a las vacaciones. Los dos primeros ERTES se aplicaron a toda la plantilla y el tercero fue sucesivamente desafectado, en función del reinicio de la actividad por la empresa.

Sin embargo, el artículo 65 del Convenio Colectivo de Ferrovial Servicios determina que “el/la trabajador/a que, estando en situación de incapacidad temporal, inicie algún período de vacaciones coincidente con la misma, no perderá el derecho al disfrute de los días coincidentes con aquella”. También recoge que “cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato por maternidad, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta aunque haya terminado el año natural al que correspondan”. En ese mismo sentido se manifiesta el artículo 38.3 del ET.

Recuerda que tienes a tu alcance toda la información sobre ERTE y vacaciones en nuestra web: Preguntas Frecuentes sobre ERTE¿Tengo derecho a vacaciones si estoy en ERTE? y Vacaciones: cálculo de días, cómo afecta una baja o un ERTE. Si tienes cualquier otra duda, ponte en contacto con nosotros y te asesoramos.

 

Septiembre arranca con el inicio del nuevo curso político y social.

Septiembre arranca con el inicio del nuevo curso político y social.

Joaquín Pérez, secretario general de USO reflexiona sobre los retos que se abordarán en los próximos meses: SMI, pensiones, ERTE, reforma laboral y precio de la luz

Empezamos nuevo curso político y social en fase de superación definitiva de la crisis sanitaria y envueltos en una económica y sociolaboral de una intensidad y profundidad aún por definirse a medio plazo. Muchos de los indicadores y datos con los que terminamos el verano son preocupantes.

En este escenario cambiante, cargado de incertidumbre y con el empleo y muchos sectores de actividad dañados, desde USO demandamos la puesta en el centro de la persona y su dignidad, las políticas a favor de la mayoría y, en especial de los más vulnerables, de los muchos que se han quedado atrás o muy tocados.

Por eso, demandamos que debe ser la cantidad y calidad del empleo la absoluta prioridad del Gobierno y de todo responsable político. “Que se dirija el futuro de la sociedad, de los servicios públicos, la industria, la cultura, la educación y formación, hacia una transformación que aporte verdadero progreso e innovación. Apostando por la ciencia y la atención a las personas; construyendo una transición justa hacia un futuro más respetuoso con el planeta y garantizando una protección social y la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, defiende Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Pérez reclama “no cometer más errores. Y vigilar que no se cometan los del pasado, en especial con todo lo que van a suponer los Fondos de Recuperación Europeos, que marcarán en gran medida el futuro a corto y medio plazo de nuestro país. No deben traducirse en empleos precarios, favorecer oligopolios o reforzar la privatización de sectores estratégicos como el agua, energía o megaproyectos de renovables o infraestructuras que supongan sólo pan para hoy. No más burbujas, por muy bonitas que las hagan”.

El nuevo curso que se inicia hoy viene cargado de trabajo sindical, en cada empresa, en cada centro de trabajo, en cada sede, y en la calle y en la movilización. Todo pinta a que habrá que salir solos o acompañados.

Reforma de las pensiones

La continuación de la reforma de las pensiones será uno de los retos que marcarán el nuevo curso político y los próximos meses. Tocan las pensiones y para mal, claro. Se dejan para 2022 la implantación generalizada de los planes de pensiones de empresa con adscripción automática del trabajador, que abren peligrosamente la puerta a la privatización del sistema; la ampliación de la edad de jubilación; la extensión de los 25 a los 35 años para el cálculo de la pensión o el destope de la base máxima de cotización, entre otras. Estas medidas pendientes son necesarias, a priori, para que Europa libere los fondos del Plan de Recuperación.

El primer paquete de medidas aprobadas para reformar el sistema público de pensiones se encuentra ya en trámite parlamentario, y recoge la revalorización anual de las pensiones con el IPC; coeficientes reductores mensuales para cercar la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación; incentivos al retraso en la jubilación; límites a la jubilación forzosa; el refuerzo de la estructura de ingresos y la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social.

La necesaria subida del SMI

El 1 de septiembre, con el comienzo el nuevo curso, arranca también la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en 950 euros desde 2020. El SMI no ha vuelto a subir desde entonces.

La subida que se comienza a negociar en este nuevo curso podría estar en torno a los 12-19 euros, muy lejos, por ejemplo, del más que seguro incremento del IPC en agosto, que se situará en el 3,3%.

“Con el SMI congelado, muchos trabajadores están soportando un precio de la electricidad desorbitado, el encarecimiento de la cesta de la compra, alquileres elevados, etc. Los bolsillos de las familias están soportando como pueden esta pandemia, y las familias más vulnerables están resistiendo con serias dificultades. Además, con la alta tasa de parcialidad no deseada, cada vez hay más gente a los que su trabajo no les da para vivir con lo más básico, se puede volver a dejar tirados a los mismos de siempre”, denuncia el secretario general de USO.

A pesar del difícil escenario económico en que nos encontramos, “es irrenunciable y más que necesaria una subida del SMI, acorde con la realidad económica y el comportamiento de los precios. No nos podemos permitir seguir llenando la bolsa de exclusión social. Es en estos momentos cuando los trabajadores y las familias necesitan apoyo, sin dejar de lado que hay que poner solución ya a la alta temporalidad y precariedad del mercado laboral y a la falta de oportunidades para los jóvenes y, por supuesto, seguir defendiendo que la recuperación pasa por la reactivación económica, mejores empleos y salarios”, reclama Pérez.

Reforma laboral, en el aire

El nuevo curso político y social también tiene que abordar la negociación de la reforma laboral. Al igual que la reforma de las pensiones, es requisito para acceder a los fondos europeos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto favorecer la contratación indefinida; limitar los contratos temporales; restringir la subcontratación y eliminar la prevalencia del convenio de empresa. El anuncio de estas medidas ya ha conseguido la negativa de la patronal, por lo que la negociación de la reforma laboral se prevé más que complicada. Muchas otras cuestiones que como USO reclamamos parecen haber desaparecido de la hoja de ruta, o no tocan.

“Por eso, desde USO seguimos reclamando una reforma de la legislación laboral que posibilite la calidad en el empleo y rompan con la precariedad y la excesiva temporalidad; que elimine las discriminaciones entre personal de contrata y empresa principal; que se apueste por el futuro y la modernización empresarial responsable, la capacitación y la formación”, exige Pérez.

USO demanda la urgente creación de una Mesa en el Congreso para alcanzar un gran pacto por el empleo, que modifique las dos últimas reformas laborales -la Ley 35/2010 y la Ley 3/2012-, en el que se incluya::

  • Anular las medidas de facilitación y revisar al alza los importes del despido.
  • Eliminar la posibilidad de cambios unilaterales de modificación de condiciones de trabajo de carácter
    individual y colectivo.
  • Recuperar la garantía de ultraactividad de los convenios.
  • Prohibir las inaplicaciones o descuelgues.
  • Controlar el abuso y penalización de distintas condiciones laborales para una misma actividad en la
    subcontratación o externalización.
  • Horarios y jornadas de trabajo más acordes con los países de la Unión Europea.
  • Luchar contra el fraude laboral, reforzando la Inspección de Trabajo y no externalizando sus labores.
  • Reducir y simplificar los modelos de contratación, restringiendo al máximo la causalidad de los mismos y penalizando las situaciones irregulares de encadenamiento de contratos temporales.
  • Declarar nulos los despidos motivados por IT.
  • Devolver las competencias a la Autoridad Laboral en los despidos colectivos.

“El necesario Pacto de Estado por el Empleo no debe demorarse y ha de estar por encima de partidos e ideologías. La precariedad laboral, la temporalidad, la parcialidad, el desempleo juvenil, el paro de mayores de 55 años y los desempleados de larga duración que agotan sus prestaciones sin capacidad de reengancharse siguen siendo las características laborales made in Spain que desde distintos ámbitos internacionales continuamente nos señalan”, reflexiona Pérez.

“También insistimos en reclamar un nuevo modelo de Diálogo Social, más plural y abierto y más transparente para el conjunto de la sociedad. El actual modelo de corrillo de cuatro está caducado y no hace más que ralentizar, cuando no interferir negativamente, las cosas que verdaderamente deberían estar sobre la mesa para ser tratadas de urgencia”, apunta el secretario general de USO.

¿Qué ocurrirá con los ERTE?

El próximo 30 de septiembre concluye la quinta prórroga de los ERTE. “Es más que probable que la negociación vuelva a agotar casi el tiempo de juego, para que los más de 300.000 trabajadores que siguen en ERTE continúen con la incertidumbre hasta el último momento. No se puede volver a jugar a la negociación con el futuro de cientos de miles de trabajadores. Es innecesario, además de mostrar muy poca sensibilidad”, critica el secretario general de USO.

A pesar de la reactivación de la actividad en distintos sectores muy castigados por la pandemia, sigue habiendo empresas y trabajadores que necesitan los ERTE. “Los ERTE han servido como herramienta de contención, pero la destrucción de empleo está disparada. Hasta junio, los trabajadores afectados por despido colectivo (7.625) aumentaron un 55,4% con respecto a 2020”, apunta Pérez.

Frenar la subida del precio de la luz

Otro de los retos de este nuevo curso es frenar la subida de la electricidad. El precio de la luz sigue disparado, casi a diario, y los bolsillos de las familias, castigados. Y es que el encarecimiento de la luz no solo se nota en la factura sino también en el precio de lo que comemos.

Y mientras, el Gobierno no es capaz o no parece dispuesto a buscar una solución efectiva que frene la subida del precio de la electricidad. “Una electricidad que es un bien imprescindible de primera necesidad para toda la sociedad, para su desarrollo, su salud y su conectividad, y que no puede depender sin límite de factores externos sin un control justo”, reflexiona Pérez.

La bajada del IVA de la luz al 10%, que entró en vigor en julio, dirigida a un sector muy concreto de la población, ha sido una medida con poco o nulo efecto, aplastada por las subidas históricas de los Kw en los últimos meses. Por eso, desde USO continuamos reclamando la reducción el IVA de la electricidad al 4%, considerando la luz como un bien de primera de necesidad y aplicándole el IVA superreducido para que sí se notara inmediatamente en el bolsillo de las familias, junto a medidas a medio plazo para que haya un control topado de precios en el futuro”, pide el secretario general de USO.

USO analiza la Ley 3/2021, por la que se adoptan medidas para proteger el empleo

USO analiza la Ley 3/2021, por la que se adoptan medidas para proteger el empleo

El 12 de abril se dictó la Ley 3/2021, publicada en el BOE al día siguiente, por la que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos en el empleo derivados del covid-19. La Ley supone una convalidación del Real Decreto Ley 9/2020.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, se han elaborado aproximadamente 350 leyes, reales decretos, órdenes, resoluciones, instrucciones y acuerdos, a raíz de la situación de crisis sanitaria, económica y social
generada por el covid-19.

El ámbito laboral, quizá el mas perjudicado por la pandemia, ha sufrido un considerable número de cambios normativos. El  objetivo no ha sido otro que minimizar el impacto de la situación de emergencia sanitaria tanto en la actividad económica como en el  mantenimiento del empleo, evitando situaciones de desprotección y garantizando la recuperación de la actividad económica.

Análisis de la Ley 3/2021

La última de estas modificaciones normativas es la Ley 3/2021, que recoge medidas complementarias para la protección del empleo frente a los efectos derivados del covid-19. Se estructura en cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, que complementan los conceptos recogidos en la normativa anterior.

Entre las modificaciones más importantes que se recogen en la Ley 3/2021 está la de establecer la vigencia hasta el 31 de mayo de las medidas extraordinarias para la protección del empleo y la interrupción del cómputo de duración máxima de los contratos temporales (artículos 2 y 5).

También, la Ley dicta que los contratos que tienen previsto un limite de duración, pueden resultar interrumpidos a efectos del cómputo de su duración y periodos de referencia hasta el 31 de mayo. Es decir, la empresa no puede rescindir un contrato temporal con motivo de la pandemia, y si un contrato vence en el periodo de referencia, la empresa no puede extinguirlo, ya que el contrato queda suspendido durante el tiempo de inactividad empresarial. Su vencimiento se alargará tantos días como haya estado suspendido. La finalidad de la medida es fomentar la inclusión de los trabajadores temporales que se encuentren en situación de ERTE, en lugar de la extinción automática de estos contratos.

Otro dato a destacar de esta Ley es que determina que hasta que las autoridades sanitarias levanten las medidas de prevención frente a la crisis sanitaria, los centros sanitarios o sociales no pueden tramitar ERTE. La finalidad de esta medida es garantizar la atención a la personas más vulnerables, enfermas y las socialmente dependientes.

A continuación detallamos las principales medidas de protección del empleo frente al covid-19 que recoge la Ley 3/2021:

Mantenimiento de actividad y del empleo en centros sanitarios y sociales

La Ley establece la prohibición de tramitar ERTE en centros sanitarios y sociales para garantizar la aplicación efectiva de estos servicios esenciales.

Esta prohibición se aplica a los centros, servicios y establecimientos de atención a la infancia y adolescencia; personas mayores; dependientes; personas con discapacidad; con problemas de adicciones; personas en riesgo o situación de exclusión social y personas sin hogar. También en los establecimientos sanitarios como hospitales y ambulatorios, residencias y centros de día, sean públicos o privados.

Medidas extraordinarias para la protección del empleo frente al impacto del covid-19

La Ley detalla el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas de fuerza mayor y ETOP. Establece que no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Medidas extraordinarias para agilizar la tramitación y abono de prestaciones por desempleo

La Ley 3/2021 modifica el articulo 25 del Real Decreto Ley 8/2020, para agilizar la tramitación y abono de prestaciones por desempleo. Se establece, que el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo se puede iniciar mediante solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora, formalizada en un modelo oficial proporcionado por la misma.

La solicitud debe contener datos tales como:

  • nombre o razón social de la empresa, domicilio y número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten;
  • datos del representante legal de la empresa;
  • número de expediente asignado por la autoridad laboral;
  • especificación de las medidas a adoptar;
  • la fecha de inicio del ERTE junto con el porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual en caso de reducción de la jornada;
  • una declaración responsable y la información complementaria que determine, en su caso, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Fecha de efecto de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE por fuerza mayor o ETOP

Se regula también la fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor, que será la del hecho causante de la misma.

En cambio, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo por la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas ETOP, será en la que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión que haya adoptado.

Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas

En el artículo 4 se regula la medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas. Es decir, cuando por falta de medios la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector puede asumir la competencia para aprobar un ERTE de sus socias y socios y, además, es el que será responsable de emitir la correspondiente certificación para su tramitación.

Limitación de la duración de los ERTE por fuerza mayor aprobados por silencio administrativo

Como consecuencia de incremento de los ERTE solicitados, la Ley viene a ofrecer una solución a la tramitación que lleva a cabo la entidad gestora y las autoridades laborales, clarificando el limite temporal de las resoluciones tácitas, ante la falta de la notificación expresa por parte de la Administración que, en este caso, se entiende afirmativa (silencio positivo).

Tanto para las resoluciones expresas, como para las tácitas, la duración máxima de los ERTE derivados de las causas mencionadas, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del covid-19.

Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales e imposibilidad de extinción del contrato

La Ley 3/2021 prevé también una regulación relacionada con la contratación temporal. Como consecuencia de paralización de la actividad laboral, se permite la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos formativos, incluidos los de relevo y de interinidad. Esto quiere decir que los contratos temporales pueden llegar a alcanzar su duración máxima efectiva durante el tiempo inicialmente previsto, así como los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. En consecuencia, se suspende el contrato temporal en caso de ERTE y de los periodos de referencia equivalentes.

Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas

Con la finalidad de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos, todas las solicitudes que contengan datos falsos, incorrectos, carentes de motivo y causa que las origina, o no necesarios y sin mantener la conexión entre los despidos y la crisis sanitaria, que generen las prestaciones por desempleo indebidamente recibidas, serán sancionadas, sin perjuicio de la obligación de devolución de las prestaciones.

El plazo de obligación de devolución es el plazo de prescripción de las infracciones del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (según el articulo 4 de la LISOS, “las infracciones en materia de Seguridad Social prescribirán a los cuatro años, contados desde la fecha de la infracción”).

No obstante, la persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.

Colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y la Inspección de Trabajo

Cuando existen indicios de fraude para la obtención de las prestaciones por desempleo, el SEPE los notifica a Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su verificación. Los ERTES pueden ser revisados de oficio por la ITSS y sancionados en caso de detectar falsificaciones.

Ampliación de la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios por parte de la AGE

Por último, la Ley modifica el Real Decreto- Ley 7/2020, de 12 de marzo, en lo relativo a la contratación más efectiva de bienes o servicios por la Administración Pública y los libramientos de fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas. Se aplicará la tramitación de emergencia a todos los contratos de las entidades públicas para la protección de las personas y otras medidas frente al covid-19.