La Comisión Europea lleva tiempo exigiendo a España una reforma del sistema público de pensiones, incluyendo “ajustes” que “moderen” el gasto en esta partida.

La Comisión ha endurecido los criterios y condiciones para que lleguen a España los 77.000 millones de ayudas no reembolsables del fondo de recuperación. Hasta ahora, la única condición de los fondos era gastarlos adecuadamente para paliar los efectos de la pandemia y las dificultades socioeconómicas derivadas.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario exigirá ahora a los países que cumplan con el paquete de recomendaciones como condición para el desembolso de los fondos. Y la reforma del sistema de pensiones público es una de estas condiciones.

En los últimos años, Bruselas ha cuestionado decisiones del Gobierno como la vinculación de las pensiones al IPC o que se haya aparcado la aplicación del factor de sostenibilidad que las vincula con la esperanza de vida y otros factores macroeconómicos.

También las pensiones fueron exigencia de algunos países en las negociaciones previas a la Cumbre Europea de julio, en las que se decidieron los fondos de reconstrucción, siempre en el mismo sentido: favorecer la privatización total o parcial del sistema público.

 

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